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domingo. 26.06.2022
INDEPENDIENTEMENTE DE DONDE SE OPERE

IU-ICV reclama un Plan Nacional sobre Empresas y DDHH obligatorio independientemente de donde se opere

El plan debería ser vinculante para todas las compañías españolas independientemente del país donde operen, de modo que todas ellas "cumplan el mismo estándar de derechos humanos que es aplicable" en España.

Imagen del último Pleno de esta legislatura del Congreso de los Diputados.
Congreso de los Diputados.

Los salarios mínimos legales de los países productores de la industria textil están lejos de llegar a un salario digno

La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que reclama al Gobierno que acuerde con la sociedad civil y el sector privado un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos que sea vinculante para todas las compañías españolas independientemente del país donde operen, de modo que todas ellas "cumplan el mismo estándar de derechos humanos que es aplicable" en España.

En la iniciativa, que recoge Europa Press y que será debatida en la Comisión parlamentaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la coalición recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consagra el derecho a una "remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure al ciudadano y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana".

Un salario digno que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras declaraciones internacionales consagran y amparan, pero que no se cumple en todo el mundo ni, particularmente, en algunos sectores como el textil, donde "la realidad de la mayoría de sus trabajadoras es la pobreza".

"Los salarios mínimos legales de los países productores de la industria textil están lejos de llegar a un salario digno. Durante muchos años, la industria textil global ha justificado la ubicación de la producción en economías empobrecidas subrayando las oportunidades de empleo y resaltando que las mujeres en particular se benefician de ese trabajo --el 80% del empleo en el sector lo ocupan mujeres--", recuerda la Izquierda Plural.

Sin embargo, añade, "la realidad refleja que las fábricas textiles no ofrecen a las trabajadoras las ventajas económicas prometidas por la globalización, y muchas quedan atrapadas en la pobreza" y en el "círculo vicioso" de "salarios bajos, excesivas horas de trabajo, endeudamiento, dependencia externa y vulnerabilidad".

Para atajar este problema, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU respaldó en 2011 los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, en los que se fija el deber de los estados de proteger los derechos humanos e incluso de "establecer un salario mínimo a un nivel de subsistencia" pero también la responsabilidad empresarial de respetarlos y de pagar un salario acorde con el trabajo.

Unas obligaciones que "existen más allá del cumplimiento de las leyes nacionales, por lo que en los casos en que el estado no cumple su deber de proteger los derechos humanos, las empresas siguen estando obligadas a respetar el derecho a un salario digno en la cadena de suministro, independientemente de dónde ocurra el impacto negativo, ya sea en sus propias instalaciones o en las de sus proveedores, en las de los proveedores de sus proveedores o respecto a las personas que trabajan desde su hogar", según la formación.

Por eso, aunque el primer paso debe ser que las empresas adopten códigos de conducta, "la presión a las firmas de ropa no puede ser una medida aislada" ni se puede dejar en manos de medidas voluntarias de responsabilidad social el límite a los abusos, sino que "los gobiernos de los países productores y las instituciones internacionales deben adoptar un compromiso efectivo para garantizar el cumplimiento de los convenios fundamentales de la OIT"

"Hace falta una regulación internacional y organismos que puedan imponer su cumplimiento y que tengan capacidad sancionadora", insiste IU-ICV-CHA, que recuerda que la Comisión Europea (CE) ya pidió hace unos años a los estados miembros que a lo largo de 2013 aprobaran un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos que trasladara estos principios.

Por eso, la coalición insta al Gobierno que dicho Plan, cuyo segundo borrador se presentó en noviembre a las organizaciones de la sociedad civil, sea "fruto del consenso", recoja los principios de "proteger, respetar y remediar" e incluya medidas concretas para su aplicación y difusión tanto en las administraciones públicas como en el sector privado.

Asimismo, reclama que el plan cuente con los recursos económicos y humanos necesarios para poder implementarlo, y que sea de obligado cumplimiento, de modo que las empresas españolas que operan en el extranjero "cumplan el mismo estándar de derechos humanos que el aplicable en territorio español". Además, el Plan debería incluir mecanismos de revisión y evaluación de sus resultados.

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