miércoles 21.08.2019
PROPOSICIÓN DE LEY DE UNIDOS PODEMOS

Brecha salarial e igualdad salarial: una propuesta de ley

La proposición de Ley de Igualdad Retributiva está en la línea de otras iniciativas legislativas de países como Suecia o como Gran Bretaña.

Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso.
Irene Montero, portavoz de Podemos en el Congreso.

Una norma que acometa de modo global y transversal la igualdad retributiva real y efectiva es sin duda un instrumento muy importante para combatir la llamada brecha salarial

Este 22 de febrero es el día fijado en Europa para recordar que existe un importante diferencial salarial entre mujeres y hombres. En previsión de esta jornada, aparecen cada vez más en la prensa informes y datos que denuncian el hecho y calculan su valor económico, dado que, como es habitual, lo importante parece no ser la discriminación salarial, sino lo que esta cuesta o en lo que se valora. 

Un informe de la UGT defiende que, en España, unos siete millones de mujeres ganan de media 6.000 euros menos al año que los hombres, lo que lleva a la conclusión de que “las empresas ganen 42.000 millones más al año” o, de forma más ajustada, a constatar que “la brecha salarial se reduce ligeramente en la Unión Europea mientras que se estanca en España”.

Es importante en este tema perfilar el marco institucional en el que se desarrolla esta evidente discriminación salarial. En España, como se sabe, el ordenamiento jurídico establece un principio de igualdad en el valor del trabajo y en su retribución, pero la brecha salarial persiste. Los datos de los que se dispone van desde el 17,3% en la Encuesta EUROSTAT hasta el 20% en la estadística Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias. Otros trabajos académicos suben este porcentaje, y el informe reciente citado de la UGT lo sitúa en un 22,86%. Una tendencia que manifiesta la persistencia de este hecho, agravado sin duda por la devaluación salarial masiva que hemos padecido durante la crisis mediante la aplicación de las políticas de ajuste y de austeridad desde el 2010 en adelante.

Es evidente que la eliminación de la brecha salarial requiere la utilización de medidas muy diversas, como múltiples son los factores que la determinan, y no se limitan al ámbito estrictamente laboral. Pero una norma que acometa de modo global y transversal la igualdad retributiva real y efectiva es sin duda un instrumento muy importante para combatir la llamada brecha salarial.

PROPOSICIÓN DE LEY DE IGUALDAD RETRIBUTIVA

Este es el objetivo que se ha planteado el Grupo parlamentario Unidos Podemos / En Comú Podem / En Marea, que ha elaborado una Proposición de Ley de Igualdad Retributiva que fue presentada al público en octubre del 2017 y aceptada a trámite en noviembre de ese mismo año y de la que sin embargo no se ha hablado en las informaciones de estos días. Para su elaboración, el Grupo Parlamentario con Yolanda Díaz y Alberto Rodríguez formó una comisión de expertos, presidida por la catedrática de la Universidad de Valencia, María Amparo Ballester, que ideó una acción normativa muy bien construida que afecta a una amplia serie de normas laborales, procesales, del empleo público y estadísticas, planteadas con un nivel de precisión técnica y de exhaustividad notable.

El texto propuesto evidencia la posibilidad material de corregir normativamente una serie de conductas que actualmente propician, directamente, el incremento o el mantenimiento del diferencial salarial mujeres / hombres

La proposición de Ley tiene un contenido “estricta y concretamente dirigido a la identificación, corrección y tutela contra la discriminación retributiva”, en la línea de otras iniciativas legislativas de países como Suecia o como Gran Bretaña, y pretende evitar que un tratamiento más general del tema que aborde otros aspectos de la conciliación de la vida personal, o del reparto del tiempo de trabajo, por ejemplo, diluya el objetivo principal que se persigue. La visibilidad social en la opinión pública del problema es más acentuada si existe una legislación específica sobre el particular. En definitiva, esta proposición de ley enlaza directamente con la obligación de los poderes públicos de garantizar la efectividad del principio de igual retribución por trabajo de igual valor, lo que por otra parte remite al compromiso que señala el art. 9.2 de nuestra Constitución respecto del logro gradual de la igualdad material o sustancial. Es además una obligación establecida por textos internacionales como el Convenio 100 de la OIT y desde luego forma parte de la piedra angular de la normativa europea desde la ya histórica Directiva 75/117 de 10 de febrero de 1975, en una línea desarrollada y reiterada por una larga emanación normativa del derecho de la Unión y promovida y concretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que lo ha configurado, también desde su inicio, en el asunto Defrenne II en 1976 como un principio básico que tiene eficacia directa horizontal entre particulares. En lo que se refiere a la vertiente del ordenamiento constitucional, la proposición de ley se reclama de la Ley de Igualdad (LOIEMH) y de la mejor jurisprudencia del Tribunal constitucional, antes de las vacilaciones y retrocesos que ésta ha sufrido a partir del 2010.

