jueves 05.12.2019
ALTERNATIVAS FRENTE AL RAQUÍTICO CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

El Gobierno en funciones aprueba una medida cosmética para el Plan de Activación del Empleo

Pese a la prórroga aprobada por el Ejecutivo, tres millones y medio de personas seguirán sin ningún tipo de prestación. 

La ministra Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros donde se aprobó la prórroga del Programa de Activación para el Empleo.
La ministra Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros donde se aprobó la prórroga del Programa de Activación para el Empleo.

El pasado sábado ha salido publicada en el BOE la modificación y prórroga del Programa de Activación para el Empleo (PAE). El Gobierno del PP ha dictado un Real Decreto-Ley que modifica y prorroga una ley convalidada por el Parlamento para lo que no tiene competencias, amparado en el hecho de que nadie se opondrá frontalmente a una disposición que beneficia a las personas paradas y que ha sido requerido por los sindicatos. Es algo que pudo hacer legítimamente antes de la disolución de las Cortes, pues se sabía cuándo terminaba el programa. Es prórroga porque amplía el plazo de vigencia del anterior Programa y es modificación porque cambia las fechas desde las que hay que estar inscrito.

Este Programa nació con el objetivo de proteger a 450 mil personas y, debido a los requisitos que estableció, se ha quedado en 99.410 personas a 31 de marzo. Esta es la cifra que establece el decreto-ley, aunque esta cifra se eleva hasta 110.689 altas a 29 de febrero, si nos atenemos a los datos que se han ido facilitando cada mes por el SEPE. El Gobierno debería explicar una diferencia que será superior al 15% en datos de registros.

Obviamente un programa que alcanza el 22% de sus objetivos no puede tener otra consideración que de fracaso. También el decreto-ley falsea la realidad cuando da los datos tanto de inserción como de itinerarios realizados. Ha habido comunidades que han transferido fondos de los programas de contratación de parados por entidades sin ánimo de lucro a una orden específica para los beneficiarios del PAE. En Galicia, por ejemplo, se transfirió el 25% del presupuesto de contratación de parados para la de este colectivo que no alcanza el 2% de los parados registrados. Obviamente esto no se puede considerar como inserción sino como contratación directa. Además de servir para que la ministra dé ahora unas cifras falseadas de inserción, al vampirizar las prestaciones de estos beneficiarios, Galicia obtenía unos fondos adicionales del Estado. Pero no todo vale.

Tampoco es cierto que haya habido 161.583 personas paradas con itinerarios realizados. Los datos de solicitantes a febrero eran de 143.163 personas. Otra vez difieren los datos de las estadísticas mensuales con los que da la ministra. Pero, además, a todos los solicitantes se les asignaba automáticamente un código en la demanda, el 175, Itinerarios Individuales y Personalizados Programa Activa, según rezan las instrucciones dictadas en Galicia: “El Servicio Público de Emprego de Galicia procede a la anotación automática del servicio 175 asociado a la demanda de las personas solicitantes de la ayuda”. Más adelante dejan claro cuando hay que citar a los demandantes: “Para el inicio de las acciones de seguimiento, cada tutor responsable deberá esperar a que los demandantes derivados tengan la resolución aprobatoria de incorporación al programa y cobro de la ayuda (colectivo 33)”. Es decir, se le registra el código de un itinerario de inserción específico de este programa cuando, según la instrucción, todavía no se debe citar a los solicitantes. Es por ello que solamente los beneficiarios de la ayuda, las 99.419 personas, según la ministra, habrían pasado por acciones de orientación, el 62% de los que dice la ministra.

La valoración de este programa resulta obvia: ha alcanzado solamente al 22% de las personas paradas que pretendía; no ha habido una inserción real porque en muchos casos se trata de contratos financiados por los servicios públicos de empleo vampirizando las prestaciones y los servicios públicos de empleo han mentido introduciendo un código de itinerario personalizado de inserción cuando las personas demandantes no estaban ni citadas.

