El gasto efectivo es apenas de un 13%, lo que representa un superávit de más de 126 millones de euros
Según el informe Económico Financiero de la Seguridad Social relativo a 2017, el 87% de los ingresos de la prestación por cese de actividad no revierte en protección social para los autónomos. Esto supone que solamente se destina un 13%, lo que equivale a un superávit de más de 126 millones de euros.
En 2017, de 600.000 autónomos que pararon su actividad, solamente 3.965 cumplían los requisitos para solicitarla. De estas solicitudes válidas que registró el Servicio de Empleo Estatal, un 49% fueron rechazadas y un 6% están todavía pendientes de resolución, según los datos de la Seguridad Social. Esto equivaldría a decir que solamente el 0,6% del total de autónomos que pararon su actividad ha podido disfrutar de ese derecho elemental, señala UATAE.
Las solicitudes para la prestación por cese de actividad han ido decreciendo cada año: 7.049 en 2014, 6.700 en 2015,4.705 en 2016.
Según María José Landaburu, secretaria general de UATAE, “la prestación por cese de actividad se ha convertido en un animal mitológico para los autónomos que ha servido para hacer caja a costa de nuestros derechos”.
Asimismo, Landaburu ha asegurado que el problema radica en la homologación de la protección social de los autónomos con los trabajadores por cuenta ajena: “Hace más de un mes desde UATAE elaboramos la única propuesta solvente técnicamente para recuperar la senda que dejó marcada el Pacto de Toledo y homologar los derechos de los autónomos con el de los asalariados, entre ellos la prestación por cese de actividad. Es hora de atajar esta situación de desigualdad”, ha remarcado Landaburu.
