El CNIO, como Fundación del sector público, al igual que otros muchos centros y fundaciones de investigación tiene restringida la contratación indefinida desde el 2012
UGT y CCOO denuncian que en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), uno de los centros más relevantes y buque insignia de la investigación del cáncer en España, se está planteando la no renovación de 87 trabajadores antes de acabar el año y de 47 más a lo largo del 2018; es decir un total de 134.
"La consecuencia -advierten los sindicatos- además del drama humano por la pérdida del trabajo y de la imposibilidad de continuar desarrollando un proyecto científico en marcha, es que los proyectos de investigación se ralenticen o se paralicen".
"En algunos casos desaparecen grupos completos y en otros muchos los grupos quedan muy mermados de personal, con una repercusión directa en cualquier avance que pueda dar lugar a nuevas terapias contra el cáncer. Además, la imposibilidad de desarrollar los proyectos de investigación impedirá la obtención de fondos para la realización de proyectos futuros. Es decir, se acabó la ciencia para muchos investigadores en España", añaden.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, en su Disposición Adicional 16 prohíbe la contratación de personal temporal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables y en su Disposición Adicional 34, además prohíbe la concatenación de contratos temporales y establece como garantes de su cumplimiento a los responsables de contratación de los centros públicos, especialmente cuando “pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo”, a la vez que prohíbe la conversión a contrato indefinido de los contratos temporales, salvo sentencia judicial.
Por otro lado, el CNIO, como Fundación del sector público, al igual que otros muchos centros y fundaciones de investigación tiene restringida la contratación indefinida desde el 2012. Por tanto esta medida impide renovar muchos contratos temporales al no poder ser formalizados de manera legal, provocando la pérdida de puestos de trabajo. Todos estos hechos son los que los sindicatos mayoritarios vienen denunciando desde hace más de 5 años y a los que el gobierno se ha negado a solucionar.
