Los datos del mes de septiembre ratifican un mes más lo que era conocido: continúa la brutal caída de prestaciones y, pasados los seis primeros meses, el Acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo (PAE) se confirma como un auténtico timo.
En diciembre del año pasado, con gran despliegue propagandístico, se firmó el Acuerdo entre Gobierno y sindicatos para que 450 mil personas se beneficiaran de una ayuda durante seis meses. Esta ayuda estaría vigente durante quince meses, desde el 15 de enero de 2015 hasta el 15 de abril de 2016.
Las previsiones expresadas por la Ministra Báñez en el Senado era que iba a haber “un stock a fecha de inicio del programa de entre 270 000 y 300 000 personas y un flujo en los meses posteriores, hasta su finalización, de entre 130.000 y 150.000 personas”. Es decir, un flujo mensual medio de 10.000 beneficiarios y un objetivo final marcado entre 400 y 450 mil.
En la siguiente tabla aparece el desglose de la Previsiones y los Resultados en los ocho primeros meses:
PREVISION Y BENEFICIARIOS DEL PAE ENTRE FEBRERO Y SEPTIEMBRE
Procedimiento: El stock de inicio se ha calculado aplicando el porcentaje de febrero y marzo sobre la suma de ambos meses en la realidad. Las altas iniciales es el resultado de dividir la previsión media del flujo de beneficiarios entre los quince meses de duración del programa.
Como se puede apreciar, no ha habido más que un 15% de los beneficiarios previstos. En el mes de agosto, las estadísticas de prestaciones aparecen con un mes de retraso, se ha notado que los que se anotaron en la segunda quincena de enero, ya están fuera del programa al transcurrir los seis meses de duración. Ha habido, por lo tanto, una disminución de 7.604 beneficiarios. En septiembre el descenso será mayor y probablemente el número de beneficiarios esté por debajo de los 30.000 porque el stock a fecha de inicio ya habrá agotado esta ayuda.
El resultado es un incumplimiento manifiesto del Acuerdo firmado en diciembre. Donde debería haber 1.934.000 mensualidades abonadas, solamente hubo 295.982 mensualidades.
El fracaso del Plan de activación es un hecho constatado tanto desde su inicio como cada segundo día hábil de cada mes cuando se publican las estadísticas de empleo. Pero además de su fracaso, es un programa con el que el PP se ha ensañado de forma especial, y con sus perceptores de manera particular. En ningún momento el gobierno, particularmente la dirección del SEPE que es quien debe desarrollarla, ha dado muestras de interés por que se alcanzasen los objetivos comprometidos por Rajoy. Hay una retahíla de actuaciones que así lo demuestran.
Empezaron considerando que el programa (PRODI, PREPARA o 3ª RAI) por el que se accedía debía ser la última prestación. Los sindicatos tuvieron que denunciar esta interpretación y la Abogacía del Estado dio la razón a los sindicatos.
La siguiente que están haciendo es más sibilina, pero no menos torticera. Una persona parada y sin ingresos solicita en noviembre la ayuda de alquiler de la Renta de Integración Social de Galicia (RISGA). En febrero, sin noticias de la RISGA, se incorpora al Programa de Activación por lo que solicita la ayuda en marzo y cobra su primera prestación el 10 de abril. El día once comunica a la asistente social de su ayuntamiento que ha cobrado el PAE. Esta se lo comunica a la Xunta de Galicia. Días después le llega la notificación de aprobación de la RISGA como ayuda para alquiler, 180 euros. Poco después le llega el abono de tres mensualidades. En junio el SEPE le extingue el PAE por percibir la RISGA y la Xunta le extingue la RISGA por percibir el PAE. Le reclaman más de 1.500 euros.
El PAE se declaró incompatible con cualquier ingreso proveniente de las rentas sociales de las comunidades autónomas. Esta incompatibilidad se produce en los dos sentidos y las rentas sociales en su inmensa mayoría también son incompatibles con cualquier prestación por desempleo, incluida esta. Desde el Ministerio de Empleo se ha estado presionando para que todas las comunidades incluyeran las rentas básicas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. La inclusión de dichas rentas le permite al SEPE consultar si una persona parada está cobrando una renta y denegar la solicitud o, si se le reconoce después de aprobarla, extinguir el PAE.
