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sábado 28/5/22
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Las mutuas de accidentes de trabajo, organizaciones sin ánimo de lucro tuteladas por el Ministerio de Empleo, tienen hasta el 31 de marzo para desprenderse de sus sociedades de prevención o se verán obligados a liquidarlas. Dichas sociedades hacen programas de prevención de riesgos laborales y reconocimientos médicos, que incluyen a más 1,6 millones de trabajadores además de gestionar los procesos, el control y reconocimiento médico relacionado en uno y otro caso con las contingencias comunes y, o, profesionales.

El grupo IDC Salud ha llegado a acuerdos en los últimos meses para adquirir la sociedad de prevención de la Fraternidad y MC Mutual, por un montante de 52 millones, por su parte la Mutua Universal pactó venderle la suya por otros 25 millones. Si compra como parece que así será la Sociedad de Prevención de Fremap estaríamos hablando de un 30% del mercado, y sin crear problemas con la Comisión Nacional de la Competencia. El Ministerio de Empleo aún debe aprobar las ventas, las cifras no son oficiales sino de fuentes de las negociaciones, según el diario El País.

Para la FSP-UGT de Madrid esta es una nueva puerta de entrada a las empresas que hacen negocio de la sanidad, fundamentalmente empresas de capital riesgo, desplazando las patronales tradicionales de la sanidad privada, asegurándoles el negocio por la vía legislativa e induciendo a los trabajadores a acudir a una empresa privada en lugar de ser atendidos por su médico del SNS. Así, les garantizan el negocio que de otra manera no tendrían. El objetivo es sacar al Estado de los servicios públicos para dar entrada al sector privado, para generar negocio.

Bajo este prisma se pretende desplazar la atención sanitaria a estas empresas haciendo que miles de trabajadores se enfrenten a problemas de altas cuando aún están enfermos, de persecución para dar de alta cuanto antes a pesar del estado de salud o, incluso, que algunas mujeres embarazadas hayan tenido problemas porque las mutuas se han negado a dar la baja durante los tres primeros meses de embarazo.

Privatizar la atención sanitaria y el control de las bajas de los trabajadores y las trabajadoras es un verdadero despropósito en cuanto a la protección de la salud. Más teniendo en cuenta que ponemos en mano de empresas capital riesgo un valor, la salud laboral, del que opinan que “ahora es muy poco rentable porque es un sector muy pequeño y atomizado” o incluso la propia Patronal de los SPA que expresan que “este es un sector con escaso margen y poco valor añadido”. En conclusión se retraen responsabilidades renunciando a una labor que ha de ser pública y objetiva, y plasma la idea del Gobierno del Partido Popular de cómo ve la sanidad y la salud laboral, como un espacio de negocio por desestimar y no como una responsabilidad de gestión hacia los trabajadores y el SNS.

Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid denunciamos los argumentos que anteponen los intereses económicos a los de los trabajadores, comprometiendo su protección social, privatizando la salud laboral y la recuperación de la salud, beneficiando a los grupos empresariales en detrimento del trabajador.

UGT denuncia que las mutuas venden las sociedades de prevención a capital privado
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