Bangladesh. El ACCORD en peligro 6 años después de su firma

El modelo "milagroso" de la industria textil bangladeshí empieza a encontrar resistencias cuando miles de mujeres que trabajan por sueldos miserables volvieron este inicio de año, a las calles a pelear por sus derechos

Bangladesh está viviendo, de nuevo estos días, un momento de convulsión importante en los sectores del textil y de la confección. Después de que miles de trabajadoras de la industria textil-confección, junto a trabajadores portuarios, se hayan manifestado en las calles de Dacca, capital de Bangladesh, reivindicando un salario mínimo digno, “vital”. Con un movimiento huelguístico, que ha puesto en jaque el suministro de algunas de las más importantes marcas globales, después de que el Gobierno de Bangladesh fijara en septiembre del año pasado el salario mínimo en 8.000 takas (1) (unos 95 dólares).

El modelo "milagroso" de la industria textil bangladeshí empieza a encontrar resistencias cuando miles de mujeres que trabajan por sueldos miserables volvieron este inicio de año, a las calles a pelear por sus derechos. Las trabajadoras, que ya habían salido a protestar a finales del año pasado en una acción conjunta con los trabajadores portuarios, se han movilizado no sólo para exigir la aplicación de este salario mínimo sino para exigir una mejora efectiva de sus salarios y condiciones de trabajo. Las principales fábricas del sector se negaban a pagar el aumento decretado en el pasado mes de septiembre. La indignación de las trabajadoras textiles se transformó en un llamamiento a la huelga reclamando la duplicación del mínimo legal al entender, con los sindicatos locales, que es absolutamente insuficiente y exigiendo un salario mensual mínimo de 16.000 takas (190 dólares), que consideran el mínimo “vital” de subsistencia.

De forma coordinada, los empresarios de algunas de las 50 principales fábricas textiles de Bangladesh cerraron sus puertas en un “cierre patronal”, temerosos de que las trabajadoras que se habían declarado en huelga tomaran las instalaciones.

En el curso de estas manifestaciones murió un manifestante y más de 50 personas resultaran heridas, con unos 8.000 trabajadores de 27 fábricas despedidos en las últimas semanas, entre ellos muchos de los líderes sindicales. Una represión del Gobierno coordinada con las organizaciones empresariales. Destacaron tres fabricantes importantes: Crony Group, East West Industrial Park Ltd y Metro Knitting & Dyeing Mills Ltd, que según sus páginas web trabajan para marcas europeas internacionales como H&M y Next. No tenemos noticia en este momento de que produzcan para las marcas españolas, al menos para Inditex, Mango y El Corte Inglés, las únicas marcas de las que tenemos el listado de las fábricas de Bangladesh en su cadena de suministro.

SEIS AÑOS DE LA TRAGEDIA DE RANA PLAZA

Hay que situar todo ello en la realidad de Bangladesh con la terrible precariedad de las condiciones de vida y de trabajo, el país de mayor densidad de población del planeta, con unos 160 millones de habitantes en una extensión de 148.460 Kilómetros cuadrados (no llega al tercio de la de España).

Un país con una poderosa industria del textil-confección que en unas aproximadamente 5.000 fábricas emplea a varios millones de trabajadoras (el 80% son mujeres). Es el segundo mayor exportador de prendas de vestir del mundo después de China, con unas exportaciones el último año de unos 30.000 millones de dólares en prendas de vestir, lo que representan el 80% de las exportaciones totales del país. Las condiciones de trabajo en Bangladesh son muy duras, con el agravante de la seguridad en sus fábricas, principalmente en las Zonas Francas Industriales.

