UGT considera que los datos de paro publicados son cantidades demasiado elevadas para sustentar el discurso optimista del Gobierno e insiste en que si no hay cambios en la política económica y laboral, la recuperación no será posible. El sindicato subraya que el 92,2% de los contratos de enero han sido de carácter temporal -un 7,8% de indefinidos-, que 9 de cada 10 empleos perdidos en 2013 fueron indefinidos y que en los dos últimos años el empleo a tiempo completo se ha reducido en 900.000, mientras que la jornada a tiempo parcial ha aumentado en 230.000. Se está apostando por la precariedad y los bajos salarios, algo que, unido a los recortes en las prestaciones por desempleo está derivando en un grave aumento del riesgo de exclusión social. Por ello reclama un plan de choque contra el desempleo, que se refuercen las redes de protección social y el consumo de las familias y empresas -a través de salarios y pensiones- y un cambio progresivo de la estructura productiva.
Más paro y menos empleo. Eso es lo que reflejan los datos del mes de enero de los Servicios Públicos de Empleo y de la Seguridad Social. Y en ambos casos en cuantía muy importante. El paro aumenta en 113.097 personas, hasta situarse en 4.814.435. Y los afiliados a la Seguridad Social se reducen en 184.030 (en términos medios del mes), cayendo hasta los 16.173.610 cotizantes ocupados.
El paro ha aumentado tanto en los hombres (42.698) como, sobre todo, en las mujeres (70.399); en los jóvenes (16.503 en los menores de 25 años) y en los mayores (96.594); en todas las Comunidades Autónomas (excepto en Baleares); y en tres de los cuatro grandes sectores: en agricultura, industria y, sobre todo, servicios (99.519), así como en el colectivo sin empleo anterior (5.377), y disminuye en la construcción (-3.486).
Es cierto que enero es el peor mes del año en términos estacionales, y que estos malos datos eran previsibles. Y también que son las cifras menos negativas en un mes de enero desde 2007. Pero las cantidades son muy elevadas y la diferencia relativa muy poca como para sustentar un discurso optimista. Al contrario, los negativos datos conocidos hoy ponen de manifiesto que no es aceptable vender humo con relación a la recuperación económica, como está haciendo el gobierno; que es preciso adoptar una actitud más realista y prudente; y, sobre todo, que, si no hay cambios en la política económica y laboral, la recuperación no será posible. Este no es el camino.
Porque no solo es que no se vislumbre un cambio nítido en la capacidad de nuestra economía para generar empleo en cuantía suficiente, como precisa un país con 4,8 millones de parados registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (y 5, 9 millones estimados por la estadística homologada internacionalmente, la EPA). Es que, además, se está produciendo una precarización del empleo incompatible con el progreso económico y social y con la mejora de la eficiencia productiva. Cada vez el empleo es de peor calidad.
En el mes de enero solo el 7,8% de los contratos ha sido de carácter indefinido, y el 92,2% temporal. Desde el año 2000, es el peor dato de un mes de enero tras el registrado precisamente en 2012.
Además 4 de cada 10 contratos indefinidos es a tiempo parcial (38.422), lo que supone una fuente adicional de subempleo. Porque hay que recordar que en nuestro país el 60% de las personas que tienen un contrato a jornada parcial preferiría uno a jornada completa. Es decir, que el tiempo parcial se conforma como una opción indeseada, no voluntaria, sino forzada por la escasez de empleo a jornada completa existente.
Los datos de contratación ofrecidos por el SEPE son congruentes con lo que refleja la EPA: 9 de cada 10 empleos perdidos en 2013 fueron indefinidos; y en los dos últimos años, el empleo a tiempo completo se ha reducido en 900.000, mientras el de jornada parcial ha crecido en 230.000. Unas cifras muy preocupantes, que constatan que se está apostando por salir de la crisis con empleo precario, de baja calidad y de bajos salarios.
Todo ello está provocando un enquistamiento del desempleo, que cada vez es más estructural. El aumento del paro de larga duración (6 de cada 10 personas en situación de desempleo llevan más de un año buscando empleo, según la EPA), unido a los recortes que ha acometido el gobierno en las prestaciones por desempleo, está derivando en un grave aumento del riesgo de exclusión social. La tasa de cobertura de las prestaciones ha descendido casi 20 puntos en los últimos 4 años. Se sitúa en el 61%. Atendiendo a los datos de la EPA, menos de la mitad de los desempleados cobran alguna prestación.
Este escenario laboral, donde la precariedad y desprotección se están extendiendo, reafirma el fracaso de la reforma laboral de 2012. Su retirada debería ser el primer paso de un cambio drástico de la política económica, para evitar que la tan esperada recuperación económica se quede en un espejismo estadístico, sin traslación al empleo y a la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo que importa.
Hasta ahora, se está configurando una vía de salida de la crisis muy frágil, inconsistente y empobrecedora. Los elementos que la están sustentando pueden generar otra salida en falso como la de 2010. Por eso es necesario cambiar las bases de nuestro futuro despegue, a través de varias líneas de actuación:
Poniendo en marcha un plan de choque contra el desempleo, con actuaciones dirigidas hacia los que tienen menos posibilidades de inserción.
Reforzando las redes de protección social, y en especial aumentando coyunturalmente las prestaciones por desempleo.
Reforzando el consumo de las familias y la inversión de las empresas, lo que pasa por aumentar el poder adquisitivo de los salarios y de las pensiones, y hacer que el crédito llegue a las pymes.
Cambiando progresivamente nuestra estructura productiva, con: más industria, en sentido amplio (industria más servicios relacionados); más I+D+i y transferencia de tecnología; un sistema energético más eficiente y accesible.
