Por Javier López | Secretario Confederal de Formación de CCOO | Conocer los problemas que aquejan a la Formación Profesional para el Empleo es tan sólo el primer, aunque necesario, paso para abordar las transformaciones, los cambios y las soluciones. Porque no basta conocer la realidad, es preciso mancharse las manos y transformarla.
Abundan los análisis. Hasta yo, recientemente, presenté una aproximación a los problemas de eso que hemos dado en denominar subsistema de formación para el empleo. Sin embargo, cuando hablamos de soluciones, nos adentramos en el complejo campo de los intereses creados.
Las denominadas "entidades organizadoras", eufemismo que sirve para definir las empresas de formación creadas al calor de la ejecución de los programas de formación para el empleo, plantean que quieren estar en los organismos donde se decide el reparto de los recursos. Otros sectores empresariales plantean que el dinero de la cuota de formación lo ponen las empresas y debe volver a las empresas para ser gestionado directamente por ellas. Algunos proponen que sean los grandes sectores empresariales y los sindicatos presentes en cada sector, los que gestionen la parte de la cuota que les corresponde, teniendo en cuenta que hay experiencias que vienen funcionando así en determinados sectores.
Hay quien plantea que la cuota la pagan empresas y trabajadores y no debe dedicarse a formar a personas desempleadas. Otros quieren expulsar a las Comunidades Autónomas del subsistema. Y no falta quien quiera expulsar a los empresarios y los sindicatos de la formación, para hincarle el diente a los 1.860 millones de euros recaudados en concepto de cuota.
La Formación Profesional para el Empleo sufre, como podemos comprobar, los mismos males que la sociedad española. A perro flaco todo son pulgas y cuando los recursos escasean, quien más quien menos, quiere decidir el destino de esos recursos menguantes. Al final, podemos satisfacer a unos y defraudar a otros, alcanzar componendas que tan sólo retrasen el encontronazo final, o negociar soluciones que permitan resolver los problemas y cumplir el objetivo para el que fue creado el subsistema de formación profesional para el empleo, buscando el punto de encuentro que permita que cada uno encuentre su espacio, el más adecuado para aportar aquello que mejor sabe hacer.
Y no basta un nuevo acuerdo de formación para el empleo como los cuatro anteriores que se firmaron y que dieron sus frutos en un país en crecimiento. No volverán aquellos tiempos. No habrá pelotazos, ni oportunidades flotando en nuevas burbujas. Sólo habrá esfuerzo, trabajo, construcción colectiva de una nueva realidad. De nosotros y nosotras dependerá que esa realidad se encuentre al servicio del desarrollo humano, o de intereses privados, alejados de la igualdad y la justicia social.
Creo, para empezar, que sería razonable que el nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo contase con un organismo estatal participado por la Administración Central, las Comunidades Autónomas, los empresarios y los sindicatos. Lo de menos es el nombre (Fundación, Agencia, Instituto...). El modelo podría ser el de la actual Fundación Tripartita, con presencia de las Comunidades Autónomas y con competencias sobre el conjunto de la cuota de formación, a los que habría que sumar los recursos procedentes de Presupuestos Generales del Estado para formación vinculada a políticas activas de empleo.
Creo que el objetivo de este instrumento debe ser asegurar el ejercicio del derecho individual a la formación profesional para el empleo, ya sea para encontrar un puesto de trabajo, para cambiar de empleo, o para promocionar en su carrera profesional. Para ello, debería contar con competencias para detectar necesidades formativas, planificar la formación, gestionar los recursos, controlar y evaluar los procesos formativos, partiendo de la negociación colectiva, de la libre elección de los trabajadores y trabajadoras de sus itinerarios formativos y de la correcta articulación y necesaria cooperación entre las administraciones para asegurar el derecho a la formación.
La eficacia y la eficiencia, la transparencia, la libre concurrencia, la evaluación permanente y la adaptación a las necesidades personales y de los sectores productivos, deberían formar parte de los principios rectores del nuevo modelo.
Para poder hacer realidad este nuevo modelo habría que acordar una serie de medidas que actuasen en la corrección de los actuales problemas. En primer lugar, asegurar la cooperación entre Educación y Empleo, que permita poner al servicio de este objetivo todos los recursos existentes, incluidos los centros públicos de formación profesional, las Universidades y los centros de formación de personas adultas.
En segundo lugar, definir las competencias de las diferentes Administraciones, teniendo en cuenta que más de 1.000 millones de euros de la cuota van a las Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional ha declarado de forma insistente que el actual sistema se ajusta a la Constitución. Al igual que los organismos estatales y la propia Fundación Tripartita. La capacidad de las Comunidades Autónomas en la ejecución de los recursos, de acuerdo con la normativa estatal, debería asegurar también la existencia de sistemas integrados de información y orientación laboral, para facilitar la mejora de la cualificación, a través de la formación y el reconocimiento de la experiencia profesional. Dicho de otra manera, no contamos en estos momentos, tan siquiera, con una base de datos fiable sobre la formación ejecutada por las Comunidades Autónomas con fondos de la cuota. No existe un registro de la formación adquirida por cada trabajador o trabajadora a lo largo de su vida laboral.
