Entre los años 2007 y 2010 los ingresos tributarios del Estado se vieron reducidos en más de 41.140 millones de euros, lo que supone un 20,5% de la recaudación fiscal global, aún a pesar de las subidas de impuestos, el recorte de los sueldos públicos o la congelación de las pensiones. Y los datos de 2011 no parece que vayan a mejorar estas cifras, sino que mantendrán esta misma tendencia.
La causa principal de este descenso de la recaudación recae en el impuesto sobre los beneficios de las empresas: en tan sólo tres años el Impuesto de Sociedades ha visto reducida su recaudación en un 64% -28.625 millones-, lo que por sí solo supone el 70% de la caída global de la recaudación fiscal.
Aunque es evidente que la crisis económica ha producido mucho daño a las empresas, resulta muy llamativo que un impuesto directo, en teoría más fácilmente controlable, y cuya potencia recaudatoria en el conjunto de impuestos no superaba en el mejor de estos años el 23% de los ingresos globales, sea el principal responsable del desplome de la recaudación estatal.
Por otro lado, existen diversos estudios que muestran la reducción del tipo efectivo de sociedades hasta el 18%, o incluso inferior, por causa de un complejo sistema de deducciones y de la posibilidad de compensar las pérdidas de ejercicios anteriores. Se trata del nivel más bajo en los últimos diez años.
La desproporción evidente entre el desplome de la recaudación y la evolución del PIB en los últimos años saca a relucir que no existe un buen control sobre determinados elementos estructurales de nuestro sistema tributario. Es muy probable que la crisis económica esté propiciando dejar de declarar una parte de los ingresos y trasladar actividades económicas a la economía sumergida, una peligrosa deriva especialmente peligrosa si tenemos en cuenta que una vez que las actividades se vuelven opacas resulta muy difícil que vuelvan al circuito legal.
Esto supone un gran problema para que la recaudación tributaria sea estable y previsible, requisitos necesarios para conseguir controlar el déficit público, disipar las dudas sobre la solvencia de nuestro país y frenar el incremento de los costes de financiación de la deuda pública.
Carlos Cruzado,
Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)
