CARMEN VILLARES, MARIO NOLLA, JOSÉ RAMÓN MONTES Y CUQUI CABO

La vivienda. Bancos y propiedad privada

Grande, sempiterna, es la insatisfacción la de la población madrileña en su demanda de vivienda digna y asequible. La Ley que Izquierda Unida propone a la aprobación de la Asamblea de Madrid viene a rescatar un derecho humano básico y la función social de la vivienda, en tiempo de especial crudeza humana y social en los sectores más castigados y vulnerables de la sociedad madrileña.

La indignidad humana, social y política de los desahucios plasma la cínica insolvencia de un gobierno incapaz de atender las necesidades básicas de los ciudadanos. La realidad de la Comunidad de Madrid, con 80 desahucios al día, 29.000 al año, es de más de cien mil personas, familias enteras de adultos, ancianos y niños implacablemente despojadas de su vivienda por una sobrevenida imposibilidad de hacer frente al endeudamiento hipotecario por mor de una inesperada e inusitada plaga de desempleo vertida sobre la población. En escandaloso y esperpéntico contraste se explayan las 270.000 viviendas vacías, un 10% de las existentes, en su mayor parte en mano de entidades bancarias, inmobiliarias y constructoras.

A resaltar de la propuesta de Izquierda Unida la creación del Registro de Viviendas Deshabitadas y la consolidación de un Parque Público de Viviendas en alquiler, los incentivos fiscales a las personas físicas que destinen sus viviendas vacías al alquiler, así como un gravamen disuasorio por cada vivienda no habitada que personas jurídicas mantienen segregada de su función social. Se establece una moratoria de los desahucios promovidos por el IVIMA y la expropiación forzosa para un máximo 3 años de viviendas bajo procedimiento de desahucio requerido por entidades de acumulación financiera, para las personas que la normativa en vigor margina del derecho constitucional a la vivienda a causa de una sobrevenida precariedad o insolvencia económica

Ninguna racionalidad humana ni perspectiva de progreso social sustenta la reacción adversa parapetada tras la sacrosanta inviolabilidad de la propiedad privada. Quienes se rasgan las vestiduras por una confiscación temporal de interés general no son otros que los que hurtan los ahorros de muchos ciudadanos, se apropian de la propiedad común que constituye el dominio público, organizan el saqueo a las arcas públicas desde y hacia los paraísos fiscales y orquestan una colosal desposesión a la población madrileña de bienes y derechos públicos. Son los agraciados con ingentes cantidades del fondo presupuestario aún no devueltas, que bien pueden compensar el colosal préstamo público con una parte de su disparatado parque inmobiliario vacío a fin de salvar situaciones de cruel iniquidad, por demás atribuibles a sus malas prácticas.

El artículo 128 de la Carta Magna, establece que «toda la riqueza del país en sus distintas formas y, sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general». La función social de la vivienda no es un límite externo a su definición o a su ejercicio, sino parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social, por tanto, componen el contenido indisociable del derecho de propiedad. Aquellas normativas al uso que contravienen la función social de la vivienda en propiedad, como son el desalojo, la no ocupación, el no destino de un inmueble al uso residencial previsto por el planeamiento, suponen una violación del estado de derecho. Así de claro. Son causa de desestabilización social y de agudos procesos de marginación.

Para IUCM se trata de que, como en Andalucía, la competencia que dimana del Estatuto de Autonomía objetive el derecho humano básico a la vivienda digna, que establecen tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el artículo 47 de nuestra propia Constitución. Cabe recordar la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de marzo 2013 que, ante una ley hipotecaria abusiva como la española, insta a una actuación urgente de los poderes públicos de España para la salvaguarda de los derechos fundamentales y estatutarios ligados al uso y disfrute de la vivienda habitual. Para vergüenza del gobierno madrileño, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos  suspendió cautelarmente el desahucio de una vivienda del IVIMA, apelando al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que dice: "nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes".

Rescatar el derecho humano y el bien público del mercantilismo, tan usualmente especulativo, es una prioridad de gobierno para IUCM, que se refleja en esta Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda, para avanzar hacia nuevas estructuras productivas y sociales orientadas al pleno empleo y a un bienestar justo, estable y equitativo para todos.

El PP ha proclamado su oposición a esta iniciativa de ley del Derecho a la Vivienda porque dicen que atenta al derecho a la propiedad privada. Espurios intereses minoritarios no deben empero subvertir la genuina función de la gestión pública, que no es sino la custodia y promoción del derecho ciudadano, del bien común y patrimonio público. El rodillo de una mayoría absoluta ejercida a favor de la minoría privilegiada deriva hacia formas autoritarias y abusivas de poder, por las que se niega el refrendo popular para los asuntos de extraordinaria proyección. Derechos laborales, sociales humanos e individuales se evidencian hoy particularmente indisociables del ejercicio democrático.

El presidente Ignacio González pretende ahogar la propuesta de IUCM destinando ahora 1000 viviendas del IVIMA a alquiler social a través de Cáritas, lo que ni siquiera alcanza a dar solución al 3,5% de los desahuciados y cabalmente revela la concepción de los regidores madrileños de rebajar el derecho de la persona a un denigrante plano de merced caritativa, ese espejo puro del liberalismo, al tiempo que vacían de contenido un organismo público como es el IVIMA, perfectamente capacitado para realizar lo que ahora se pretende externalizar.

Los madrileños, aunque debilitados por la precariedad, el paro y la indefensión, albergan un fiero apego a la democracia profunda y tranquila, y a su dignidad personal. Si desalmados hay, muy soberbios, por encima de las posibilidades que en justicia corresponde, por encima del derecho común, que enloquecen por lucro en la infernal dinámica de la acumulación capitalista, esos son otros, otra clase, otra casta. Esos, vistas las barbaridades que cometen, ya no duermen tranquilos ante el juicio ciudadano..

Firman el artículo: Carmen Villares, coordinadora del Área Ejecutiva de IUCM de Política Territorial y diputada en la Asamblea de Madrid, y los miembros del Área, Mario Nolla, José Ramón Montes y Cuqui Cabo.