El Pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada, del PSOE, ha aprobado el compromiso a "no autorizar recalificaciones del suelo que ocupa la factoría Coca-Cola diferentes al uso previsto en el actual planeamiento urbanístico", en caso de que la factoría fuenlabreña acabe cerrando y no sean readmitidos los trabajadores tras ser declarado nulo el ERE por la Audiencia Nacional. El expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a cerca de 1.200 empleados y que supuso el cierre de cuatro plantas.
Esta primera medida es una apuesta por mantener el suelo productivo en lugar del especulativo en una región como Madrid que en los últimos años de la crisis está sufriendo un proceso de desindustralización.
En la moción aprobada por el consistorio también se proponen varias medidas de "apoyo a los trabajadores" y a la continuidad de la actividad empresarial. Al respecto, los Grupos fuenlabreños han asegurado que "revisarán todos los contratos publicitarios que sean de competencia directa del Ayuntamiento, así como las actividades de todo tiempo que pudieran ser organizadas por la marca de bebidas".
Además, exigirá también a la antigua Casbega "el estricto cumplimiento de las normas de transito relativas a vehículos pesados cuando circulen por el municipio" y promoverá que, durante las Fiestas Patronales de septiembre, "partidos políticos, sindicatos y entidades ciudadanas no consuman la marca de refrescos".
El Ayuntamiento ha anunciado que instará a otros Consistorios "a que se sumen a estas medidas" en una moción que elaboraron los propios trabajadores de la empresa y que ha sido hecha suya por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Por otro lado, este jueves se retoman las negociaciones del ERE con el exministro Manuel Pimentel como interlocutor designado por Coca-Cola Iberian Partners que se reunirá con representantes de los sindicatos CSI-F, CCOO y UGT.
