La Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción (FAEDEI) agrupa a las 12 asociaciones autonómicas que, a su vez, están compuestas por este tipo de empresas cuyo objeto es integrar socio-laboralmente a personas que el mercado laboral ya no quiere mirar a la cara ni, desafortunadamente, contratar: personas en situación o riesgo de exclusión social [1]. Son empresas que forman parte de la economía social y resultan imprescindibles para la construcción de la cohesión social y para la puesta en práctica de políticas activas de empleo pues, de manera autónoma y sostenible, realizan actividades económicas en diferentes sectores de la economía, siempre competentes para introducir sus productos en el mercado. Su función esencial es crear empleo y ofrecer itinerarios de formación e inserción a personas que tienen dificultades para ser contratadas laboralmente por estar en riesgo de exclusión social. Han diseñado su trabajo y compromiso social desde la gestión empresarial, creando puestos de trabajo que ayuden a la re-habilitación personal. Para ello, lógicamente, la empresa ha de ser viable y competitiva.
Uno de los retos más importantes que tiene FAEDEI es dar a conocer cómo las empresas de inserción complementan los programas y políticas públicas de las distintas administraciones y suponen un ahorro en gasto social, al desarrollar un conjunto de medidas de responsabilidad social empresarial encaminadas a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación de exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo personal, social y laboral. Sin estas empresas, colectivos de personas quedarían en la cuneta, sin ayuda para su integración laboral. De ahí su significado social y su aportación a la construcción social.
Bien, pues estas empresas han crecido en la crisis, frente a un mercado empeñado en destruir empleo con la excusa de buscar mayor flexibilidad laboral que, coincidiendo con Ulrich Beck, demasiadas veces significa buscar maLas eyores facilidades para el despido y menores compromisos por el empleo. Qué paradoja, cuando todo el mundo empresarial se ha habituado a los ERES y a generar desempleo como solución pronta a sus problemas, las empresas sociales crecen. Lo que debería hacer reflexionar a quienes tienen el poder de crear políticas públicas de fomento del empleo. Hay más voces en la economía que las tradicionales y más experiencias empresariales que las dominantes, como hay más objetivos que maximizar beneficios de espaldas al dolor social.
Los datos de la Memoria de Faedei [2] (2012) expresan dinámicas empresariales favorables al compromiso social. Podría objetarse que son pocas empresas o que generan pocos empleos, desde un punto de vista exclusivamente estadístico, pero si ese fuera el criterio determinante de nuevo se expulsaría a la cuneta experiencias necesarias para la cohesión social. No solo lo económico es lo dominante. La estrategia de Lisboa (olvidada con demasiada rapidez) apuntaba a la necesidad de crecer económicamente en coordinación con la cohesión social.
El total de empresas afiliadas a finales del 2012 era de 183 (existen 204) y daban empleo a 4.335 personas, de las que 2.400 estaban en riesgo de exclusión social. Si estos puestos los encuadramos en jornada completa son –inserción y no inserción– 2.193 puestos de trabajo de los que 1.483 puestos corresponden a personas en proceso de inserción. Han crecido, se ha creado empleo y los ajustes necesarios que algunas de estas empresas han tenido que hacer nunca se ha hecho contra el empleo. Por ello, en el periodo de la crisis (del 2008 al 2012) han crecido casi un 76%, como lo demuestra el siguiente cuadro:
La propia regulación de estas empresas pide que al pasar un determinado tiempo, cuando las personas han adquirido su normal desarrollo profesional, se reintegren a un empleo normalizado en el mercado de trabajo. El éxito de la empresa de inserción es conseguir que sus personas se vayan al empleo normalizado. Lo que las constituye en una escuela permanente de integración. Esto es positivo, pues una persona no puede quedarse indefinidamente en este tipo de empresa, pero, a la vez, las impregna de una dificultad de gestión añadida, consistente en que sus profesionales se marchan, demasiadas veces, a empresas de la competencia. Bucle que no tienen el resto de empresas y se convierte en un lastre competitivo, pues la empresa de inserción ha de luchar en el mercado en condiciones similares al resto de empresas del sector económico en que actúa ya que, curiosamente, no tiene mercados protegidos. El cuadro siguiente muestra el destino final de las personas insertadas. Sigue siendo expresivo que el 57,98% de las personas no sean readmitidas en el mercado laboral normalizado. Lo que expresa que éste tiene mecanismos de exclusión difíciles de neutralizar.
