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jueves. 18.08.2022
POR JOSé CAMPOS TRUJILLO Y FREDERIC MONELL I LLIRó

Los Consejos Económicos y Sociales en el punto de mira

Recientemente hemos leído en prensa un caso singular que resulta preocupante. Se quiere eliminar el Consejo Económico y Social de Asturias vía proposición de ley planteada por el PP con el apoyo de UPyD. Anteriormente ya se suprimieron los CES de Cantabria y Castilla La Mancha, entre otros.

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La utilidad del CES es la de fortalecer las políticas públicas en general

Los Consejos Económicos y Sociales, los CES, están en el punto de mira de las políticas de austeridad presupuestaria. Se trata de adelgazar lo que desde algunos sectores se considera un sobredimensionado sector público. Se aduce que son excesivamente gravosos para el erario público, achacándoles por tanto poca utilidad o escasa productividad. Se dice que no son una institución políticamente rentable. Sin embargo, la causa tal vez sea la independencia respecto al poder público y a los Gobiernos.

La Constitución Española recoge el mandato, dirigido a los poderes públicos, de promover y facilitar la participación de la ciudadanía, directamente o a través de organizaciones o asociaciones, en la vida económica y social.

Con este propósito se crea el Consejo Económico y Social. Al tiempo que cumple con esta función constitucional, el CES sirve de plataforma institucional de diálogo y deliberación, en la medida en que constituye el único órgano donde están presentes un amplio conjunto de organizaciones representativas de la sociedad civil.

Quizás por ello el Consejo de Estado, en su dictamen del pasado 7 de febrero sobre el Proyecto de Ley de Racionalización del Sector Público, previene frente a la supresión de órganos que actúan en el ámbito de las políticas sociales, como es el caso de los CES.

Igual que ya sucediera con otros CES, como el Castilla La Mancha o el de Cantabria, con el de Asturias se apela también al factor eliminación de duplicidades; afirmación inexacta en este caso, ya que los CES actúan en su propio ámbito y en relación al proceso legislativo específico de cada Comunidad Autónoma, como el del Estado lo hace en relación al de las Cortes Españolas.

En defensa del CES Asturias, y en general de todos los CES, conviene recordar que son organismos que permiten implementar una comunicación o diálogo constante entre los diferentes intereses existentes en nuestra sociedad: los económicos, los sociales y los promovidos desde las propias administraciones. Favorece, por tanto, no ya sólo la toma de decisiones más acertada sobre lo social, lo laboral o lo económico, sino que alienta y estimula el consenso, lo que es fundamental para la convivencia, para preservar el Estado del bienestar y la propia justicia social.

La utilidad del CES es la de fortalecer las políticas públicas en general. Dado su carácter consultivo y asesor, además de ser orgánicamente autónomo, lo hace emitiendo, de forma democrática, decisiones, informes o dictámenes, por lo que su labor influye positivamente sobre la futura legislación de contenido económico, social o laboral promovida desde los poderes públicos.

Por tanto, eliminar una institución democrática, independiente, plural, que representa al conjunto de la sociedad civil, que emite útiles informes abordados de forma concienzuda y responsable, que además es un formidable puente para el diálogo social, máxime en tiempos difíciles en los que debe escucharse mucho más la voz de la sociedad civil antes de alentar una decisión tan drástica como irresponsable, es cuando menos interesada.

Como cualquier organismo, y en función de la coyuntura social o económica, puede adaptarse su composición y ser optimizada para conseguir más eficacia o eficiencia en su cometido. Sin duda todo es mejorable, pero antes de adoptar una decisión tan errónea como la de eliminar un instrumento de participación social, aduciendo que es insostenible o que genera duplicidades, habría que documentarse más sobre lo que este organismo con su buena labor supone de interés para el bienestar social, el progreso general y la propia calidad democrática del país.


José Campos Trujillo, Secretario Confederal de Relaciones Institucionales de CCOO

Frederic Monell i Lliró, Secretario Confederal de Participación Sindical e Institucional de UGT

Los Consejos Económicos y Sociales en el punto de mira