jueves. 28.03.2024
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Foto: Fran Llorente

“La utilización del artículo 315.3 del Código Penal supone situar el derecho de huelga en el siglo XIX donde su ejercicio era penado y perseguido”

Cuatro décadas después las calles de Madrid han vuelto a reclamar amnistía. Si entonces la movilización buscaba sacar de las cárceles a los luchadores antifascistas a los que la dictadura de Franco había encarcelado, este jueves el objetivo no era muy diferente: exigir amnistía para los sindicalistas condenados y la anulación de los procesos judiciales abiertos contra más de 300 trabajadores y trabajadoras por haber ejercido el derecho de huelga de forma pacífica, acusados paradójicamente de un delito contra “los derechos de los trabajadores”.

Los 8 de Airbus, cuyo juicio comenzó hace dos días, y a los que el fiscal pide 66 años de cárcel, 8 años y tres meses para cada uno, por participar en la huelga general del 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral del gobierno de Zapatero, encabezaron la manifestación contra el intento de la Fiscalía que, siguiendo el mandato del Gobierno, trata de hacer correr el reloj de la historia a la inversa, hasta los tiempos en que los sindicatos eran perseguidos y la huelga estaba prohibida.

Acompañaban a los 8 de Airbus, otros encausados, algunos ya absueltos, y el secretario general de CCOO y el de Acción Sindical de UGT, entre otros dirigentes sindicales, que recorrieron la distancia entre Cibeles y Sol para proclamar que la huelga no es un delito, sino un derecho fundamental, y protestar contra la persecución y criminalización del derecho de huelga, mediante la utilización de un arma cargada de pasado, esa “anomalía en una democracia”, como calificó Toxo al comienzo de la manifestación el artículo 315.3 del Código Penal, que ha desempolvado el PP para reprimir el movimiento sindical y el derecho constitucional a ejercer la huelga, sin el cual no hay democracia.

“La utilización del artículo 315.3 del Código Penal supone situar el derecho de huelga en el siglo XIX donde su ejercicio era penado y perseguido”. Para la CUMBRE SINDICAL (CCOO,UGT, USO, CGT, AMYTS, SATSE, Alternativa Sindical de Seguridad Privada, Solidaridad Obrera, GESTHA, UNION DE ACTORES, CSIT y STEM) que convocó la manifestación, “la participación en piquetes informativos es un derecho reconocido en nuestra legislación, no es un delito y la mera identificación de los trabajadores que en él participen no puede suponer el riesgo de imputación de un delito castigado con penas de prisión”.

Según recalcan también los sindicatos en el comunicado que leyó la abogada laboralista Cristina Almeida al término de la manifestación, “nos encontramos ante el mayor intento de criminalización del derecho de huelga y el ataque más duro contra la libertad sindical desde que estamos en democracia”. Para corregir esta situación, los sindicatos exigen al Gobierno y al Parlamento la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana, así como, las Reformas Laborales de 2010 y 2012, todo ello, subrayan “en defensa de las libertades básicas”. En este sentido, y tras valorar que por primera vez el conjunto de los sindicatos con implantación en Madrid han salido a la calle juntos en defensa del derecho de huelga y en solidaridad con los 8 de Airbus y el resto de sindicalistas procesados, Toxo declaró a los medios de comunicación su deseo de que entre las primeras actuaciones del nuevo Parlamento haya una decisión unánime de suprimir ese artículo del Código Penal.

Una supresión que, como demandan los sindicatos en su comunicado, debe ir acompañada de la absolución de todas las trabajadoras y trabajadores ya condenados por participar en las últimas huelgas generales y la adopción de las medidas necesarias para evitar el ingreso en prisión de todas las personas pendientes de juicio, demandas con las que resumen los motivos que han llevado a los sindicatos a pedir “amnistía y libertad” en las calles como hace cuatro décadas.

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