Con respecto a los cerca de 600 millones que van a bonificaciones de la formación realizada directamente por las empresas, hay que recordar que este tipo de sistemas facilita si no el fraude, sí las irregularidades. Pese a la obligación de informar sobre los planes de formación bonificada a la Representación Legal de los Trabajadores, que no siempre se cumple, con un tejido empresarial compuesto por PYMES y la mayoría de las veces MICROPYMES, donde no hay elecciones sindicales, ni representante legal de los trabajadores y trabajadoras, el campo queda abonado para miles de consultoras y empresas formativas, que patean esas micropymes ofertando bonificaciones.
El resultado es una formación generalista, cuyo objetivo es bonificarse lo pagado en cuota de formación y no tanto mejorar la cualificación de unos trabajadores y trabajadoras cada vez más temporales y precarios. En otros casos, es utilizada para formar a los altos ejecutivos, a cargo de empresas, a veces vinculadas a medios de comunicación, que organizan cursos, eventos, saraos en hoteles para altos ejecutivos y preparan los papeles para obtener la bonificación correspondiente.
La existencia de un registro de centros públicos y privados donde poder formarse en las condiciones adecuadas y la vinculación de la formación bonificada con las necesidades sectoriales trazadas por empresarios y sindicatos en la negociación colectiva, podría contribuir a determinar qué formación es bonificable en un sector, pero no lo es en otro y quién puede ejecutar y certificar esa formación.
Hay más elementos a tomar en cuenta, pero creo que bastaría culminar planteando la necesidad de un modelo de formación para el empleo muy vinculado a la negociación colectiva de los sectores y grandes empresas para determinar las necesidades reales. Un modelo en el que participen las Administraciones y los actores sociales del empleo ( empresarios y sindicatos). Un modelo articulado en todos sus niveles y bien conectado con el sistema educativo. Un modelo que asegure el ejercicio del derecho individual a la formación, la movilidad, la libre circulación y la promoción profesional de los trabajadores y trabajadoras. Un modelo eficaz, eficiente, transparente y evaluable de forma permanente, porque los cambios se producen muy rápido y es necesario adaptar la formación a los mismos.
Creo que trenzar una cuerda con estos mimbres no debería ser tarea difícil en un país de gente sensata. El problema es que entre la crisis y los intereses creados, la voluntad política escasea y dejar pasar el tiempo para ver si escampa es una tentación demasiado fuerte. Bastante tenemos con Gallardón y su aborto de ley, con Wert y su chulería educativa, o con el pelotazo sanitario cada día más ilegal. Bastante tenemos con la corrupción. Con una Cataluña que amenaza con irse, un País Vasco que considera bloqueado el proceso de paz y una sociedad fracturada, individualizada y dividida, que empieza a romper las costuras del traje constitucional construido en las últimas décadas.
Por eso, una y otra vez, se anuncian para mañana unos V Acuerdos de Formación, o una reforma del subsistema, o un nuevo modelo de formación para el empleo. Luego pasan semanas y meses y años y nada sigue igual, porque todo va a peor cuando no se solucionan las cosas.
Alguien tiene que dar un paso adelante. Cuando el Secretario General de CCOO manifiesta que no tenemos ningún problema en dejar de ejecutar formación, está planteando que no es un objetivo, del modelo futuro de formación, que seamos empresarios y sindicatos quienes impartimos, o no, cursos de formación. Deberán ser los centros registrados y acreditados, sean públicos o privados, de instituciones o de empresas, de organizaciones empresariales o sindicales, o creados en el ámbito de la negociación colectiva sectorial, los que realizan esos cursos. Ejecutar formación no es la prioridad, ni puede convertirse en el debate principal sobre el futuro del sistema de formación profesional para el empleo.
Pero, de igual manera, conviene dejar claro que los recursos con los que cuenta la Formación Profesional para el Empleo proceden de las empresas y de sus trabajadores. Por eso, ni los empresarios, ni los sindicatos, vamos a renunciar a participar en el gobierno de la formación que se realiza con esos recursos. El diseño, la planificación, la dirección, la gestión, la evaluación permanente.
Abordar este reto es urgente, entre otras cosas porque la mejor inversión que podemos hacer, mientras dure la crisis, es la formación de eso que unos denominan capital humano de un país y otros preferimos definir como formación de las personas, derecho a la educación durante toda la vida.
Construir una sociedad democrática exige personas cualificadas profesionalmente, pero también con una cultura de la participación y del diálogo a prueba de bombas. Necesitamos excelentes profesionales, pero también empresarios, sindicalistas, políticos, ciudadanos y ciudadanas sensatos, honestos, trabajadores. Mujeres y hombres capaces de hacernos sentir que la defensa de los intereses individuales, o los de un colectivo, son y deben ser siempre compatibles con los intereses generales. Que hagan posible que nos sintamos parte de un proyecto compartido de convivencia entre libres e iguales.
Esas gentes que el país necesita no se fraguan en un día, sino en procesos de formación largos, que no se agotan en un cursillo, ni en una carrera universitaria, ni en un puesto de trabajo en una empresa. Son procesos de formación profesional y en valores del trabajo, en los que toda la sociedad, desde la familia hasta los partidos políticos, desde el colegio hasta la empresa, desde el sindicato hasta los gobiernos, debemos estar firmemente comprometidos. No va a ser fácil, pero tiene que ser.
