viernes. 29.03.2024
rajoy sorya

Vía enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, el PP pretende recortar los derechos de Seguridad Social a las empleadas del hogar y a las personas titulares de una pensión de incapacidad permanente total.

EMPLEADAS EL HOGAR

Tal y como denuncia CCOO, estos derechos fueron creados por diversos Acuerdos de Diálogo Social. El Acuerdo de pensiones de 2011 incluyó la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de varios colectivos de trabajadores que, por estar en regímenes especiales, disfrutaban de menores derechos de seguridad social que el resto. Las empleadas de hogar, junto con otros colectivos, quedaron encuadradas a partir de ese momento en un periodo transitorio en el que iban incorporando paulatinamente nuevos derechos hasta que el 1 de enero de 2019 quedaran plenamente integradas en el Régimen General.

Entre los derechos que aún no se les han reconocido están la prestación por desempleo y medidas como la integración de lagunas que permitiría mejorar las cuantías finales de las pensiones de estas trabajadoras, recuerda el sindicato en un comunicado.

Pues bien, la enmienda presentada en el proyecto de PGE por el PP retrasa la plena integración de las empleadas de hogar hasta 2023, de modo que medidas como la integración de lagunas que sería de aplicación automática a partir de 2019 ya no se aplicarán. Adicionalmente, este retraso en la plena convergencia con el Régimen General supondrá una nueva demora en el reconocimiento de la cobertura del desempleo, cuyo estudio también contemplaba el Acuerdo de pensiones de 2011 y lleva suspendido desde entonces.

“De aprobarse esta medida supondría un nuevo incumplimiento del Acuerdo de integración de las empleadas de hogar de 2011 que se sumaría a los ya mencionados en relación con la extensión de la prestación de desempleo y la reforma impuesta en abril de 2013 que generó falsamente la apariencia de que se abría la posibilidad de transferir a las trabajadoras la responsabilidad que competía exclusivamente al empleador a la hora de comunicar el alta y el pago de las cotizaciones desde la primera hora de trabajo; una responsabilidad, por cierto, que legalmente mantiene todavía el empleador”, afirma CCOO.

PENSIÓN MÍNIMA DE INCAPACIDAD PERMANENTE

El PP, además “pretende reducir la pensión mínima de incapacidad permanente total de 404 euros, por considerar que se incrementado demasiado en los últimos años”. Dichas pensiones mínimas se sitúan entre los 397 y los 404 euros mensuales, según las cargas familiares que acrediten los pensionistas.

En la actualidad, casi 2 de cada 10 pensionistas de incapacidad permanente (17,33%) se ven obligados a tener una pensión mínima. A instancia de las organizaciones sindicales, el Acuerdo de Pensiones de 2007 estableció la cuantía de la pensión mínima de incapacidad permanente total derivada de enfermedad común en el 55% de la Base mínima de cotización, cuando el titular tiene menos de 60 años y sin cónyuge a cargo.

Sin embargo, ahora el Partido Popular ha registrado una enmienda por la que se suprime dicha referencia con el argumento de que la Base mínima, por efecto de la evolución experimentada en el Salario Mínimo Interprofesional, ha crecido en mayor medida de lo que lo han hecho el resto de las pensiones mínimas, congeladas en una revalorización del 0,25% desde la Reforma de pensiones de 2013.

El Gobierno recorta derechos a empleadas del hogar y trabajadores inválidos