RAQUÍTICO CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Si se analizan las causas del raquítico cumplimiento de objetivos de este programa, podemos establecer dos tipos de causas. El primero, y cuantitativamente más importante, es el propio diseño del programa. Tal y como está definido solamente podrán acceder a él quienes accedieron al PREPARA, con su regulación recortada en 2012 o a la tercera RAI. Si el PRODI o la primera regulación del PREPARA permitían que una alto porcentaje de las personas que agotaban su protección accediera a estos programas, el cambio normativo realizado en 2012 supuso que se pasara de 535.919 beneficiarios en los tres primeros programas a 193.920 beneficiarios, un 36% de los que había, y serán los que no pudieron incorporarse al PREPARA, el 64%, los que tendrían que incorporarse al PAE y, obviamente, no lo podrán hacer.

El segundo recorte, que cualitativamente tiene que ver con la mala fe en la gestión por el PP, está originado por las interpretaciones que ha hecho y sigue haciendo el SEPE. En un primer momento se sacó de la manga, no de la ley, que el programa de acceso tenía que ser la última prestación percibida. Con presiones desde diferentes ángulos y, fundamentalmente sindicales, envió esa interpretación a la abogacía del Estado quien dictaminó que no decía eso la ley y se modificó la interpretación. Además, el SEPE está manteniendo que si se ha empezado a cobrar la RAI, aunque se pudiera tener acceso por el Prodi o el Prepara, no se tiene derecho al PAE, lo que tampoco dice la ley. También continúa sin enviar los datos de los perceptores del PAE al Registro de Prestaciones Sociales Públicas, lo que provoca aprobaciones de rentas sociales a personas que solicitaron el PAE y la consiguiente extinción de ambas prestaciones a fecha de inicio. La cuantificación de lo que ha supuesto esta mala fe en los criterios de interpretación y gestión de este programa es difícilmente cuantificable, aunque se puede estimar en cerca del 20% que es la diferencia entre solicitudes y altas de beneficiarios. Es decir, cerca de 30.000 posibles beneficiarios han dejado de serlo por mala fe del SEPE.

Pese a todo ello, este gobierno plantea la necesidad de prorrogar este fiasco cuando la tasa de protección por paro está en niveles ínfimos. En 2015, de media, ha habido 3.622.392 personas desprotegidas, frente a 1.427.255 que han percibido alguna prestación. El programa ha servido para aumentar en dos puntos la tasa de protección. En vez de una tasa de protección del 26,3% ha sido del 28,3%. Continúan casi tres de cada cuatro personas paradas sin ninguna protección.

ALTERNATIVAS ANTE LA MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA DEL PAE

Ante la tesitura de tener que convalidar un real decreto-ley que no ha cubierto ni de lejos ninguno de los objetivos que se proponía, es necesario analizar qué alternativas podría haber.

Si el objetivo es conseguir avanzar de manera significativa en el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución, garantizar prestaciones sociales suficientes en caso de desempleo, es posible exigir que el Real Decreto-ley 1/2016 se tramite como Ley por el procedimiento de urgencia. Ello permite introducir cualquier modificación del tipo que sea.

Se podría plantear bajo el paraguas de la tramitación como ley del Real Decreto-ley, el establecimiento de un subsidio con carácter permanente para las personas paradas de larga duración con cargas familiares y otros colectivos más vulnerables, la vuelta a la redacción anterior del subsidio para mayores de 52 años y la eliminación de la parcialidad de los subsidios. Con ello, por un lado, estarían protegidos quienes pudieran acceder al Programa de activación de forma mucho más continuada y, por otro, accederían a la protección por desempleo millares de las personas actualmente desprotegidas. Esta sería la opción más razonable. Una propuesta similar a esta fue realizada en el Senado a finales de la legislatura pasada y obtuvo el apoyo de todos los grupos del Senado, salvo el PP. No estaban presentes ni Podemos ni Ciudadanos pero no es previsible que ambos se opongan. Con cualquiera de ellos o con los dos, se podría aprobar.

La segunda posibilidad, de mucho menor alcance, sería eliminar la exigencia de haber percibido la tercera RAI, el PREPARA o el PRODI. Ello aumentaría en miles las personas que accederían al programa durante seis meses pero seguiría sin garantizarse el artículo 41. Sería un mal menor.

Convalidar el Real Decreto-ley sin realizar ninguna modificación puede permitir que alrededor de sesenta mil personas más tengan protección durante seis meses en 2016. Sólo quedarían tres millones y medio sin proteger…

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