Un programa en el que participaban más de 3.100 reclusos en 2012 y que "se ha convertido en algunos casos en un negocio lucrativo" -5 millones de beneficio y 162 millones de venta ese año-, según denuncia IU-ICV
El grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso reclamará este martes a la Comisión parlamentaria de Interior que inste al Gobierno a prohibir que empresas que han practicado despidos o incluso expedientes de regulación de empleo (ERE) puedan contratar a presos, argumentando que muchas empresas están usando esta posibilidad como vía para abaratar costes.
En una proposición no de ley, la coalición analiza los efectos que están teniendo los convenios entre empresas privadas e Instituciones Penitenciarias en materia de política de reinserción laboral y acceso al mercado laboral.
Un programa en el que participaban más de 3.100 reclusos en 2012 y que "se ha convertido en algunos casos en un negocio lucrativo" -5 millones de beneficio y 162 millones de venta ese año-, según denuncia IU-ICV, ya que "trabajar con prisioneros ahorra costes y de ello se benefician las empresas que han acometido despidos recientemente".
Como ejemplo, el grupo parlamentario menciona el caso de la multinacional de piezas para autolavados de vehículos Istobal que, según asegura, tiene a catorce internos de la Prisión de Picassent montando complementos (alfombrillas, aspiradores o pequeñas máquinas) de 9 a 13.30 horas de lunes a viernes y algunos sábados por entre 300 y 350 euros mensuales (unos tres euros por hora).
De esta manera, la empresa se ahorra la luz, el agua el teléfono "e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren por cuenta de la Administración", a pesar de que en 2013 ejecutó un ERE a 27 trabajadores tras haber despedido a otro medio centenar dos años antes.
"Según la empresa, gracias a esta medida se ha vuelto a ser competitivo y rentable, y no se ha cerrado la línea de producción, lo que hubiera supuesto una pérdida superior de puestos de trabajo. Y desmiente, al tiempo, el salario que se aporta a los presos, indicando que es más del doble de los tres euros", precisa la Izquierda Plural.
No se trata de la única empresa que ha despedido trabajadores antes de firmar un convenio con Instituciones Penitenciarias. Así, entre 50 y 60 trabajadores de la multinacional alemana Merak, con factoría en Getafe, trabajan cada día con los presos de Ocaña I y II (Toledo) en el ensamblaje de aparatos de aire acondicionado para trenes, a pesar de que dicha empresa despidió en 2009 a 73 de sus 450 trabajadores en España.
Por todo ello, IU-ICV-CHA exige al Ejecutivo 'popular' que "adopte las medidas oportunas para que las empresas que hayan presentado y ejecutado expedientes de regulación de empleo y/o despedido a trabajadores no puedan alcanzar un convenio con Instituciones Penitenciarias de forma que ni puedan utilizar infraestructuras penitenciarias ni a internos para el desarrollo de su actividad productiva".