No es ahora el momento de describir los contenidos concretos de esta proposición, que como se ha dicho, afecta a una larga serie de disposiciones laborales, comenzando por el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, además del Estatuto Básico del Empleo Público y otras más. Se recomienda sin embargo su lectura, porque el texto propuesto evidencia la posibilidad material de corregir normativamente una serie de conductas que actualmente propician, directamente, el incremento o el mantenimiento del diferencial salarial mujeres / hombres. La consulta de su cuidada y detallista exposición de motivos, permite comprender fácilmente el alcance y la importancia de este texto. Las soluciones normativas propuestas son además muy interesantes para una posible recepción en la negociación colectiva, como sin duda podrán comprobar los y las sindicalistas que lo consulten.

Pero a su vez la mención de esta proposición de ley plantea otra serie de interrogantes y suscita no pocas perplejidades. Ante todo, el aislamiento mediático y político que parece rodear las iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios que no sostienen al Gobierno, o, por mejor decir, la irrelevancia que en la opinión pública tiene la actividad parlamentaria que, por definición, es la expresión de la voluntad popular. Este cierto silenciamiento mediático de una actividad parlamentaria seria y rigurosa es especialmente puesto en práctica con el grupo parlamentario de Unidos Podemos.

En materia de derechos sociales, es el Gobierno el que legisla por la vía de urgencia y además es él quien aplica el art. 134.6 de la Constitución para vetar las iniciativas del congreso que a su juicio supongan aumento de créditos o disminución de ingresos presupuestarios, negando su conformidad para su tramitación. Ya sabemos que más de cuarenta proposiciones de ley han sido vetados sobre esta base en la presente legislatura. El eje del análisis que se efectúa en la opinión pública y vincula la información socialmente relevante es por tanto la potestad normativa del gobierno, su iniciativa legislativa, sin que ni siquiera sea muy comentada el ejercicio continuo de su veto a propuestas de la oposición. Este hecho es muy llamativo, porque reduce la actividad parlamentaria a un espacio opaco incapaz de trasladar a la sociedad las distintas visiones que políticamente se mantienen respecto del marco institucional pretendido o proyectado, de forma que lo único que trasciende es el contraste de opiniones sobre la política del Gobierno efectuado en el pleno del Congreso principalmente, en un esquema de preguntas y respuestas en las que el eje de la discusión es siempre la actuación del Gobierno, por mucho que ésta resulte severamente censurada por los intervinientes en el debate.

El segundo elemento a destacar es la irrelevancia de la acción parlamentaria de reescritura del tejido normativo, la incapacidad de que estos proyectos alcancen finalmente valor y eficacia jurídica plena en el ordenamiento interno español. La lentitud con la que se desarrolla el procedimiento, la ampliación del plazo de las enmiendas, el estiramiento de los tiempos de elaboración de la norma en el Congreso, a lo que se suma el inútil trámite del Senado que ralentiza aún más el proceso, no sirve para que durante ese dilatado lapso temporal la ciudadanía socialmente responsable conozca y participe en estos proyectos regulativos, sino para asimilar que trabajar en este sentido es un esfuerzo inútil. Lo que en definitiva se quiere transmitir es que el trabajo colectivo empeñado en proponer elementos de regulación alternativos y contrahegemónicos no resulta practicable porque carece de eficacia y de repercusión social.

Este es el daño que la opacidad de la actividad legislativa alternativa a la actual produce al propio sentimiento democrático. Cómo romper este círculo cerrado es difícil, pero no imposible. La comunicación frecuente y no solo puntual con los sindicatos de este tipo de proyectos, la apertura a la participación de los sectores especialmente interesados y fundamentalmente el acceso a unos medios de opinión pública que asuman valores de participación y de discusión democrática pueden ser elementos que ayuden a superar esa desconexión entre la labor de los representantes de una parte de la ciudadanía que ignora el trabajo que éstos están realizando sobre los temas más decisivos en el momento actual. Como sucede, en efecto, con el de la discriminación salarial entre mujeres y hombres.


Artículo publicado en el Blog de Antonio Baylos

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