Las actividades realizadas requieren de poca especialización pues las personas que se incorporan suelen tener desgarros importantes y lo fundamental es recuperarlas enseñándoles habilidades profesionales que sean capaces de absorber e interiorizar: algunos ejemplos de estas actividades son reciclaje y reutilización, comercio, hostelería y alimentación, artes gráficas, mensajería, etc.
La Memoria de Faedei muestra que las 183 empresas tuvieron en el año 2012 unos ingresos totales 83.198.460,96 € y facturaron 63.928.217,79 €., generando un valor añadido bruto de 54.382.052,35 € Los ingresos están compuestos por:
Se ha cuestionado por los defensores del hipotético “libre mercado” (que es libre cuando lo controlan quienes defienden “su” libertad para blindar sus intereses) la acción de estas empresas alegando que son competencia desleal por tener subvenciones públicas. Del cuadro anterior (por cierto, con una transparencia que desearíamos para el resto del mundo empresarial) se concluyen dos bloques importantes de ingresos: ventas (algo menos del 80%) y subvenciones (en torno al 20%). La justificación de estas subvenciones radica en que el proceso productivo, realizado con personas de profesionalidad débil inicialmente, es más costoso y debe ser compensado por los Poderes Públicos pues se está abordando una tarea que a los Gobiernos les correspondería, como es la integración y normalización de personas excluidas socialmente. No obstante, se estima que estas mismas empresas retornaron en el año 2012 a las administraciones públicas 9.489.228,81 € (en concepto de seguridad social, IRPF, IVA o situaciones especiales, Impuesto sobre Sociedades y otros tributos). Lo que significa que por puesto de trabajo creado para la inserción se retorna 6.398,67 €. Esto representa un 11,41% de la cifra total de ingresos. El resto, hasta ese 20% recibido en subvenciones, es superado por el ahorro en políticas públicas que los Gobiernos deberían invertir para neutralizar la exclusión social.
Bien, ¿qué significa esta realidad? Primero, que se crece si el empeño es el empleo y si estratégicamente se pretende crecer. Los comportamientos de parálisis derivados por sospechosos desánimos tienen mucho que ver con la detención de la economía. La influencia de las creencias y de la actividad económica no están del todo desligadas. Segundo, que el empleo, como argamasa de la cohesión social, es (debe ser) una prioridad de todos, también de las empresas que viven de una sociedad que les favorecerá si está integrada y les perjudicará si está desgarrada. Tercero, que los objetivos sociales nunca deberían haberse separado de los empresariales. La Comisión Europea centra la Responsabilidad Social Empresarial en la integración en la estrategia empresarial de las inquietudes y preocupaciones sociales. Ya está bien de priorizar la maximización del beneficio con independencia del desgarro social que pueda provocar la acción empresarial. Cuarto, que las personas que integran la sociedad en que vive cualquier empresa tienen, a veces, problemas que el mundo empresarial debería saber cuidar y atender, pues su mejor solución siempre será más oportuna para el desarrollo empresarial. Las empresas inteligentes desean vivir en entornos socialmente serenos e integrados, porque ello favorece a su estrategia empresarial. Ojala nuestras empresas lo entiendan y los asuman abandonando atapas más propias de sociedades desgarradas. Las empresas de inserción han crecido a pesar de la crisis, enhorabuena. Aprendamos de ellas.
[1] Perceptores de Rentas Mínimas de Inserción, o cualquier otra prestación similar, según la denominación adoptada en cada Comunidad Autónoma, así como los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas. Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en el párrafo anterior (por: falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora; por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido). Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores. Personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social. Ex presidiarios, parados de larga duración. Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo autorizados por las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla… La situación de exclusión de las personas pertenecientes a los diversos colectivos deberá ser acreditada por los Servicios Sociales Públicos competentes.
