viernes. 29.03.2024
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El gasto en prestaciones por desempleo en los tres últimos años se va a reducir en cerca de 1.700 millones de euros en la Comunidad de Madrid

En el primer trimestre de 2016, el Servicio Público de Empleo (SEPE), registraba 458.434 personas desempleadas en la Comunidad de Madrid y 569.400 la EPA.

En esa misma fecha las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo eran 204.436 con una tasa de protección por desempleo – personas desempleadas que cobran algún tipo de prestación -, que solo llegaba al 47,3% cuando en 2009 era del 69%, pero que caería hasta el 34% si tomáramos como referencia el paro de la EPA. Es decir, que desde 2009, cuando había 270.973 beneficiarias, la tasa de cobertura se ha reducido en 22 puntos y a pesar de que en la Comunidad de Madrid la tasa de paro es cuatro puntos menor que la media nacional, la cobertura es siete puntos inferior.

Podría pensarse que esta bajada se debe al descenso del paro que se está produciendo en los últimos meses o porque la incipiente recuperación económica esté creando empleo, pero nada más lejos de la realidad; basta constatar que en marzo hay 66.537 personas desempleadas menos con protección que en marzo de 2009, pero las personas desempleadas registradas han aumentado en 55.761, por tanto, el paro aumenta un 13%, mientras que las personas con prestaciones disminuyen un 24%.

El factor fundamental de la caída en la tasa de protección se debe a que los efectos de la crisis y las reformas laborales impuestas en 2010 y 2012 por sendos gobiernos del PSOE y PP, han llevado a una destrucción de empleo sin precedentes, aumento del paro, especialmente de larga duración, los contratos precarios que no dan derecho a desempleo, se han debilitado los mecanismos de protección social a causa de la política de recortes y con ello, las personas que agotan o pierden las prestaciones por desempleo (90.000 menos en los dos últimos años).

En 2009 estaban excluidas el 25%, en la actualidad se eleva hasta el 55,4%, lo que significa que más de 275.000 demandantes de empleo no tienen ninguna prestación, contribuyendo al incremento de los trabajadores pobres y a la exclusión, no solo laboral sino también social.

Pero la menor protección no solo se debe a que sean cada vez menos las personas con prestaciones, sino que también empeora la calidad de las mismas, ya que cada vez tienen menos peso las prestaciones contributivas -que son las de mayor cuantía– y ganan presencia las prestaciones asistenciales de 426 euros. En marzo de 2009, ocho de cada diez personas desempleadas percibían prestación contributiva, y ahora la reciben cinco de cada diez.

Las razones fundamentales del cambio son dos: el aumento constante del paro de muy larga duración – más de dos años -, plazo máximo a partir del cual se agota la prestación contributiva y se empieza a cobrar la asistencial siempre que se tenga derecho; la segunda, la precariedad creciente de las contrataciones y la corta duración de las mismas que impide el derecho a prestación contributiva a un número cada vez mayor de personas desempleadas.

A esta situación hay que añadir la política de recortes a las prestaciones por desempleo que introdujo el gobierno del PP con la reforma de 2012, y que contribuyó a empeorar el sistema de protección por desempleo en nuestra comunidad al igual que en el resto del estado. Con el RDL 20/2012, se redujo la cuantía de la prestación contributiva al pasar del 60% al 50% de la base reguladora a partir del sexto mes. Tal es así, que la cuantía mensual de la protección contributiva se ha reducido 42 euros/mes en los cuatro últimos años (ahora es de 845 euros mes). También se penalizó el subsidio para mayores de 52 años que pasa a 55 y con criterios mucho más restrictivos.

Otro paso más que nos ha llevado, no solo, a la reducción de la cuantía media de la prestación contributiva, sino también de las personas con derecho a este subsidio. Menos personas protegidas, con una prestación menor y de peor calidad, se traslada de forma inevitable a un ahorro del gasto en protección por desempleo.

La consecuencia, por tanto, de las sucesivas reformas que han venido acompañadas de la decisión política de recortar los gastos en desempleo en los Presupuestos Generales del Estado, ha tenido como resultado expulsar de la cobertura a cientos de miles de personas y bajar la cuantía de la prestación.

Tal es así, que el gasto en prestaciones por desempleo en los tres últimos años se va a reducir en cerca de 1.700 millones de euros en la Comunidad de Madrid, un 31% menos que lo destinado en 2013, dinero que se detrae del presupuesto para la protección las personas desempleadas y se dedica a financiar rebajas de impuestos a las clases más pudientes, reducción del déficit público u otras partidas que consideren necesarias para el ajuste  presupuestario.

Cantidad suficiente que hubieran permitido, en una época donde la pobreza se cronifica, ampliar la cobertura al desempleo y llegar con la protección asistencial a más de 660.000 personas en los últimos tres años.

Hay recursos y es posible establecer medidas que amplíen la protección social al desempleo para llegar a las más de 365.000 personas desempleadas en la Comunidad de Madrid que no tienen ningún tipo de protección. Compromiso inaplazable y obligado que deben adquirir los partidos políticos, para llevar a cabo de manera urgente en los próximos meses.


M. Cruz Elvira | Secretaria Políticas de Empleo CCOO Madrid

Prestaciones por desempleo en Madrid: menor protección, mayor exclusión social