miércoles 16.10.2019
JUICIO CONTRA KATIANA VICENS

La fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para una sindicalista acusada de romper un cristal de un autobús

La secretaria general de CCOO de Baleares niega los hechos, atribuyéndolos a un intento de "debilitar el derecho de huelga". 

Katiana Vicens | Secretaria general de CCOO de Baleares
Katiana Vicens | Secretaria general de CCOO de Baleares

El Juzgado de lo Penal número 6 de Palma acogió este lunes el juicio contra la secretaria general de CCOO, Katiana Vicens, por presuntamente romper el cristal de un autobús durante un piquete en la huelga general celebrada el 29 de marzo de 2012. La Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel para ella por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de daños. La fiscal Amparo González ha calificado de "antidemocrática" la actitud de Vicens.

Media hora antes, sobre las 9.30 horas, el secretario general estatal de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, se encontraba presente a las afueras de los Juzgados de Vía Alemania, mientras que en torno a las 12.00 se desplazó hasta la sede del sindicato en Palma, para participar en el acto de apoyo que tendrá lugar en apoyo a Vicens.

La acusada niega haber roto la luna del autobús

Los hechos por los que Vicens se encuentra acusada han sido negados tanto por el sindicato como por ella, al atribuir esta denuncia "falsa" a un intento de "criminalizar la protesta" y de "debilitar el derecho de huelga". La denuncia que dio pie al procedimiento judicial fue presentada por un trabajador del sector del transporte de la Estación Intermodal de Palma, quien asegura que la dirigente sindical rompió la luna de uno de los autobuses allí estacionados.

Para CCOO, la denuncia está enmarcada en una campaña de "desprestigio" por parte de sectores ultraconservadores a quienes "les interesa que personas relevantes de sindicatos estén imputadas por delitos contra los trabajadores y dar un mensaje de miedo sobre una violencia que es irreal".

El sindicato defiende que Vicens subió al autobús "para informar" a quienes iban en él pero no rompió la luna "ni se sabe cuándo sucedió eso". "Es cierto que cuando Katiana bajó del vehículo, la Policía pidió que se identificase y así lo hizo, pero no se atentó contra el derecho de ningún trabajador", precisó en su día el secretario de organización de CCOO en Baleares, José Luis García.

"Nosotros no somos radicales, vamos con la cara descubierta, no somos bándalos que van destrozando el moviliario urbano", ha subrayado en este sentido el líder sindical, quien ha lamentado que con este tipo de actuaciones se produzca "una involución democrática y un retroceso de derechos que nos devuelve a situaciones anteriores a la democracia".

Por su parte, el secretario general de CCOO a nivel nacional, Ignacio Fernández Toxo, también se pronunció al respecto en Palma y, en este sentido, apuntó a una "instrucción" por parte del poder político, a través de la Fiscalía, dirigida a "vulnerar" las libertades sindicales.

"Después de haber estado en las cárceles franquistas, jamás se me pasó por la imaginación que tras aprobarse la Constitución alguna persona volviera a pasar por esta situación por defender derechos fundamentales", subrayó Toxo, quien expresó su confianza de que estos hechos "no sean el preludio de una involución todavía mayor".

La propia Vicens defiende que los hechos que se le imputan son "absolutamente falsos" ya que en ningún momento rompió cristal alguno como tampoco actuó junto a otras personas para impedir que el autobús arrancara. En este contexto, hizo alusión en rueda de prensa a "la involución democrática de este país en forma de nuevas normativas y a través de intentos de criminalización de concentraciones y manifestaciones".

De hecho, criticó que las acusaciones que pesan sobre ella "forman parte de una caja brujas que pretende debilitar el último muro de contención a las políticas neoliberales y a las organizaciones sindicales".

Según recordó, durante la mañana en que sucedieron los hechos, subió a media docena de autobuses "a hacer la tarea del piquete y comprobar que que estuvieran de servicios mínimos, con absoluta normalidad y como lo hicieron otros compañeros". En el vehículo donde presuntamente fue fracturada la luna, Vicens aseguró que el conductor "se puso muy nervioso y el policía que había abajo me pidió que bajara. No vi ningún cristal roto, yo no rompí ninguno ni tampoco actué con nadie para impedir que el autobús saliera", remarcó.

El PSOE se solidariza con la sindicalista

La secretaria de Empleo del PSOE, María Luz Rodríguez, asistió este lunes al juicio para mostrar el apoyo de su partido a la sindicalista y con ello “el apoyo a todos los trabajadores, a los derechos de los trabajadores y a la defensa de la democracia y del derecho de huelga”. A su llegada a los juzgados de Palma, Rodríguez recordó que “hace muchos años que no se juzgaba a un sindicalista en nuestro país, que no se perseguía a las personas que defienden los derechos de los trabajadores, que no se limitaba la democracia, ni se limitaba el ejercicio del derecho de huelga, que es un derecho fundamental en nuestra Constitución”.

La dirigente socialista recordó que la secretaria general de CCOO en Baleares “está siendo hoy juzgada porque participó en una huelga contra la reforma laboral del PP” y ha reiterado el compromiso del PSOE en derogar esa reforma laboral cuando llegue al Gobierno. “Vamos a derogar la reforma laboral del PP y vamos a impedir que vuelva producirse el hecho de que por ejercer un derecho democrático haya quienes se ven sometidos a procesos penales”. En este sentido, apuntó que hay casi 300 sindicalistas imputados por ejercer el derecho legítimo y democrático de huelga.

Rodríguez señaló que quizá quepa cuestionarse por qué se está aplicando ahora el artículo 315.3 del Código Penal, que ya existía en nuestro, país, pero no se había aplicado y por qué “desde que empezaron las reformas laborales hay una masiva utilización de ese artículo contra sindicalistas” En este sentido, señaló que el PSOE no cree que exista una instrucción escrita a la Fiscalía, pero “es probable que haya una instrucción oral a la Fiscalía para reprimir el ejercicio del derecho de huelga, que formaría parte de una actuación a la que nos tiene acostumbrados el PP: reprimir los derechos, en este caso, reprimir el derecho de huelga, y recortar los derechos de los trabajadores”, concluyó.

La fiscalía pide 4 años y medio de cárcel para una sindicalista acusada de romper un...
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