Los secretarios generales de CC.OO. y UGT de Madrid, Jaime Cedrún y José Ricardo Martínez, respectivamente, han presentado su 'Plan de choque para la protección de las personas y de fomento del empleo en la Comunidad de Madrid', donde proponen un total de 20 medidas acompañadas de un plan de financiación de 700 millones de euros, entre las que se encuentran la de "recuperar el programa de contratación en las corporaciones locales y organismos públicos de personas desempleadas sin prestaciones".
Cedrún ha precisado que el plan no se trata de una "alternativa completa a las políticas del Gobierno regional" sino que es un plan de choque "con carácter urgente"
Esta medida vendría a sustituir al llamado contrato de colaboración social puesto en marcha por el Gobierno regional, dirigido a parados con prestación y que los sindicatos rechazan porque, en palabras de Cedrún, el desempleado pasa a "asumir sus costes laborales con su prestación" y excluye a los parados que no tienen ningún tipo de prestación, que constituyen la mitad de los 682.000 desempleados en la Comunidad de Madrid, según la EPA.
La propuesta de los sindicatos se orienta preferentemente a jóvenes menores de 30 años y mayores de 45 años en paro de larga duración para la realización de obras y servicios de interés general y "que no cubran puestos de carácter estructural". Así lo ha explicado Cedrún, quien ha señalado que "se tiene que hacer un esfuerzo entre las administraciones".
Cedrún ha precisado que el plan no se trata de una "alternativa completa a las políticas del Gobierno regional" sino que es un plan de choque "con carácter urgente", que incide en cuatro aspectos: ayuda y protección social a las personas y familias sin ningún tipo de cobertura en situación de riesgo social; freno a la actual destrucción de empleo; creación de empleo directo, e inserción laboral de los colectivos con más dificultades.
"Es imprescindible que el Gobierno regional dé un giro a su política fiscal", recuperando el Impuesto de Patrimonio, revirtiendo a niveles de 2005 el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, reforzando la lucha contra el fraude fiscal y eliminando la desgravación de las ayudas a la escolarización en colegios privados
Respecto a la financiación, Martínez ha destacado que el plan "es perfectamente posible y, sobre todo, perfectamente necesario". Según el plan, para la financiación de estas medidas "es imprescindible que el Gobierno regional dé un giro a su política fiscal", recuperando el Impuesto de Patrimonio, revirtiendo a niveles de 2005 el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, reforzando la lucha contra el fraude fiscal y eliminando la desgravación de las ayudas a la escolarización en colegios privados.
Entre otras medidas, como la ya mencionada, el plan propone la creación de un Programa Extraordinario de Garantía de Rentas (PGR) dirigido a personas desempleadas y sus familias, vinculado a la carencia de recursos económicos, con un "ingreso básico" de 400 euros al mes como prestación individual, ampliable en función del número de personas a cargo.
Dentro de estas medidas dirigidas a personas que están en riesgo de exclusión social, los sindicatos reclaman una mejora de la Renta Mínima de Inserción (RMI) para su agilización, así como la puesta en marcha de un "complemento adicional de emergencia social" para dar cobertura a situaciones de extrema necesidad.
BECAS DE COMEDOR Y ABONO DE TASAS UNIVERSITARIAS
El plan también contiene un paquete de medidas de ayuda a las familias con dos principales objetivos, a los que se han referido ambos líderes sindicales: "que no haya ningún niño que pase hambre" y "que ningún joven deje de estudiar porque no puede pagar su matrícula".
CC.OO. y UGT de Madrid proponen becas de comedor y escuelas infantiles, gratuidad de los libros y material escolar y abono por parte de la Comunidad de Madrid de las tasas de matrícula para la universidad
Así, CC.OO. y UGT de Madrid proponen becas de comedor y escuelas infantiles, gratuidad de los libros y material escolar y abono por parte de la Comunidad de Madrid de las tasas de matrícula para la universidad y la Formación Profesional.
También apuesta por el fomento del alquiler social para familias con dificultades de alojamiento de viviendas vacías públicas a cambio de un "alquiler mínimo", que en ningún caso podría superar el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
Además, propone la creación de un abono transporte social como el Abono Tercera Edad para personas cuyos ingresos sean inferiores al IPREM, y la gratuidad del transporte a los parados sin prestaciones para facilitar la búsqueda de empleo.
Por otro lado, insta a frenar la destrucción en los servicios públicos, impulsando y potenciando su actividad como generadores de empleo; a establecer itinerarios de inserción para las personas con mayor índice de desempleo o mayores dificultades de inserción; a desarrollar programas específicos de formación profesional para menores de 30 años con acciones dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad, y al establecimiento de programas de recualificación para desempleados de larga duración o mayores de 45 años, así como a la creación de microcréditos para la financiación de proyectos de emprendimiento.
Igualmente, exige "vigilancia y control" de los Expedientes de Regulación de Empleo e "intensificar los controles de la Inspección de Trabajo para combatir la economía irregular".
José Ricardo Martínez ha señalado que este plan "no es contra nadie, es a favor de los desempleados". Tras señalar que trasladarán inmediatamente el documento al Gobierno y a la patronal y anunciar que pedirán la convocatoria del Consejo de Madrid para debatirlo, ha dicho que espera que el Gobierno tenga "inteligencia y responsabilidad para que tomen en consideración las medidas incluidas en este plan".
