El responsable de Derechos Humanos de IUCM, José Antonio Moreno, ha denunciado que “con la normativa sobre 'emprendedores' el Partido Popular pretende 'vender' la posibilidad de residir legalmente en España a aquellos extranjeros bien que compren una vivienda de 500.000 euros, bien compren 2.000.000 de euros en deuda pública española o bien que emprendan una actividad económica en España 'que genere empleo'”.
Pese a que la actual legislación española ya prevé la autorización de residencia no lucrativa para aquellos extranjeros que desean residir en España y no tienen necesidad de trabajar (pensionistas, jubilados, rentistas, inversionistas...) estableciendo unos módulos económicos más asequibles sobre la base del IPREM, el Gobierno del PP sorprende con una ocurrencia que rompe el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación.
En este sentido, señala que “con ello el Gobierno segmenta la población extranjera entre gente normal que trabaja o intenta trabajar, tiene dificultades en el acceso a los derechos humanos especialmente los de carácter social (sanidad, educación, vivienda, servicios sociales...) y los extranjeros ricos a los que se les proporciona una 'alfombra roja' para venir a España solo por el hecho de que cuenten con dinero, independientemente del origen de éste”.
“Esta vergonzante mercantilización de la inmigración en función del poder económico de los extranjeros sin duda implicará para éstos 'inmigrantes muy ricos' otros privilegios de índole administrativa como sin duda será la tramitación preferente de sus visados, autorizaciones, tarjetas, etc., estableciendo una nueva segmentación social entre extranjeros ricos y extranjeros del común”, ha afirmado.
Para el dirigente de IU, “el Gobierno insiste - también para los extranjeros- en una clara política de clase, con legislaciones que priorizan la atención a los colectivos más poderosos económicamente mientras abandona a su suerte a los que la crisis le esta golpeando con mayor dureza, a los trabajadores y trabajadoras, incluyendo entre estos a los extranjeros, los cuales no sólo pierden su trabajo sino también su situación legal en España y con ello su acceso normalizado a derechos fundamentales de las personas (sanidad, educación, servicios sociales....)”.
“La precarización o -directamente- la eliminación del acceso a derechos humanos básicos para los grupos más vulnerables, entre los que se encuentran sin duda las personas extranjeras, ya se ha cobrado una primera víctima en las Islas Baleares: pese a ello el Gobierno se muestra insensible y sigue dando otra vuelta de tuerca en la segmentación social”, ha concluido.
