Desde la reforma laboral de Rajoy se han producido más de 6.000 descuelgues de convenios colectivos
CCOO cree necesario un nuevo marco regulador de la negociación colectiva que recupere y garantice el poder colectivo de los trabajadores a través de sus representantes, los sindicatos.
Las reformas laborales puestas en marcha entre 2010 y 2012 han tenido un grave impacto en la negociación colectiva al reforzar, aún más, el poder empresarial
Entre las propuestas que CCOO trasladará a las formaciones políticas ante las elecciones generales del 20D para su aplicación en la próxima legislatura, destaca la necesidad urgente de fortalecer la negociación colectiva, procediendo a la derogación de las reformas laborales puestas en marcha entre 2010 y 2012. CCOO destaca que con dichas reformas la inaplicación de convenios colectivos, la preferencia aplicativa del de empresa y la pérdida de la ultra actividad han debilitado el poder de los sindicatos e individualizado las relaciones laborales.
Así, desde la entrada en vigor del RDL 3/2012 se han triplicado el número de nuevos convenios de empresa, la mayoría de ellos en pymes y microempresas; se han producido más de 6.000 descuelgues de convenios colectivos y han decaído por finalización efectiva del periodo de ultra actividad importantes convenios sectoriales.
CCOO cree necesario, por tanto, un nuevo marco regulador de la negociación colectiva que recupere y garantice el poder colectivo de los trabajadores/as a través de sus representantes, los sindicatos, y que contenga, entre otras, las siguientes propuestas: garantizar la capacidad real de las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales para establecer convenios o acuerdos colectivos sectoriales de ámbito estatal o autonómico; garantizar de forma real y efectiva la fuerza vinculante de los convenios colectivos; regular el papel de complementariedad de los convenios de empresa en el marco de los convenios de sector; fijar el convenio colectivo como instrumento básico de negociación, por lo que no puede perder su vigencia si no es sustituido por otro o por laudo arbitral; impulsar planes de igualdad en las empresas de más de 50 trabajadores/as y medidas de igualdad en las de menos; fortalecer las herramientas de solución autónoma de los conflictos laborales; y potenciar y garantizar la fuerza vinculante de negociación colectiva en el sector público y en todas las administraciones que lo componen.