domingo 28/11/21
INFORME DE LA FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

Los españoles, ¿’analfabetos’ fiscales?

El fraude fiscal en España sigue siendo uno de los principales problemas de la recaudación tributaria. El asunto tiene muchas derivadas pero una de las asignaturas pendientes es que el ciudadano sea consciente de la necesidad de pagar impuestos que reviertan en prestaciones y servicios sociales. La socióloga María Goenaga propone una serie de propuestas para el “rearme moral” del contribuyente.

Los españoles siguen asumiendo el fraude fiscal como algo natural. La célebre frase de “¿con IVA o sin IVA?” resulta paradigmática al respecto. En tiempo de bonanza, con altos niveles de empleo y consumo, las arcas del Estado no se ven tan perjudicadas por estas prácticas fraudulentas, pero en tiempos de crisis y asumiendo la impopularidad de subir los impuestos, las únicas fórmulas posibles para mantener el engranaje de un estado de bienestar siguen siendo reducir el fraude y mejorar los mecanismos de recaudación.

Cuando hablamos de impuestos, generalmente el debate se dirime en asuntos técnicos: que si subir más el IVA, que si rebajar las cotizaciones sociales, que si tocar el impuesto de Sociedades. Pero, hace ya bastantes años que en España se ha olvidado fomentar la cultura fiscal, es decir que el ciudadano acepte de forma natural su obligación de pagar impuestos y que conozca a qué se destinan los mismos. Ese particular enfoque sociológico de la fiscalidad es el que aborda la socióloga María Goenaga en su estudio ‘Medidas sociales para combatir el fraude fiscal' presentado este miércoles por el Laboratorio de la Fundación Alternativas en un desayuno informativo en el que intervinieron además de la autora, la directora del Laboratorio, Belén Barreiro, y el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Jesús Ruiz-Huerta.

El trabajo bebe de dos fuentes con datos del año 2011: el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y aporta elementos muy significativos siempre desde la óptica sociológica.

La Unión Europea ha cifrado el fraude fiscal en España en 60.000 millones de euros anuales

La autora sostiene que los españoles no han sido socializados para pagar impuestos y reclama un mayor compromiso de las administraciones públicas para revertir esta situación, principalmente en el ámbito de la educación, para formar a los futuros contribuyentes, así como en el de la información y comunicación con campañas permanentes de concienciación tipo a lo que se viene haciendo con la educación vial que está dando excelentes resultados.

Pese a que el ciudadano español no ha interiorizado la suficiente la necesidad de pagar impuestos sí que es consciente de los niveles de fraude quizá también provocado por los escándalos de corrupción que se han dado a conocer en los últimos años. Según datos del IEF, 8 de cada 10 ciudadanos entrevistados tienen la percepción de que se ha producido un aumento del fraude en la última década; y según datos del CIS, 9 de cada 10 españoles considera que existe mucho o bastante fraude en nuestro país. Además, 6 de cada 10 encuestados creen que el fraude fiscal está muy generalizado y que el pago de los impuestos es muy imperfecto; y la mitad de los españoles (52,2%) sitúa el tipo de fraude más perjudicial en las actividades económicas ocultas a Hacienda y a la Seguridad Social.

En términos generales, los contribuyentes españoles reconocen que el fraude fiscal tiene efectos perniciosos, disminuyen los recursos para financiar los servicios públicos y crea injusticias. Hasta un 67% afirma que no se puede justificar la evasión de impuestos, que es una cuestión de solidaridad y de principios; y hasta un 84,7% estima que engañar a Hacienda es engañar al resto de ciudadanos.

La sanidad no es gratis, tampoco la educación o los transportes públicos, sino que se sustentan con los impuestos de todos los ciudadanos

Sin embargo, el fraude en España sigue siendo muy elevado y casi la mitad de los ciudadanos culpa a la Administración de no adoptar las medidas pertinentes para erradicarlo. El trabajo muestra que la falta de cultura fiscal en un contexto de crisis viene determinada por una “desafección tributaria” y la pérdida de “ilusión financiera”. Es precisamente en esos aspectos donde la autora quiere incidir para manifestar la necesidad de que se informe a los ciudadanos a qué se destinan sus impuestos, más ahora que cunde la percepción de que el dinero de los contribuyentes va a parar a los bolsillos de los corruptos o al pago del monstruoso volumen de deuda o rescate bancario. Siendo esto cierto, lo es también que servicios como la sanidad ya de por sí solos justifican el pago de impuestos, por lo que mensajes políticos tipo a la gratuidad de los mismos resultan contraproducentes ante la necesidad de ese rearme moral: la sanidad no es gratis, tampoco la educación o los transportes públicos, sino que se sustentan con los impuestos de todos los ciudadanos.

El español no es suficientemente consciente del coste de los servicios públicos

La autora del estudio apuesta por revitalizar un plan de concienciación ciudadana tal como se hizo en los años ochenta (el último plan data de 2008 y no se ha vuelto a actualizar). En este sentido propone equilibrar la coacción real (sanciones o multas) con la coacción simbólica, por medio de mecanismos que logren la “colaboración” voluntaria del contribuyente. Incide asimismo en la educación en valores, recuperando el conocido como Programa de Educación Cívico-Tributaria (PECT) de la AEAT que se puso en marcha en 2003 pero que en estos momentos se encuentra en ‘stand-by’, dirigido principalmente a los más jóvenes. A la educación fiscal se une la información y asistencia al contribuyente a lo que ha contribuido la informatización del sistema tributario, subraya la autora.

¿Y qué justifica la legitimidad de la obligación tributaria? Los datos del estudio señalan dos cuestiones: por interés personal (siendo la sanidad el servicio público que realmente justifica el pago de los impuestos por los españoles, 49%); y la equidad fiscal, donde, según el CIS, el 82,8% cree que los impuestos no se cobran con justicia, es decir que no paga más el que más tiene.

Por todo ello, María Goenaga apuesta por incrementar las medidas educativas a niños y jóvenes; revitalizar el PECT dentro de la AEAT; firmar un convenio de colaboración entre Hacienda y Educación; implicación del PECT en otros Ministerios; actualización de la web del PECT; ampliación del PECT a niveles educativos posobligatorios; sistema de evaluación avanzado del PECT y una mayor y mejor comunicación del mismo. En cuanto a información, la socióloga propone que se dé al ciudadano información sobre cómo y en qué se gasta el dinero de sus impuestos; sobre el principio de progresividad del IRPF; más inspecciones fiscales para la disuasión del fraude; y mejora de la comunicación en los medios en temas fiscales, entre otras medidas.

Se trata, tal y como puntualizó Jesús Ruiz-Huerta, de una cuestión política y no solo técnica, asunto que debe abordarse como un asunto de Estado que devenga en un ‘pacto fiscal’ similar al que se produjo en los Pactos de la Moncloa.

Los españoles, ¿’analfabetos’ fiscales?
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