Las prestaciones que reconoce el SEPE también están incluidas en dicho Registro. ¿Todas? No. La única que no está en el Registro es la única que es incompatible. Los beneficiarios del PAE no están incluidos. Y ello tiene efectos perversos.
Las comunidades aprueban expedientes de rentas sociales con bastante retraso, entre tres y nueve meses después de su solicitud. Comprueban si esa persona está percibiendo alguna prestación, ven en el Registro que no y se le aprueba. Es más que probable que haya coincidido con alguien que estuviera en el PAE, como en el caso anterior. ¿Qué ocurre entonces? El SEPE conoce, porque cruza sus datos con el Registro, que a un beneficiario se le ha aprobado RISGA como ayuda al alquiler (180 euros al mes) y desde la fecha de efectos de esa aprobación, considera que la persona parada deja de tener derecho al PAE por lo que se lo extingue y le reclama las cantidades percibidas indebidamente. La comunidad, por su parte, conoce el asunto y también le extingue la ayuda al alquiler y le requiere la devolución de lo percibido.
Cuando un Organismo incluye a todas sus prestaciones en un registro menos una, no es algo “casual”. Si, además, la no incluida es incompatible con otras, se erige en árbitro de cuál es la que resultará incompatible. Todo expediente que se apruebe a alguien percibiendo el PAE servirá para extinguir su prestación. Es lo que busca.
El SEPE ha conseguido un beneficiario menos gracias a incumplir su obligación de incluir a los beneficiarios del PAE en el Registro. Se ahorra 2.556 euros. Es lo que le importa. Que la persona parada no tenga ingresos, le da igual.
En el BOE del día 30 de septiembre se publicó la distribución territorial de los fondos destinados a garantizar que todo beneficiario del Programa de Activación para el Empleo disponga de un tutor que elaborará el itinerario individual y personalizado de empleo, realizará el seguimiento de dicho itinerario, controlará las obligaciones adquiridas por el beneficiario en el compromiso de actividad y propondrá las medidas de activación necesarias para posibilitar la inserción laboral del trabajador en los términos previstos en el artículo 6 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre.
Resulta, volviendo a la tabla anterior, que cuando han abandonado el programa el 70% de los beneficiarios previstos, se distribuyen los fondos para sus itinerarios de inserción. Es una muestra más del desprecio que se muestra desde el Gobierno tanto hacia los beneficiarios de este programa como hacia quienes firmaron el acuerdo.
El diccionario de la Real Academia Española define timar como “engañar a alguien con promesas o esperanzas”. Este gobierno ha timado a los agentes sociales haciéndoles creer que iba a haber casi medio millón de personas paradas de larga duración, con cargas familiares y sin prestaciones que, al menos, durante seis meses iban a percibir un subsidio. También ha timado a las personas paradas que creyeron en algún momento que durante seis meses tendrían un pequeño alivio en sus hogares con esta ayuda.
Es el Gobierno quien puso sobre la mesa los datos que llevaron a poder cuantificar el medio millón de beneficiarios. Es el mismo Gobierno que no incluyó el PAE en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. También es quien acaba de repartir los fondos para la contratación de los orientadores cuando ya están fuera el 70% de los beneficiarios o quien ha “interpretado” que el programa por el que se accedía debía ser la última prestación percibida. La finalidad del gobierno ha sido cambiar su cara de recortes de prestaciones por una algo más amable. Para ganar esa credibilidad ha utilizado a los sindicatos. Los ha engañado buscando un rédito electoral.
Cuando es obvio que las esperanzas (450.000 beneficiarios) se han esfumado, lo único que queda es la denuncia del engaño. Es el momento en que los sindicatos denuncien formalmente el Acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales sobre el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo. Que lo denuncien ante toda la sociedad y ante quien lo firmaron. Es preciso dejar sentado que quien les tima, tiene que pagar un precio alto por ello. Si el objetivo era un cambio de cara, los sindicatos deben quitarle la careta y dejar su rostro al descubierto.
