UGT denuncia que “hay empresarios que realizan estas prácticas de manera consciente, con clara intención de explotar al trabajador, defraudar al estado y realizar una competencia desleal con el resto de las empresas del sector”.
Según datos oficiales, el 46% de los trabajadores con contratos temporales cuyos contratos han sido examinados por la Inspección de Trabajo en la Comunidad de Madrid resultaron ser irregulares o directamente contratos fraudulentos.
Así se desprende de los resultados de la labor inspectora realizada durante los tres primeros meses del año en la Comunidad de Madrid sobre un total de 757 empresas de la Región y que han sido difundidos este miércoles por UGT Madrid.
Durante este periodo de tiempo la inspección de trabajo examinó los contratos de un total de 4.209 trabajadores y trabajadoras. Pues bien, de este número total 1.943 vio transformado su contrato a indefinido ante la detección de anomalías y tan sólo con el requerimiento de la inspección.
Irregularidades como son el encadenamiento de contratos, los realizados sin causa o las conversiones de indefinidos a temporales, entre otros.
Si comparamos estos preocupantes datos de fraude e irregularidad en la contratación temporal con lo ocurrido en los tres primeros meses de 2017 vemos que el porcentaje de trabajadores afectados ha aumentado en más de 18 puntos en el presente año (el 46% en 2018 frente al 27,68% del 2017), señala el sindicato en un comunicado.
Este dato significa que “el fraude y la irregularidad es una práctica ampliamente extendida en la Comunidad Autónoma y a pesar de la evidente mejoría de la situación económica de las empresas, hay un claro empeoramiento en los porcentajes de irregularidad y fraude en la contratación temporal”, avisa.
El aumento de las irregularidades y fraude en la contratación se debe -a juicio de UGT- a los cambios legislativos emprendidos desde 2010, “que han otorgado más poder a los empresarios, han debilitado el papel de los sindicatos y allanado el camino del fraude”.
UGT denuncia que “hay empresarios que realizan estas prácticas de manera consciente, con clara intención de explotar al trabajador, defraudar al estado y realizar una competencia desleal con el resto de las empresas del sector”.
Por eso, el sindicato reclama medidas eficaces para perseguir el fraude en la contratación, con sanciones administrativas y económicas suficientemente elevadas para lograr disuadir del uso de estas prácticas fraudulentas en el mercado laboral.
“En la Comunidad de Madrid se tiene que incrementar la plantilla de inspectores de trabajo, claramente insuficiente en la actualidad, hasta duplicar, al menos, su número”, advierte UGT.
