Según los últimos datos oficiales de la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (IIPP), a lo largo del 2017 se notificaron por los centros penitenciarios 995 accidentes laborales, en los que resultaron accidentados 1.269 trabajadores penitenciarios, de los cuales 493 son trabajadores agredidos en acto de servicio, por trabajar en contacto directo con la población reclusa.
“La falta de recursos en las prisiones españolas, la progresiva precarización de sus condiciones laborales y la ausencia de políticas de prevención, son las causas principales del aumento de la siniestralidad laboral en las prisiones”, denuncia CCOO.
El medio laboral penitenciario genera riesgos laborales múltiples (de seguridad, biológicos, psicosociales, acoso laboral y el más grave la epidemia de las agresiones).
Los datos que se registran de las agresiones en el trabajo “son preocupantes”, un 71,85% de incremento entre los años 2008 y 2017, subraya el sindicato. La Administración Penitenciaria sigue sin negociar un Plan de prevención y sin cumplir la normativa nacional y convenios internacionales en prevención de riesgos laborales, lo que es su responsabilidad, ya que la Administración es la garante de la Ley.
“La Administración Penitenciaria se esfuerza en ocultar las estadísticas de las agresiones, contabilizando incidentes y no trabajadores agredidos. Para acallar las voces del Congreso, que en el año 2016 exigían proteger la salud laboral de este colectivo, la Administración Penitenciaria creó un Protocolo para actuar cuando el daño ya está hecho, no para prevenir que éste ocurra”.
Este Protocolo de actuación (PEAFA) deja fuera la inmensa mayoría de las lesiones que suceden en el medio penitenciario, ya que sólo se investigan los daños físicos constatables mediante parte médico en los que exista voluntariedad de agredir por parte del interno, terminando la Administración catalogando la mayoría como accidentes leves, denuncia CCOO.
