lunes 10/8/20
RESPONSABLE DEL ERE DE TELEMADRID

El presidente de RTVE se enfrenta a una nueva querella

CCOO amplía la querella contra el exdirector de Telemadrid José Antonio Sánchez por un delito de falsedad.

José Antonio Sánchez junto a Esperanza Aguirre en una foto de archivo.
José Antonio Sánchez junto a Esperanza Aguirre en una foto de archivo.

El entonces director general de Telemadrid era por aquel tiempo alto directivo de Telefónica 

En abril de 2013, un juzgado de Pozuelo de Alarcón admitió a trámite la querella presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO contra José Antonio Sánchez, entonces director general de la radiotelevisión pública madrileña, quien en octubre de 2014 fue promocionado por la mayoría parlamentaria del PP a la Presidencia de RTVE. En su etapa al frente de Telemadrid, se despidió a más de ochocientos trabajadores en un proceso que fue calificado por el Tribunal Supremo como “no ajustado a derecho”.

La querella, que ahora se sustancia en un juzgado de Madrid, ya incluía los delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y delito societario.

En la querella presentada por CCOO se denunciaba la ilegalidad del procedimiento que la dirección de Telemadrid puso en marcha con empresas contratistas para realizar los cometidos del personal despedido en el ERE, mediante la ocupación del centro y la sustitución de los puestos de trabajo con personal ajeno a la empresa en los días inmediatos a este despido masivo. “Además del proceso lleno de irregularidades, se ocasionó un importante gasto, a todas luces innecesario, pues el ERE permitía dosificar los despidos en un plazo de hasta tres meses”, señala el sindicato.

Un expediente de regulación "altamente sospechoso"

Conocido ahora el expediente de adjudicación de aquel proceso, “largamente ocultado por Telemadrid”, denuncia CCOO, “se pone aún más de manifiesto que esta subcontratación de servicios se habría hecho, presuntamente, como un medio para asegurar la clandestinidad del procedimiento; que se habría producido vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público; menoscabando los controles previos internos y externos; produciendo un perjuicio económico a la empresa, que se financia con fondos públicos y haciendo inviable el ejercicio efectivo del derecho de huelga de su plantilla”. El mencionado expediente de adjudicación, entregado ahora para satisfacer la orden de la Audiencia Provincial es para CCOO “altamente sospechoso y se propone su investigación por entender que habría sido fabricado o alterado con posterioridad a la querella presentada por el sindicato”.

Para no incurrir en las irregularidades que denunció CCOO, la dirección de Telemadrid precisaba demostrar que dicho procedimiento no se inició antes de la finalización del proceso de negociación del ERE ni después de que los operarios de TBS, empresa filial de Telefónica, ocuparan los puestos de trabajo de los despedidos, esto es, cinco días hábiles. Como nota al margen, hay que reseñar que el director general de Telemadrid, José Antonio Sánchez, era por aquel tiempo alto directivo de Telefónica en situación de excedencia, lo que ha llevado a este sindicato a pedir su imputación por tráfico de influencias y delito societario.

Es decir, en ese breve plazo se habría sustanciado todo el procedimiento de contratación de un servicio tan complejo: informes, redacción de los pliegos, solicitud de ofertas, estudio del servicio y preparación de aquéllas por las empresas, recepción y valoración de las mismas, revisión de la documentación administrativa, aprobación y disposición del gasto, propuesta de adjudicación, adjudicación definitiva, redacción del contrato, firma… y todo ello en pleno proceso de despidos masivos y convulsión interna en la empresa.

Aquel contrato de servicios se planteó por una vía extraordinaria de urgencia que en absoluto se justificaba y se hizo por un periodo máximo de dos meses sin prorroga por un montante de 580.000 euros, algo menos del máximo de 600.000 que hubiera obligado a pasar por el Consejo de Administración, según las normas internas de Telemadrid. Sin embargo, el tiempo dio la razón a quienes conociendo la complejidad de tal proceso pensaban que el plazo de dos meses de provisionalidad para la adjudicación definitiva era sorprendentemente corto. Finalmente el contrato se mantuvo durante seis meses y alcanzó la cuantía de 1.642.301 euros sin que fuese inicialmente fiscalizado por el Consejo de Administración, lo que señala que el plazo previsto de dos meses “fue una burda artimaña para enmascarar el verdadero alcance del negocio y burlar los controles internos y externos”.

Para CCOO, esta prolongación ilícita del plazo de duración inicial del contrato acredita la nulidad radical del expediente por vulneraciones graves e insalvables como son, además, la vulneración de los principios esenciales de publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, mediante la utilización fraudulenta del procedimiento de adjudicación de extrema urgencia; la obligada abstención para actuar como órgano de contratación que el director general de Telemadrid, como directivo de Telefónica en excedencia debió asumir y no hizo; la ausencia de documentos necesarios y la falta de la firma y, por tanto, de autor o responsable conocido en varios documentos esenciales e imprescindibles, algo insólito e inaceptable en una entidad del sector público, financiada con dinero público y cuyo máximo responsable es un alto cargo de la Comunidad de Madrid”.

Por ello, CCOO ha pedido que se identifique a la persona firmante del escrito dirigido al juzgado en el que se aporta la documentación requerida por la Audiencia Provincial que aparece bajo el nombre de “Asesoría Jurídica”. A fin de ser llamado a declarar en calidad de imputado por un delito de falsedad y malversación por el cúmulo de irregularidades señaladas.

Otros posibles imputados

Igualmente se ha reclamado que se identifiquen y sean llamadas a declarar, también en calidad de imputados por un delito de falsedad documental, entre otros, los firmantes de la Memoria Técnica y de la Memoria Jurídica sobre la contratación de los servicios para la emisión inmediata de la señal de Telemadrid y La Otra, o a varios directivos de su Órgano Gestor y del Comité de Compras e Inversiones, entre los que se encontraba entonces el actual director general de RTVM, Ángel Martín Vizcaíno, persona que además se baraja como posible director general de TVE.

Por último se solicita que sea llamado a declarar, como presunto autor de un delito de falsedad documental, el administrador único de TBS, para que explique las circunstancias del contrato firmado con Telemadrid y su concurrencia y circunstancias de la participación de su empresa en este contrato y su negociación. 

El presidente de RTVE se enfrenta a una nueva querella
Comentarios