El expresidente de la Junta extremeña Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha asegurado que el impuesto regional a los depósitos bancarios que su gobierno promovió en 2001 -y que ha avalado el Constitucional- es mucho más eficaz que "robar carritos" en los supermercados como hace la "izquierda de salón".
Fue una lucha entre "David y Goliat" y la banca, a su juicio, utilizó al Gobierno de España, que se plegó a sus intereses con la presentación del recurso
Rodríguez Ibarra ha aseverado que seguramente ahora ningún Gobierno se atrevería a recurrir un impuesto como éste y, prueba de ello, ha recordado, es que Andalucía sacó uno similar y ni el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ni el de Mariano Rajoy han hecho nada contra él.
"Hoy todo el mundo tiene sus rencillas y sus cuitas y sus quejas respecto al sistema financiero", y es muy fácil apuntarse a la crítica a los bancos, ha subrayado, pero entonces, en plena expansión, ellos eran los buenos y los gobernantes extremeños eran "los malditos, los ignorantes, los analfabetos, los rojos peligrosos, el bellotari..."
El expresidente extremeño ha explicado que con el fin de buscar financiación para determinados programas decidieron gravar los depósitos bancarios que "históricamente", tanto los de Extremadura como los de otras regiones, se destinaban al desarrollo de otras zonas de España.
Aunque diez años después, ha añadido, el TC ha considerado que el impuesto es legal y ajustado a las competencias de Extremadura, frente a las pretensiones de Aznar y Cristóbal Montoro, que entonces también era ministro de Hacienda.
Según el expresidente extremeño, dijeron que se iban a ir todas las sucursales de Extremadura y que el impuesto iba a recaer sobre los ciudadanos, pero nada de eso se cumplió.
"La justicia poética casi siempre aparece y casi siempre tarde", ha subrayado Rodríguez Ibarra, que ha compartido el éxito de que Extremadura pueda disponer de un dinero extra que supone el 5 por ciento de su presupuesto con los funcionarios.
Ellos convirtieron la idea de su gobierno en una ley constitucional que después defendieron y ganaron ante el Tribunal Constitucional, ha apuntado.
En su opinión, los extremeños han ganado una batalla más, como ocurrió con la paralización de la Central Nuclear de Valdecaballeros o las expropiaciones de fincas.
Como no está ni en el Gobierno, ni en el Parlamento regional, ni dispone de datos, no ha querido hacer una propuesta sobre qué destino daría él a los 240 millones de euros que recibirá Extremadura y que el Ejecutivo autonómico dedicará a pagar la extra de Navidad a los funcionarios, a dependencia, a autónomos y a escuelas taller.
A su juicio, el Gobierno regional debe llevar una propuesta al Parlamento, ya que se trata de una incorporación presupuestaria.
