Martes 18.06.2019

España tiene las tasas de paro y pobreza laboral de extranjeros más altas de la Unión Europea

UGT alerta sobre el déficit en las políticas para garantizar la igualdad de la población extranjera en España.

El resultado es que nuestro país encabeza la lista de países de la UE con la mayor tasa de paro y pobreza laboral de población nacional de terceros países

Las estadísticas sobre el desempleo, la precariedad, las desigualdades y la pobreza en España son alarmantes, pero estas cifras se agravan en el caso de la población extranjera en nuestro país. Así lo denuncia UGT que alerta de que España tiene las tasas de paro y pobreza laboral de extranjeros más altas de la UE. 

“España presenta déficit en las políticas de igualdad que prevengan la discriminación y faciliten la integración de la población extranjera”, señala el sindicato que denuncia que el Gobierno no ha establecido políticas de igualdad específicas para prevenir la discriminación e integración social. Es más -señala-, en los últimos años se han eliminado presupuestos y políticas para reducir las desigualdades que sufre este colectivo, a lo que se unen los “incumplimientos”, por parte de la Unión Europea, de los compromisos de reubicación y reasentamiento de solicitantes. 

La pobreza en menores alcanza el 53 por ciento

Según los datos que aporta el sindicato, la tasa de desempleo de los nacionales de terceros países en España se sitúa en el 33,5%, la tasa de este colectivo con empleo en riesgo de pobreza es del 45,1% y la tasa de pobreza de menores de 17 años (hijos de extranjeros nacionales de terceros países) es del 53,1%. En los tres casos, es la tasa más alta de los estados miembros que recogen la variable de nacionalidad.

El descenso de la tasa de paro, en el caso de los nacionales de terceros países, no se debe a que se haya incrementado el empleo, sino a que ha descendido su población activa, como consecuencia de la emigración. Se quedan en España los que tienen empleo, aunque sea precario, afirma UGT.

Las diferencias en tasa de paro, entre la población española y personas nacionales de terceros países, alcanzan los 10 puntos. La tasa de paro de los hombres españoles en 2016 era de 17,19% frente a 27,83% de los hombres extracomunitarios. En el caso de las mujeres, la tasa de paro de las españolas, 20,44%, se incrementa hasta el 30,6% en las mujeres nacionales de terceros países.

También han visto devaluados sus salarios, ya de por sí bajos. El 17,5% de los asalariados extranjeros tenía en el año 2015 un salario medio de 357 euros mensuales, 156 euros menos que en el año 2007.

Además, el acceso a la nacionalidad española, en el caso de los países con los que tenemos convenio de doble nacionalidad, no conlleva una equiparación en el mercado de trabajo.

La tasa de pobreza de la población extranjera no comunitaria residente en España alcanza el 55,3%, frente al 21% de la tasa de pobreza general

La combinación de paro y empleo precario, junto a una deficiente protección social y la ausencia de redes familiares, eleva la tasa de pobreza de la población extranjera no comunitaria residente en España hasta el 55,3%, frente al 21% de la tasa de pobreza general.

Para poner solución a esta situación UGT reclama, entre otras medidas políticas activas que aborden la situación de paro, pobreza y subempleo de este colectivo; que se recupere el derecho a la asistencia sanitaria de todas las personas, incluidas aquellas en situación administrativa irregular; y que se incremente el presupuesto en la educación destinada a compensar desigualdades (entre otras, de las minorías étnicas y culturales y alumnado extranjero y para prevenir el racismo y la xenofobia). El dinero destinado a este fin ha ido a menos. Este programa contaba con 169 millones de euros en los presupuestos de 2012; en el proyecto de Presupuestos Generales de 2017 apenas supera los 4 millones.

MEDIDAS QUE PROPONE UGT

Asimismo, demanda que se recupere y adapte, a las necesidades actuales, el Fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes (este fondo se repartía entre las Comunidades Autónomas y alcanzó su mayor presupuesto en el año 2009 con 200 millones de euros), pero el Gobierno del PP lo eliminó en 2012, manteniéndolo a cero también en el Proyecto de Presupuestos de 2017. Exige también que se promueva una nueva Estrategia integral contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, dotada de presupuesto y adaptada a la realidad actual.

Mención aparte es la exigencia de que el Gobierno defienda en las instituciones de la Unión el cumplimiento del derecho de asilo y de los compromisos de reubicación y reasentamiento de solicitantes de protección internacional, asumiendo igualmente su parte de responsabilidad y que respete, de manera estricta, los derechos humanos en la vigilancia de las fronteras exteriores, derogando la previsión de la Ley de Extranjería que permite las llamadas “devoluciones en caliente” y que fue introducida por la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza y que actualmente ha sido desacreditada por la mayoría parlamentaria.

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