Juan Carlos Rodríguez de la Coba* | Pasados unos días desde el inicio de la operación "Púnica", y tras una primera ola de indignación general ante hechos que nos trasladan una sensación inevitable de descomposición general de las instituciones públicas, quisiera abordar una reflexión que vaya algo más allá de la consabida sobre el insoportable nivel de corrupción en nuestro país.
Los delitos que forman la causa son muy variados yendo desde blanqueo de capitales, falsificación de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, hasta llegar a la pertenencia a organización criminal. Pero aparecen figuras como la revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraudes contra la Administración.
Y es que, entre los detenidos, figuran de manera necesaria un numeroso grupo de cargos y ex cargos públicos, entre los que se ha destacado al de mayor relevancia política y mediática, el ex secretario general del PP madrileño y ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, continuando con seis alcaldes y un ex alcalde, un presidente de diputación, un concejal de hacienda y un arquitecto municipal.
Toda esta trama estaba orientada al interés y enriquecimiento personal, pero con el agravante moral, aunque ese elemento quizá no pese finalmente en la sentencia, de que se ha asentado sobre la administración local de pueblos de la comunidad de Madrid que figuran entre los más endeudados y que han incumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria exigidos.
Pero por si esto no fuese suficientemente sangrante, todo ello ha significado en algunos casos despidos y expedientes de regulación de empleo tal y como ha señalado CCOO en una nota pública.
En Collado Villalba, 45 despidos de la plantilla municipal. En Parla, 65 despidos hace dos años, Casarrubuelos redujo el salario a la totalidad de la plantilla y en Valdemoro se dio a la gestión privada, con el argumento de la insostenibilidad de su prestación desde el personal propio del ayuntamiento, de la recogida de basura y del mantenimiento de instalaciones.
Si a eso añadimos que en muchos de estos municipios, en los servicios privatizados, se han venido sucediendo las denuncias por encarecimiento del servicio o por ausencia de medidas de protección para las personas trabajadoras hasta llegar incluso a la paralización de las actividades por riesgo para la vida de los trabajadores, el escenario final resulta insufrible.
En este caso, se han realizado por la trama corrupta adjudicaciones prestaciones o servicios por valor de 250 millones de euros. Cantidad que en muchos casos, las administraciones habrán compensado con subidas de impuestos, reducción y desaparición de servicios esenciales para la comunidad, bajadas de salario para los empleados y perdidas de empleo que siempre redundarán en la calidad de los servicios que aún mantengan la prestación municipal.
Son en esta ocasión los servicios que las administraciones locales prestan a los ciudadanos los que están siendo expoliados, desmontados y la ciudadanía esta resultando despojada. De los servicios que dejará de costear a través de sus impuestos pero que empezará a pagar a precio de mercado cuando desaparezca su prestación de la esfera pública, ya se municipal, autonómica o estatal, y de los fondos públicos que se desvían de sus administraciones para proveerlos.
Y descrédito, permanente descrédito de lo público, los de todos, frente a la gestión privada falsamente presentada una y otra vez como más eficaz, de mayor calidad, de menor coste.
Y es que, agotada la burbuja inmobiliaria como permanente fuente de rápido enriquecimiento y nicho de múltiples corrupciones y corruptelas, las tramas han buscado, y encontrado, un nuevo filón en los servicios públicos.
*Secretario de Comunicación de la FSC-CCOO
