Estamos expuestas a enfermedades musculo-esqueléticas que las leyes y normas actuales no reconocen como enfermedades laborales, denuncian
Myriam Barrios, portavoz de Las Kellys, comparece este miércoles en la comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado para exponer a todos los grupos parlamentarios la situación de “explotación” que sufren las camareras de piso, una problemática -afirma- que “se extiende por todo el país, por todas las comunidades autónomas”.
Tras su paso por el Congreso, el pasado 25 de mayo, el colectivo continúa su particular batalla para reivindicar sus derechos. Poca o nula seguridad laboral, contratos en fraude de ley, externalizaciones que cercenan derechos laborales y de representación sindical e inspecciones que no siempre cumplen con las expectativas del colectivo, son algunas de las problemáticas que pondrán en conocimiento de los senadores.
Invitadas por la senadora Mª José López de Nueva Canarias, denunciarán en sede parlamentaria que el aumento del número de turistas que visitan España crece proporcionalmente a la precariedad laboral a la que se ven sometidas junto con el resto del personal hotelero.
La reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para acabar con las externalizaciones ya ha sido planteada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, pero sigue estando bloqueada por la mayoría del PP apoyado por Ciudadanos. Las Kellys, además, exigen la jubilación anticipada para aquellas mujeres que hayan cotizado un mínimo de 25 años y trabajado al menos 15 como camarera de piso.
“Es cierto que las externalizaciones son la principal lacra que vive nuestro colectivo, pero también es cierto que estamos expuestas a enfermedades musculo-esqueléticas que las leyes y normas actuales no reconocen como enfermedades laborales y el constante y duro esfuerzo físico al que estamos constantemente sometidas no nos permite llegar en plena salud a la edad de jubilación establecida por ley”, señala el colectivo.
Asimismo, pondrán de manifiesto que “las pocas inspecciones laborales dejan manos libres a las empresas que no siempre cumplen satisfactoriamente con su obligación de realizar estudios de tiempos, ergonómicos y psicosociales”.
El colectivo lleva tiempo denunciando que “la poca implicación hasta ahora de sindicatos y comités de empresa en la lucha para la defensa de los derechos laborales también ha permitido que las empresas sigan abusando laboralmente de las trabajadoras y trabajadores que ven casi imposible tener unas condiciones de trabajo dignas”.
Otro de los focos de denuncia se centrará en los centros especiales de empleo, de gestión privada pero subvencionados con fondos europeos. Dichos centros están obligados a contratar a un 70% de trabajadores con minusvalías y al 30% sin discapacidad. De hecho, en muchas ocasiones, son esos propios centros los que contratan a las camareras de piso. Los sueldos rondan los 600 euros al mes para jornadas de no menos de ocho horas.