El 23 de abril de 2019 se cumplirá el 6º aniversario de la terrible catástrofe del derrumbe de Rana Plaza. Las dimensiones de este desastre no tienen precedentes por su tremenda magnitud y gravedad. El dueño del edificio, Sohel Rana, y más de una docena de funcionarios del gobierno fueron imputados en primera instancia por cargos de asesinato,  acusados al final de homicidio industrial por la Corte Suprema de Dacca, puesto que ignoraron las advertencias que se les había hecho e impidieron tomar medidas en el edificio el día antes de que se derrumbó. Había 4 fábricas textiles superpuestas en un edificio de 8 pisos, y su derrumbe se resume en 2 escalofriantes cifras: 1.134 personas fallecidas, y más de 2.500 heridos, muchos de ellos de gravedad. Constituyó el más grave accidente industrial de la historia.

Este tremendo desastre industrial provocó que la opinión pública mundial pusiera en cuestión las prácticas comerciales globales, así como la necesidad de cambiar las reglas del juego de las grandes empresas multinacionales (EMNs) en cuanto a su política y práctica de Responsabilidad Social (RSE). Y llevó a un acuerdo por cinco años, hasta 2018, que se denominó “ACCORD”, para la prevención de incendios y para la seguridad de los edificios.

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Algunos datos al respecto:

  • El Acuerdo cubrió a aproximadamente 2.500.000 trabajadores del sector textil y de la confección de Bangladesh.
  • Se realizaron 7.000 inspecciones periódicas de seguimiento, para identificar los peligros de seguridad, así como exigir renovaciones y verificar su finalización.
  • Se ha inspeccionado, hasta ahora, la integridad estructural, eléctrica y de incendios en unas 1.800 fábricas de prendas de vestir, de manera independiente,
  • Unas 172 completaron el trabajo completo de corrección de problemas,
  • Han sido identificadas 118.500 violaciones de los estándares de seguridad contra incendios, eléctricos y estructurales.
  • Se impartió formación en salud y seguridad al personal en 846 fábricas.
  • La implementación de las acciones correctivas iniciales derivadas de las inspecciones del ACCORD ha sido del 100% en 127 fábricas.
  • Un mínimo del 90% en 665 fábricas, y de diferentes porcentajes en el resto, hasta alcanzar aproximadamente el 89% de remediación de peligros de trabajo identificados en la ronda original de inspecciones del ACCORD.
  • 188 fábricas inspeccionadas han sido cerradas por diferentes motivos, los más graves estructurales, etc.
  • Desde su firma NO se ha producido ninguna muerte por incendio o colapso estructural en las fábricas donde se completó la inspección y se iniciaron las renovaciones.

En la primera firma en este acuerdo se comprometieron más de 220 marcas mundiales. En mayo del año pasado renovaron 119, entre ellas las españolas (Inditex, El Corte Inglés y Mango), que reafirmaron su compromiso de terminar el trabajo y contribuir a la sostenibilidad del sector a largo plazo.

El nuevo compromiso fue de 5 años. En octubre de 2017 se concretó como Acuerdo de Transición, junto con el Gobierno de Bangladesh, la BGMEA (organización empresarial del país), representantes de las marcas y los sindicatos. Así las operaciones de ACCORD han continuado a partir de mayo de 2018 planteándose una estructura nacional de remediación para asumir de manera sostenible los objetivos del Acuerdo. El nuevo ACCORD de 2018 incluía en su renovación nuevos elementos (2), basados ​​en el primer Acuerdo, dando mayor significación a la libertad sindical y con una protección mejorada para los trabajadores cuyas fábricas estuvieran cerradas o reubicadas debido a problemas de seguridad, estableciendo una indemnización por despido si los trabajadores pierden sus empleos.

Con la pretensión de cambiar la industria del textil y del vestuario, proporcionando un modelo para otras iniciativas abordando los derechos laborales en las cadenas de suministro, se renovó este acuerdo, para avanzar en el progreso realizado por las EMNs y los sindicatos globales, estableciendo en un marco legalmente vinculante.

