martes 22.10.2019
7 DE OCTUBRE | JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE

La lucha contra la precariedad laboral: el principal reto para el Trabajo Decente

Un reto que, en función de los objetivos estratégicos establecidos por la OIT en esta materia, debería contemplar no sólo la preservación de los derechos fundamentales del trabajo y la mejora de las condiciones laborales y la protección social, sino asimismo la creación de un volumen suficiente de puestos de trabajo decentes y sostenibles que permita paliar la dramática situación de desempleo que a mediados de 2013 afecta a seis millones de personas. Estudio de la Fundación 1º de Mayo.

La lucha contra la precariedad laboral: el principal reto para el Trabajo Decente

“La lucha contra la precariedad laboral exige una respuesta integral que incluya políticas económicas, fiscales y sociales que propongan el pleno empleo y la igualdad de ingresos, así como también un marco regulador que reduzca y erradique finalmente el trabajo precario, además de la implementación de esfuerzos aún mayores para darles más poder a los trabajadores alentando la negociación colectiva y el ejercicio del derecho a negociar libremente sin temores. Para poner límite a empleos y condiciones de vida precarias y hasta indignas, es imprescindible fijar salarios mínimos asegurados, o sea establecer un piso universal de protección social y salarios mínimos a nivel global; también han de ponerse en práctica políticas para combatir la erosión de las relaciones laborales”.

Esta es una de las principales conclusiones a las que llega el estudio de la Fundación 1º de Mayo “Crisis, políticas de austeridad y trabajo decente”, dado a conocer este lunes, 7 de octubre, con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

El informe plantea la necesidad de reforzar las estrategias sindicales contra la precariedad

El informe plantea la necesidad de reforzar las estrategias sindicales contra la precariedad, que deben contemplar diversos ámbitos y ejes de actuación, tales como: (a) impulsar regulaciones jurídicas que contribuyan a promover estándares laborales y a minimizar los costes sociales de la precariedad; (b) reforzar el papel de la negociación colectiva, especialmente en la atención a los colectivos más precarizados; (c) preservar y reforzar los mecanismos de protección social, especialmente de aquellos cuyo acceso no está directamente vinculado al empleo regular; (d) potenciar la organización, representación y tutela sindical efectiva de los trabajadores precarios; (e) promover alianzas con otros sectores sociales en la defensa de las políticas sociales destinadas a reforzar la igualdad social; y (f) profundizar en la elaboración de discursos críticos y alternativos que permitan disputar ante la opinión pública la hegemonía ideológica al bloque de poder dominante.

La destrucción de empleo en 2012 se incrementó un 186% por cada décima de caída del PIB

La Fundación pone el acento en que, en el actual contexto de crisis, las sucesivas reformas laborales, principalmente la que acometió el Gobierno de Rajoy en 2012 “han contribuido a agravar la destrucción de la ocupación”. Tanto es así, que por cada décima de caída del PIB la destrucción del empleo en el conjunto de las personas ocupadas se incrementó en un 186% en 2012 en comparación con 2009. Los sucesivos informes anuales de la OIT sobre el mundo del trabajo han puesto de relieve el deterioro progresivo de la calidad del empleo a medida que ha avanzado la crisis.

En España, este proceso se manifiesta en diversas dimensiones como: (a) persistencia de una elevada tasa de temporalidad del empleo, a pesar de que el ajuste laboral ha recaído con mayor intensidad sobre el empleo asalariado temporal; (b) progresiva reducción de la duración de los contratos indefinidos; (c) aumento del empleo a tiempo parcial no voluntario, en detrimento del empleo a tiempo completo; (d) elevado volumen de trabajo no declarado, que presenta además modalidades muy heterogéneas; (e) incremento de la inseguridad en el trabajo; (f) congelación y recorte de los salarios; (g) reducción de la formación en el trabajo; y (g) aumento de los riesgos mentales en el trabajo.

Reducción salarios frente a los beneficios empresariales

El análisis comparado de la evolución de las rentas salariales y excedentes de explotación pone de relieve la pérdida del peso de la remuneración de la población asalariada. Es significativo que, desde comienzos de la década y en un periodo de fuerte crecimiento económico y del empleo, la remuneración de los asalariados en el PIB registrase tan sólo un ligero crecimiento, frente al fuerte incremento de los beneficios, considerando dentro de éstos los excedentes de exploración y las rentas mixtas. Así, pasan de representar del 54% del PIB (sin impuestos) en el segundo trimestre 2008, a contar con el 50% del mismo en el segundo trimestre de 2013. En cinco años, han perdido 4 puntos porcentuales en la distribución de la renta. Esto quiere decir que, de la reducción del tamaño de la “tarta” de la renta, que se cifra en 19 mil millones de euros, el 98% se corresponde con la parte que tenían los trabajadores y trabajadoras al comienzo de la crisis (segundo trimestre de 2008).

Se aprovecha la crisis para limitar el poder de negociación sobre los salarios

Los efectos de la reforma laboral de 2012 tienen un calado estructural que se pondrá de manifiesto en toda su magnitud en el medio plazo, y que contribuirán a profundizar los niveles de desigualdad y segmentación de los trabajadores. Y que incidirán asimismo en “desincentivar” el desarrollo de estrategias empresariales orientadas a competir sobre bases alternativas a la reducción de costes y precios, tales como la inversión productiva, la innovación y la calidad del empleo.

Solo uno de cada tres parados percibe una prestación

La reducción del número de beneficiarios del sistema de protección por desempleo y de la tasa de cobertura de desempleo, así como las políticas de recorte contribuye al aumento de la población en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa de cobertura de desempleo ha registrado una pauta de crecimiento de este indicador en los dos primeros años de la crisis −periodo en el que se concentra la destrucción de empleo− hasta alcanzar un máximo en 2010. Posteriormente, se inicia un descenso continuado de la tasa de cobertura de desempleo hasta el 62,6% en 2013, que se explica por un aumento del porcentaje de personas que ya han agotado el derecho a la prestación. La “tasa de protección de parados”, que toma como referencia para su cálculo el paro medido por la Encuesta de Población Activa arroja un dato del 35,1%. La contraposición de estos dos indicadores y su forma de cálculo, enfrenta la consideración de que solo uno de cada tres parados percibe una prestación

Gobernanza unilateral y ruptura del diálogo social

La unilateralidad de la gobernanza económica se ha acentuado con el actual gobierno conservador, que no ha dudado en utilizar de forma recurrente el instrumento del Decreto-Ley para aprobar diferentes medidas de ajuste soslayando así el debate público sobre las mismas. Ello ha provocado una situación de ruptura del diálogo social tripartito denunciada por las organizaciones sindicales, que han presentado una queja formal ante la OIT denunciando la vulneración por parte del gobierno del Convenio nº122 sobre política de empleo.

Ataques contra la libertad sindical y la negociación colectiva

El papel constitucionalmente reconocido de los interlocutores sociales −y muy particularmente de las organizaciones sindicales− ha sufrido un notable deterioro como consecuencia de la las políticas de austeridad, y muy particularmente de las reformas laborales. Unas reformas orientadas a promover una mayor flexibilización de las instituciones laborales, que además asumen un profundo rechazo de la acción sindical, considerada por el legislador más como un elemento dis-funcional a la economía que como un instrumento de contrapoder colectivo (necesario para paliar la asimetría de poder entre capital y trabajo. La gravedad del impacto de esta reforma motivó que los sindicatos CCOO y UGT presentaran dos quejas ante la Organización Internacional del Trabajo por la violación de derechos fundamentales reconocidos en las convenciones de la misma, y que están ratificadas por España en tanto miembro de la OIT.

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