Igual que Pedro, 300 sindicalistas de toda España han sido acusados por su participación en los piquetes informativos de las dos últimas huelgas generales, aplicándoles el artículo 315.3 del Código Penal del que nunca se había hecho uso en democracia
Pedro Galeano ha acudido a una vista de conciliación en los Juzgados de Alcalá de Henares. Galeano, afiliado de CCOO de Madrid, participó de forma pacífica en un piquete informativo en la Huelga General del 29 de marzo de 2012, como miles de personas en todo el Estado, para garantizar que la información llegase de manera correcta y puntual a todos los centros de trabajo y al mayor número posible de trabajadores que ese día estaban llamados a secundar los paros convocados por CCOO y UGT.
Se ha ofrecido por parte de la Fiscalía un acuerdo de rebaja de pena, que ha sido rechazado porque supone la asunción de un delito que no se ha cometido. La fecha del juicio ha sido fijada para el 23 de noviembre de 2016.
Igual que Pedro, 300 sindicalistas de toda España han sido acusados por su participación en los piquetes informativos de las dos últimas huelgas generales, aplicándoles el artículo 315.3 del Código Penal del que nunca se había hecho uso en la democracia española, en una clara operación para criminalizar el Derecho de Huelga. La Fiscalía actúa con especial virulencia contra estos trabajadores, que no han cometido delito alguno, evidenciando interés político que beneficia a quienes aplican las medidas de austeridad y los recortes.
En este periodo de duras políticas de austeridad, donde la crisis ha arrasado con miles de puestos de trabajo y ha debilitado los derechos colectivos, se está intentado acabar con el sindicalismo de clase y con el Derecho de Huelga como herramienta de defensa de la clase trabajadora, último bastión de resistencia antes las políticas neoliberales que ha aplicado el Gobierno.
En situación similar se encuentran otros 300 compañeros, como son los “8 de Airbus”, cuyo juicio se celebrará entre los días 9 y 12 de febrero de 2016, a los que se les pide la pena desproporcionada de 66 años de cárcel.
CCOO de Madrid reivindica el derecho constitucional a la huelga como un derecho fundamental, cuyo ejercicio nunca puede ser considerado delito.