El objetivo asumido era completar el trabajo de remediación que se comenzó en mayo de 2013, de modo que el Gobierno de Bangladesh implemente una estructura reguladora nacional adecuada y sostenible a fin de que se regulara la seguridad en el lugar de trabajo en la industria de la confección de Bangladesh. Se estableció que solamente terminarían sus actividades cuando el organismo de evaluación fijado por el ACCORD considerara que el Gobierno estuviera en condiciones de asumir las responsabilidades de seguridad de los trabajadores, con criterios objetivos previamente acordados.

Pero desde renovación del ACCORD el Gobierno de Bangladesh está recurriendo judicialmente los procedimientos establecidos intentando impedir que ACCORD continúe desarrollando su actividad y avanzar en la seguridad de las instalaciones fabriles.

El pasado 29 de noviembre la Corte Suprema de Bangladesh celebró una audiencia como con secuencia de la apelación presentada por el ACCORD contra la orden de restricción de su actividad que había presentado el Gobierno para entrar en vigor el 30 de noviembre de 2018. El Gobierno pretendía que el ACCORD continuara las operaciones en Bangladesh bajo un conjunto de restricciones altamente obstructivas, dificultando sus iniciativas y sin respetar su capacidad para operar sin un paralizante control del gobierno y de los empleadores. Las restricciones del Gobierno incluyen que ésta será la última extensión permitida al ACCORD, que mantiene su oficina en Dacca. Sigue pendiente la decisión del Tribunal tras una segunda audiencia celebrada el pasado el 6 de diciembre de 2018.

La Corte Suprema de Bangladesh ha aplazado su decisión hasta el 18 de febrero, cuando está programada una nueva Audiencia para decidir el estado del ACCORD.

Hay que subrayar que la renovación del ACCORD incluía un procedimiento de revisión semestral con el objetivo de transferir sus funciones a un organismo regulador nacional adecuado, cuando éste estuviera preparado. Si se confirma la propuesta del Gobierno, destruirían la independencia del ACCORD al someter todas sus decisiones a la aprobación de un comité del gobierno. Prohíbe además que los inspectores de ACCORD identifiquen cualquier nueva violación de seguridad, obligándoles a ignorar los peligros mortales encontrados durante sus inspecciones, así como los defectos en los sistemas de alarma, salidas de incendios bloqueadas y grietas en columnas estructurales. Pretenden también impedir que se tomen medidas contra los propietarios de fábricas que amenazan o despiden a los trabajadores que presentan quejas de seguridad.

Por todo ello el futuro del ACCORD continúa en suspenso.

Hay que evitar un posible conflicto que pone en riesgo la iniciativa global para defender la Seguridad y Salud de los trabajadores de la industria del vestido del país, dificultando la aplicación de esta iniciativa internacional

La seguridad en el lugar de trabajo en el sector de la confección de Bangladesh ha sido testigo de una transformación drástica debido a la actuación del ACCORD, a través de la inspección y remediación realizada. Muchas personas han salvado sin duda sus vidas, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Se ha avanzado ciertamente mucho, pero se necesita más tiempo para remediar todos los problemas y capacitar a los trabajadores y comités, en materia de seguridad y salud.

El ACCORD mantiene su oficina en Dacca, con una estructura con más de 200 empleados, que, si no se modifica en los tribunales la actitud obstruccionista del Gobierno no tendrían otra opción que continuar operando desde su sede en Ámsterdam, reubicando la administración de su inspección, remediación, etc., lo que inevitablemente tendría implicaciones en su capacidad para apoyar en la remediación y supervisión a las fábricas.

Ello puede llevar a las EMNs a tener que terminar sus relaciones comerciales con las fábricas que aún no son seguras. El ACCORD, es el único mecanismo creíble para que las marcas verifiquen que sus productos están hechos en condiciones seguras en Bangladesh.

Su cierre prematuro puede dejar a las trabajadoras y trabajadores en una situación de inseguridad en los centros de trabajo, poniendo en peligro la capacidad de las marcas para suministrarse a través de una industria segura, pudiendo llevarles a reconsiderar Bangladesh como un país proveedor.

