viernes. 29.03.2024
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El mercado de trabajo español es tanto o más flexible que el de la mayoría de los países de la UE, según acreditan los datos oficiales, mientras que las mayores restricciones a la competitividad y el crecimiento están del lado empresarial

El pasado jueves 13 de julio tuvo lugar, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la lectura y defensa de la Tesis Doctoral sobre Reformas laborales, competitividad y empleo (1977-2012), presentada por Antonio Gutiérrez Vegara, Secretario General de CC.OO. entre 1987 y 2000 y parlamentario adscrito al Grupo Socialista durante las dos legislaturas del gobierno Zapatero (2004-2011).

Más allá del ritual académco, al término del cual la Tesis fue evaluada como Sobresaliente Cum Laude por unanimidad de un Tribunal de prestigiosos expertos en economía, sociología y derecho, la cuestión resulta relevante tanto por el objeto de la investigación como por el autor de la misma e, incluso, por la intersección entre ambos, pues el propio Gutiérrez habría participado en muchos de los episodios que ahora analiza, contribuyendo decisivamente tanto a la renovación del sindicalismo en su doble dimensión de protesta y propuesta, como al debate político y la reflexion intelectual sobre los retos sociales y económicos de nuestro país.

Los tópicos del discurso desregulador

La Tesis de Antonio Gutiérrez pone en cuestión, en base a un sólido aparato teórico y metodológico, el paradigma sobre el que se han sustentado las más de cincuenta reformas del mercado de trabajo acumuladas desde antes incluso del Estatuto de 1980, articuladas en torno al principio recurrente que correlaciona desregulación y flexibilidad con creación de empleo, lo que la realidad desmiente reiteradamente al tiempo que pone de manifiesto sus negativas consecuencias tanto en términos de pérdida de competitividad económica como de aumento de la vulnarabilidad social.

Ignorando la anterior, cada nueva reforma se presentaba como « …la necesidad inaplazable de superar las rigideces de nuestro mercado laboral para facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo », ignorando deliberadamente que se trata de un mercado derivado de otros (productivo, financiero) cuyas  respondabilidades se omiten y que, como institución social, no puede regirse sólo por la lógica mercantil sino que debe incorporar una regulación protectora y garantista de los derechos de los trabajadores que, cada vez más, se ha ido recortando hasta casi invertir las responsabilidades de la crisis y culpar a sus víctimas.

Más allá de las declaraciones retóricas, lo que conecta transversalmente todas las reformas laborales es un esquema de competitividad vía precios y salarios que, desincentivando la inversión y el esfuerzo innovador, refuerza un patrón de crecimiento basado en activiades intensivas en mano de obra de baja cualificación y centrado en sectores de escaso valor añadido, lo que en un contexto de globalización creciente, al que acceden continuamente economías emergentes con estándares salariales y comerciales más bajos, requiere de nuevas reformas cada vez más desregulatorias para mantener una ventaja comparativa decreciente.

Al focalizar reiteradamente las hipotéticas soluciones a la crisis, el paro y la precariedad laboral en el abaratamiento del despido, la reducción de salarios y garantías del sistema de relaciones laborales, se estaría emitiendo el mensaje de que la causa del problema radicaría en los propios trabajadores y sus derechos, eximiendo de responsabilidad a una estructura empresarial que no ha completado su modernización estructural y de gestión, un modelo productivo agotado y un sistema financiero especulativo.

Sin embargo, el mercado de trabajo español es tanto o más flexible que el de la mayoría de los países de la UE, según acreditan los datos oficiales, mientras que las mayores restricciones a la competitividad y el crecimiento están del lado empresarial, como recuerda el profesor Antón Costas en un reciente articulo (El País, 09-07-17) en el que denuncia los déficits de gestión, dimensión y productividad  de nuestras empresas.

Ignorar, cuando no despreciar, esta perspectiva más equilibrada en el análisis de nuestra economía para establecer una relación casi unívoca

entre instituciones laborales, competitividad empresarial y empleo, conduce a reincidir, una y otra vez, en decretar desregulaciones de las primeras sin acometer las reformas estructurales de las segundas, con la resultante de precarizar el trabajo, recortar derechos de los trabajadores y agrandar la brecha de la desiguladad social.

Omnes feriunt, ultima necat

La investigación realizada por Gutiérrez se centra en el análisis, tan crítico como riguroso, de todo el ciclo de reformas, atendiendo tanto a su dimensión jurídica como a su contexto político, económico e institucional, con especial atención a su impacto laboral y social, utilizando como indicadores de referencia los relativos a la evolución del PIB, del empleo, el paro y la precariedad, así como los propios de las relaciones laborales (estructura y cobertura de la negociación colectiva, la devaluación salarial, EREs y despidos) y, finalmente, los que registran el aumento de la desigualdad y la pobreza laboral.

En el marco de dicha revisión el autor identifica lo que denomina cuatro oportunidades perdidas  y una experiencia positiva (aunque frustrada) que podrían haber contribuído a un cambio de modelo productivo hacia un desarrollo más sostenible y que, lamentablemente, se desaprovecharon optando por la vía de la devaluación interna del trabajo.

En el primer caso, se trata de los Pactos de la Moncloa (1977), el ingreso en la Comunidad Europea (1985), el posterior proceso de convergencia comunitaria (1995) y, finalmente, la gestión de la última gran recesión, procesos todos ellos durante los que se presentaron nuevos retos a la economia española para conquistar mayores y mejores niveles de competitividad y que, sin embargo, se saldaron con el recurso fácil a la ventaja comparativa de los menores costes laborales.

Por su parte, la experiencia positiva de los acuerdos de abril de 1997 representó el primer y hasta la fecha el último ensayo de flexibilidad positiva (combinación de adaptación continua de la fuerza de trabajo a los cambios en los procesos productivos con estabilidad en el empleo) derivada de la concertación social que, lamentablemente, no dispuso del tiempo suficiente para cambiar la inercia del mercado laboral durante los dos decenios precedentes, ni se les dió tampoco la continuidad imprescindible para generar un cambio de tendencia.

El estudio se cierra con un análisis en profundidad de la última reforma laboral, considerada como la más dura de la serie, que si bien habría fracasado en sus objetivos oficiales (creacion de empleo, flexibilidad interna, modernización de la negociación colectiva), habría servido para implementar su agenda oculta (precarización contractual, devaluación salarial, empresarización convenional y aumento de la desigualdad social), lo que justificaría sobradamente la exigencia sindical de su derogación y sustitución por un nuevo Estatuto que recupere derechos , fortalezca la negociacion colectiva y contribuya a la mejora cuantitativa y cualitativa del empleo.

Es hora, pues, de invertir la tendencia y cambiar el foco de las reformas desde el mercado de trabajo a la estructura productiva del país y la calidad de la gestion empresarial, pues abundar en un esquema de crecimiento agotado no puede defenderse como un vector de futuro ya que representa justo lo contrario, siendo un modo de cambiar algo para que lo esencial de lo viejo permanezca.

Tales son, en síntesis, las  reflexiones y propuestas derivadas de una investigación que transciende con mucho su dimensión académica y pretende contribuir al debate social sobre la posible y necesaria compatibilidad entre crecimiento económico y cohesion social, competitividad empresarial y trabajo decente y con derechos.


Salvador Perelló y Pere J. Beneyto | Profesores de Sociología en las Universidades de Valencia y Rey Juan Carlos. Co-directores de la Tesis Doctoral de Antonio Gutiérrez

La Tesis Gutiérrez: Crítica y alternativa a 40 años de reformas laborales