jueves 17.10.2019
INICIATIVA PARLAMENTARIA

El PSOE lleva al Congreso la criminalización de los sindicatos

El Grupo Socialista lleva al pleno del Congreso una inicitiva en la que insta al Ejecutivo a garantizar el derecho constitucional de huelga. 

Que no sea un “vaciado” de contenido, por la actuación concertada de los ministerios del Interior y de Justicia, “privando de un instrumento legítimo y necesario en defensa de sus intereses”

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de una proposición no de ley, ha exigido al Gobierno que garantice el derecho de huelga de los trabajadores, consagrado constitucionalmente, y que no sea “vaciado” de contenido, por la actuación concertada de los ministerios del Interior y de Justicia, “privando de un instrumento legítimo y necesario en defensa de sus intereses”.

Asimismo, la iniciativa de los socialistas, que será debatida por el Pleno de la Cámara, reclama la paralización de las reformas del Gobierno, orientadas a la criminalización de las organizaciones sindicales y a la desarticulación de la negociación colectiva. “Desconoce, con ello, la función que la Constitución les atribuye en defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”.

Además, pide al Gobierno a que emplace a la Fiscalía General del Estado a llevar a cabo una actuación decidida e inequívoca en defensa del ejercicio del derecho de huelga y ajustada a la interpretación que de este derecho ha realizado el Tribunal Constitucional. “La situación actual evidencia que la Fiscalía mantiene posiciones claramente restrictivas del ejercicio del derecho e incluso pide la aplicación sistemática del apartado 3 del artículo 135 del Código Penal”. Artículo para el que demanda su derogación en la reforma que está en tramitación parlamentaria.

“La situación actual evidencia que la Fiscalía mantiene posiciones claramente restrictivas del ejercicio del derecho e incluso pide la aplicación sistemática del apartado 3 del artículo 135 del Código Penal”

En la exposición de motivos, se afirma que, con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partico Popular, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y, especialmente, de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno. “Si en el inicio fue atacar a los trabajadores con una reforma laboral que eliminaba sus derechos y que prácticamente excluía la negociación colectiva, no ha parecido suficiente y ha continuado con un ataque directo a todas las medidas que exterioricen el conflicto”. Y cita la legislación en vigor, como la ley de seguridad ciudadana y el artículo 315.3 en el corto plazo y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixien la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales hacia las políticas del Gobierno.

La proposición no de ley se refiere a los incrementos en las sanciones por el ejercicio del derecho de manifestación y “mucho más grave” el incremento de las condenas a pena privativa de libertad utilizando a la Fiscalía. “Los atestados de las Fuerzas de Seguridad o los escritos de acusación de las Fiscalía presentan sospechosas notas en común, al considerar las actuaciones como preconcertadas”. Un elemento esencial para que sea de aplicación la forma agravada de coacciones, prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas. Añade que en la mayoría de los casos, los hechos no pueden ser entendidos como violentos o coactivos y, por tanto, como un riesgo cierto para la integridad de las personas, los bienes o instalaciones donde se desarrollan.

Considera la iniciativa que con esta aplicación de la ley se estaría tratando de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y su libertad sindical. “Todas estas actuaciones no se ajustan ni a las previsiones de nuestro sistema constitucional ni a las obligaciones de España como signataria de los distintos textos nacidos en la OIT”.

El PSOE lleva al Congreso la criminalización de los sindicatos
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