Es pues un tema de vital importancia que Bangladesh mantenga el ACCORD, que el Gobierno no considere sus medidas obstruccionistas como una mal entendida defensa de la "soberanía nacional". Hay que evitar un posible conflicto que pone en riesgo la iniciativa global para defender la Seguridad y Salud de los trabajadores de la industria del vestido del país, dificultando la aplicación de esta iniciativa internacional.

Desde las instituciones, organismos y federaciones sindicales internacionales se apunta con clara nitidez el peligro que corre el futuro del ACCORD. Nuestra federación sindical internacional IndustriALL Global Union lo expresó mediante una resolución de su último Comité Ejecutivo, exigiendo su continuidad, así como instando al Gobierno de Bangladesh a no continuar con la obstrucción de la aplicación del ACCORD, solicitando al Tribunal Superior de Bangladesh, que revoque la orden judicial que intenta terminar con la actividad del ACCORD.

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La defensa de los derechos del trabajo en Bangladesh es un elemento esencial de la defensa de los derechos de los trabajadores del mundo.

Las marcas y EMNs del vestuario que fabrican en Bangladesh deben plantear esa misma exigencia al Gobierno, la continuidad del ACCORD, para completar su aplicación en el país. Pueden y deben presionar al Gobierno de este país para eliminar negativos “nacionalismos” contrarios a los derechos e intereses de sus ciudadanos, de sus trabajadores y trabajadoras en primer lugar. Sobre las marcas internacionales debe proyectarse la principal presión sindical. 

Un reto de nuevo para el sindicalismo global, también para las federaciones internacionales, junto con los sindicatos de las cabeceras de las multinacionales de la ropa. En nuestro caso, desde CCOO Industria instamos a continuar con los compromisos del ACCORD, exigimos al Gobierno de Bangladesh y a su primer Ministro, Sheikh Hasina Wazed, que manifieste su firme apoyo para permitir su continuidad, para garantizar el ACCORD, para evitar daños irreparables a las trabajadoras y trabajadores de Bangladesh, así como para evitar que el Acuerdo continúe en un momento de indefinición. Proponemos que el Gobierno de Bangladesh se concentre en el desarrollo de un organismo regulador nacional competente que pueda garantizar en el futuro la seguridad de las fábricas de prendas de vestir del país.

Ni el sindicalismo de Bangladesh ni el sindicalismo mundial podemos considerar resuelto el problema planteado en este eslabón esencial en la defensa del trabajo decente, del trabajo digno. El primer ACCORD nació de la crisis creada por el homicidio industrial de Rana Plaza, ahora su continuidad es fundamental para cambiar esta industria y ofrecer un modelo nuevo a otras iniciativas, lo que además debe contribuir al avance de los derechos laborales en las cadenas de suministro en todo el mundo.

Bangladesh seguirá siendo en la próxima etapa una referencia para valorar el avance hacia el trabajo decente en el mundo, lo que supone un reto para las federaciones internacionales, para los sindicatos de los países donde se fabrican las prendas de vestir y para aquellos en los que se encuentran las cabeceras de las marcas. Es necesario que el seguimiento de la realidad industrial y sindical de este país se convierta en un aspecto prioritario de la acción solidaria de la clase trabajadora mundial, que se tome conciencia de que la defensa de los derechos del trabajo en Bangladesh es un elemento esencial de la defensa de los derechos de los trabajadores del mundo.

Víctor Garrido Sotomayor | Miembro de la Secretaría de Acción Sindical Internacional de CCOO de Industria | Coordinador General de IndustriALL Global Union para la aplicación del Acuerdo Marco Global con Inditex | Coordinador del Acuerdo Internacional para la aplicación de las Normas Internacionales con Mango


(1) Moneda de Bangladesh.
(2) Ver informes sobre el ACCORD y Bangladesh en la página web de CCOO Industria: http://www.industria.ccoo.es/Publicaciones/Internacional/Informes&14305