El Equipo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Madrid mantiene su intención de proceder, el próximo sábado día 23 de febrero, al despido de 301 trabajadores del personal de administración y servicios con contrato temporal (156 laborales) e interino (145 funcionarios), así como a reducir el 50% del complemento retributivo del personal docente e investigador.
El sindicato exige transparencia en los datos económicos, compromiso con el empleo y un proceso real de negociación
Se trata de unas medidas:
1. Injustificadas, pues en ningún momento se ha demostrado la necesidad de los recortes ni que, en caso de que fueran necesarios, que los mismos deban afectar a su personal, ya sea a través de la destrucción de empleo o de la reducción salarial.
2. No negociadas, puesto que ayer mismo la Universidad desconvocó una reunión prevista para las 17 horas en base a cuestiones formales. Desgraciadamente, desde la Universidad se entiende la negociación como un trámite administrativo y no como un proceso de diálogo abierto y constructivo. En este sentido, desde CCOO queremos aclarar que las propuestas de la Universidad se habían centrado exclusivamente en reducciones salariales (recortar el salario en 24’7 millones de euros, de los cuales 14’8 millones correspondían al PDI y 9,9 al PAS, lo que supone un recorte lineal del 14,8%), sin plantearse en ningún momento el despido de un solo trabajador.
3. Que afectan a los colectivos más vulnerables. La Universidad pretender cargar el 60% del ajuste sobre el personal de administración y servicios (que no llega a representar el 40% de la plantilla de la Universidad) mediante el despido del 15 % de este colectivo.
Estos despidos afectan a trabajadores con una media de más de cinco años en la Universidad, y que venían ocupando plazas que, por la prohibición de realizar ofertas públicas de empleo, no han podido convocarse. Se trata de puestos de trabajo cuya eliminación puede llegar a cuestionar seriamente el funcionamiento de los servicios: laboratorios, servicios administrativos, informáticos y de mantenimiento, conserjerías, etc.
La respuesta del conjunto de la comunidad universitaria (personal de administración y servicios, docentes y estudiantes) está siendo contundente: se vienen realizando asambleas y concentraciones multitudinarias en todos los campus, en poco menos de 72 horas se han recogido cerca de 7.000 firmas en contra de los despidos y se ha ralentizado, cuando no paralizado, la actividad en muchos centros. A nivel institucional, la práctica totalidad de las Juntas de Escuela de los centros que integran las Universidad han aprobado resoluciones de rechazo a los despidos y los recortes salariales e instando a los directores, que forman parte del Consejo de Gobierno que debe aprobar dichos recortes, a votar en contra de los mismos. En este contexto se están produciendo dimisiones o anuncios de renuncias de directores que, o bien están en contra de los recortes, o bien no pueden asumir el pronunciarse en contra de dichos recortes, tal y como reclama la comunidad universitaria, por compartir la idoneidad de los mismos.
CCOO rechaza frontalmente cualquier medida que suponga la pérdida de puestos de trabajo, especialmente cuando existen medidas alternativas que ni siquiera han sido consideradas por la Universidad y que evitarían aplicar el ajuste, si se demostrara que es necesario, a otros capítulos distintos del de personal. CCOO entiende que cualquier proceso vinculado a los ajustes presupuestarios, presentes o futuros, debe pasar por:
1. La máxima transparencia tanto en los datos económicos como en la situación real de la Universidad, para lo que resulta imprescindible una información veraz.
2. El diseño de un plan de viabilidad de la Universidad afectada que vaya más allá del recorte “urgente” e improvisado, cuyo único efecto sería ganar tiempo para salir del paso, pero el problema real de la institución continúa sin ninguna garantía de solución futura.
3. Un proceso de negociación real con los representantes de los trabajadores, sin condicionamientos previos, ni temporales ni de contenido, que imposibiliten de antemano un acuerdo.
4. Un compromiso real de mantenimiento del empleo.
El despido de trabajadores o los recortes salariales indiscriminados puede que sean son las medidas más cómodas y sencillas para determinados gestores, pero evidencian su falta de responsabilidad social y difícilmente casan con el modelo de enseñanza superior de calidad del que deberían ser los máximos defensores.
