La Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de ley para la reforma del sistema de formación profesional para el empleo, que pasa ahora al Senado y en la que se han incluido casi cuarenta enmiendas transaccionales pactadas con los grupos parlamentarios.
En la votación de la norma, que ha sido respaldada por 37 votos a favor y 4 abstenciones, se han introducido varias mejoras en el texto, como la dotación de una partida en los presupuestos generales del Estado que permita impartir formación en los centros de la red pública de formación reglada.
La portavoz del grupo parlamentario popular, Celia Villalobos, ha explicado que esta medida permitirá poner en valor estos centros “que ahora cierran a las cuatro de la tarde” y ha especificado que su cuantía debería ir en aumento, siempre que funcione.
Esta iniciativa ha sido valorada por el portavoz de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, que considera que se establecerán sinergias y complementariedades, ya que se aprovecharán los centros de formación reglada para impartir cursos de formación que hasta ahora son “autárquicos y no utilizados”.
Todos los grupos han puesto en valor el diálogo y consenso obtenido en el trámite de esta ley, que ha permitido mejoras en el tratamiento en el texto de las organizaciones de trabajadores, reflejando su participación en el control, seguimiento y evaluación de la formación profesional.
Respecto a otras peticiones de los grupos, que ponían en cuestión el cheque formación, Villalobos ha defendido que el texto “acota el fraude” que pudiera realizarse con esta herramienta y ha señalado que existen organismos para controlar y evaluar su utilización, aunque ha dejado claro que, si no funciona correctamente, se derogará su uso.
En este sentido, el portavoz del grupo socialista, Manuel de la Rocha, ha mostrado su recelo ante esta medida, ya que considera que estos cheques pueden terminar siendo utilizados por “élites laborales” y su gestión repleta de irregularidades, y ha pedido que su aplicación se realice progresivamente por comunidades autónomas.
De la misma opinión es Coscubiela, que ha apuntado que el cheque formación introduce posibilidades de fraude y el riesgo de que sólo se beneficien de él los trabajadores más cualificados.
En sus intervenciones, los grupos han reclamado flexibilidad para la pymes y micropymes a la hora de acceder a la formación bonificada, como la posibilidad de utilizar los fondos más allá del año en el que han sido concedidos, algo para lo que han recibido el compromiso del Gobierno de pactarlo al paso de la norma por el Senado.
Sin embargo, sí ha podido ser pactada una enmienda para conseguir que las pymes se agrupen por sectores o por zonas para poder acceder a los fondos de formación, aunque se ha mantenido la exención en el pago para aquellas de menos de cinco trabajadores, si bien se ha reducido el coste en el caso de las de seis a diez empleados.
Esta última medida es insuficiente para el grupo parlamentario catalán y para el socialista, que consideran que las pymes necesitan flexibilidad y que aquellas de menos de diez trabajadores deberían estar exentas de pago alguno.
La portavoz del grupo Mixto, Olaia Fernández, reclamó que se permita a entidades locales y asociaciones de municipios impartir cursos de formación, al tiempo que apostó por garantizar la empleabilidad de los empleados públicos, algo en lo que también coincidió el portavoz de CiU.
