Carlos Rivas y Serafín Rodríguez no tendrán que ingresar en prisión tras ser condenados por un delito ‘contra los derechos de los trabajadores’. Su condena ha sido conmutada a petición de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con sendos reales decretos que fueron aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros y publicados este lunes en el BOE.
Se trata de los dos primeros indultos a sindicalistas del Gobierno de Pedro Sánchez. En este caso se trata de un indulto parcial. “Atendiendo a las circunstancias del condenado y de acuerdo a la información que obra en el citado expediente, concurren razones de justicia y equidad”, señala el real decreto, para conmutar la pena de prisión por una sanción económica a razón de 6 euros al día a lo largo de 18 meses. Todo un “alivio” para estos trabajadores que llevan 6 años esperando este indulto.
Los dos sindicalistas, del sector de transporte de Vigo, participaron en un piquete de huelga en 2008. En aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, cuya derogación llevan tiempo reclamando los sindicatos, Carlos (afiliado de UGT) y Serafín (afiliado de CIG), fueron condenados en mayo 2011 por el juzgado de lo Penal número 1 de Vigo a tres años de cárcel y a una multa de 5 euros diarios durante 12 meses. La condena fue ratificada en diciembre de 2012 por la Audiencia Provincial. Un año después formularon su petición de indulto que fue denegado por el entonces gobierno de Rajoy.
A las protestas ciudadanas en solidaridad con estos sindicalistas y la recogida de firmas siguieron las declaraciones institucionales en el Ayuntamiento de Vigo, la Diputación Provincial y hasta el Parlamento de Galicia. Curiosamente todas estas declaraciones fueron aprobadas por unanimidad, incluido el PP de Alberto Núñez Feijoó. Sin embargo, en Madrid, el Gobierno se mantuvo en sus trece pese a recibir una nueva petición de indulto, en enero de 2014, que dejó guardada en un cajón hasta el día de hoy.
Serafín Rodríguez y Carlos Rivas
Con el cambio de gobierno en junio pasado tras la moción de censura a Rajoy, el trámite empezó a agilizarse. En noviembre de 2018, UGT, CCOO y CIG plantearon de nuevo el caso a los recién nombrados por el Gobierno socialista, delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, y a la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba. Clave fue también la implicación de Gonzalo Caballero, secretario general del Partido Socialista de Galicia, para que se concedieran estos indultos.
En los últimos años se ha llegado a procesar a alrededor de 300 sindicalistas, principalmente en el periodo de gobierno del PP y tras la aprobación de la reforma laboral de 2012. La mayoría han sido condenados por un delito de coacciones que ya está tipificado en términos generales en el artículo 172 del Código Penal. Sin embargo, el artículo 315.3 especifica la sanción contra al derecho de huelga y el mismo ha sido aplicado a decenas de trabajadores.
El PP reformó el Código Penal en 2015 pero en lugar de derogar este artículo solo se limitó a rebajar las penas que en muchos casos obligaban al ingreso en prisión. En otros procesos se ha producido la absolución, como con ‘los 8 de Airbus’ (por falta de pruebas), o el caso del portavoz del comité de empresa de Coca Cola, Juan Carlos Asenjo.
El presidente del Gobierno se comprometió a derogar este artículo así como parte de la conocida como ‘ley mordaza’ que criminaliza la protesta y la libertad de expresión.
