Los Sindicatos han entregado una carta en la sede de la Representación de la Comisión Europea en España (Paseo de la Castellana 46), en la que se reclama el fin de las políticas de austeridad.
Las políticas de austeridad y de recortes llevadas a cabo por los gobiernos europeos están provocando un notable incremento de las desigualdades sociales. Con 26,5 millones de personas en desempleo, es el momento de cambiar las políticas para que éstas sirvan para crear empleo y recuperar derechos.
La acción se enmarca dentro de la semana de movilizaciones convocadas en toda Europa por la Confederación Europea de Sindicatos y que culminará el jueves, 3 de abril, con una manifestación, a las 18:30 horas, de Cibeles a Sol.
Carta integra a la Comisión Europea
A la Comisión Europea
Las políticas de austeridad y de recortes llevadas a cabo por los diferentes gobiernos europeos, han provocado un notable incremento de las desigualdades sociales consecuencia de la pérdida de derechos civiles, laborales y de la protección social. El resultado de estas políticas son 26,5 millones de personas desempleadas de las que 6 millones son jóvenes menores de 25 años. España es el país de la OCDE, con mucha diferencia, donde más han crecido las desigualdades sociales en los últimos años.
¡Basta ya de recortes!, es hora de cambiar las políticas, reivindicamos la recuperación de la negociación colectiva, el incremento de los salarios y el refuerzo de las redes de protección social
Las autoridades europeas, de la mano de la troika -Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea- ha obligado a los países europeos, entre ellos España, a poner en marcha planes de ajuste para reducir el déficit público, contemplado de forma impasible como los especuladores llevaban la prima de riesgo de los países en dificultades a valores insoportables para sus economías.
Esta incapacidad de la Comisión Europea y del BCE fundamentalmente han servido de excusa para que el Gobierno Español, amparado en la modificación del Artículo 135 de la Constitución Española que de forma alevosa propiciaron el Partido Socialista y el Partido Popular, haya puesto en marcha reformas estructurales del mercado de trabajo, del sistema financiero, del sistema público de pensiones y al recorte y pérdida continua de derechos y prestaciones de carácter social. El fracaso de estas políticas se constata en el indecente e insoportable incremento de personas en situación de desempleo que en estos momentos en España alcanza los 6 millones, el 24% de todo el paro de la eurozona.
Las decisiones y la inanición política de la Comisión Europea han sido soporte perfecto para que el Gobierno Español diseñe y ejecute una política de recortes de derechos laborales, civiles y sociales sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. Derechos que muchas generaciones de españoles y españolas han conseguido tras décadas de reivindicación y lucha.
El Gobierno español ha destrozado la Ley de la Dependencia, ha eliminado el carácter universal de la Sanidad Pública, ha reformado de manera unilateral el sistema público de pensiones, lo que provocará una pérdida del poder adquisitivo de la pensiones de entre un 14 y un 29% en los próximos 9 años, ha modificado la Ley de Bases de Régimen Local para destruir el municipalismo, ha aprobado un reforma educativa partidista, adoctrinadora, segregadora y que anula la participación de la comunidad educativa.
Pero además el Gobierno Español pretende silenciar las críticas y protestas democráticas de la ciudadanía ante estas políticas y para ello ha aprobado un Anteproyecto de Ley “para la protección de la seguridad ciudadana” que constituye el mayor atentado contra los derechos y libertades ciudadanas en los últimos 35 años de la historia de la democracia.
Este ataque a los derechos de expresión y manifestación se constata con la acusación del Ministerio Fiscal español contra ocho sindicalistas, en la que se solicita pena de prisión de ocho años y tres meses para cada uno de ellos, un total de sesenta y seis años de prisión, además de una fianza de 31.059.52 € de la que los acusados han de responder conjunta y solidariamente, por su participación en una concentración en la puerta de la empresa EADS CASA AIRBUS como expresión pública de su adhesión a la huelga general convocada por CCOO y UGT en 2010 contra la Reforma Laboral y la congelación de las pensiones.
Estas políticas basadas en los recortes y la austeridad han golpeado doblemente a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid, golpeada además por las políticas de corte ultra liberal del Gobierno Regional. Unas políticas basadas en el desmantelamiento de la industria, en la especulación de suelo urbano y una política fiscal favorecedora de los intereses de las rentas más altas.
Sus consecuencias han sido devastadoras, provocando la destrucción de casi 400.000 puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid, elevando a 690.900 el número de personas desempleadas, de las que 433.000 son de larga duración y 400.000 (55%) no tiene ningún tipo de prestación o ayuda. Esto supone que en la Comunidad de Madrid, en base a los parámetros recogidos en la Estrategia Europea 2020, 1.325.000 personas (20,40%) están en riesgo de pobreza o exclusión social. Unas políticas que se han cebado en el empleo juvenil, 115.770 jóvenes menores de 25 años, el 51,09 %, se encuentran en situación de desempleo.
El 63% de los hogares tienen dificultades importantes para llegar a fin de mes, lo que refleja que la sociedad madrileña es cada vez más vulnerable y está expuesta a situaciones de mayor riesgo social. Las personas mayores se convierten en el principal sostén de familias en crisis, conformando hogares reconstituidos en los que la pensión es el único ingreso. Más de 115.000 pensionistas mayores de 65 años viven bajo el umbral de la pobreza en la Comunidad, teniendo que asumir en muchos casos, las cargas económicas y sociales de sus descendientes y familiares.
¡Basta ya de recortes!, es hora de cambiar las políticas, reivindicamos la recuperación de la negociación colectiva, el incremento de los salarios y el refuerzo de las redes de protección social, sobre todos las destinadas a las personas más desfavorecidas. Apoyamos la iniciativa de la Confederación Europea de Sindicatos de demandar a las autoridades europeas y a los gobiernos nacionales un Plan de Inversiones urgente que fomente la industrialización, la educación, la formación, la I+D+i, los servicios públicos de calidad, etc., para lo que se propone un objetivo de inversión del 2% del PIB europeo durante los próximos diez años, que posibilite un crecimiento económico sostenible y la creación de 11 millones de puestos de trabajo
Exigimos políticas en la UE que pongan el empleo en el centro de sus objetivos y un nuevo Contrato Social que garantice los derechos laborales, sociales y civiles que han sido la seña de identidad de Europa en el último siglo".
