1. A modo de advertencia pedagógica.
Caperucita Roja se encaminó hacia la casa de su abuelita, a quien quería mucho y estaba enferma. Al penetrar en el bosque, se encontró con el Lobo que la desorientó con engaños y la hizo seguir por el camino más largo mientras él aprovechó para correr por el camino más corto, llegar antes y zamparse a la abuelita de un solo bocado.
2. Divorcio entre los dos subsistemas de Formación Profesional.
La consideración de la Formación Profesional como dos subsistemas separados es una rémora que la propuesta del MEYSS no tiene intención de revisar.
No hay ninguna mención al papel que debería jugar la integración de los dos subsistemas, (Formación Reglada y Formación para el Empleo, que conforman – quiérase o no - el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional) en las distintas esferas de planificación, financiación, gestión y evaluación, así como el papel de los diferentes actores institucionales. Apenas se alude a una tímida y confusa “...coordinación de los ámbitos educativo y laboral”, cuando se refiere al Consejo General de la FP (pág. 14).
La referencia a “Impulsar instrumentos clave del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional...” (pág. 10) no pasa de ser un enunciado superficial y de trámite. Confirmado por el párrafo (pág. 16) en el que “Sería deseable poner en marcha mecanismos de colaboración que permitan un mejor aprovechamiento de las infraestructuras ya disponibles, como centros de formación reglada, ...” etc.
O sea que todo se limitaría a ampliar horarios de centros existentes en la FP Reglada para que puedan ser utilizados (¿por las empresas privadas?) en la FP para el Empleo. Y se aportan los datos de la composición de los niveles formativos (pág.5) en España que reflejan la preocupante realidad de que “sólo un 23% tiene un nivel medio, mientras que el 42% restante tiene un nivel de cualificación bajo”, cuando en los países de nuestro entorno la situación es, al menos, la inversa. Y no se advierte que ese déficit es originado, en gran medida, en el área de la formación reglada de grado medio.
Esto es, un déficit del 27% de la EPA, equivalente a unos 5 millones de trabajadores/as que deberían acceder a esas cualificaciones profesionales de Nivel Medios, antes de 2020, según los estudios del CEDEFOP.
Si se quiere enfrentar los retos reales, no sólo es deseable sino necesario e imperioso articular el sistema de formación profesional, como un sólo proceso desde la formación inicial o de base hasta la posterior formación a lo largo de toda la vida laboral.
La infraestructura material y humana existente en la FP reglada debería ser una potente y sólida base para articular una estructura pública integrada que lleve a cabo la parte medular en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
3. La Formación Profesional para el Empleo como negocio.
3.1. Incompatibilidad para unos, franquicia para otros.
Entre Noviembre de 2013 y marzo de 2014 se operó un cambio sustancial por parte del MEYSS. En aquel primer “Avanzando...” se limitaba a plantear que: “Las organizaciones representativas de los agentes sociales, (...) deben dejar de desempeñar un doble papel en el sistema.” Es decir, formar parte de los órganos de diseño, planificación, control y evaluación del sistema siendo, al mismo tiempo, gestores de programas y acciones formativas. Principio que, así expresado, es inobjetable; en aquel primer texto se ilustraba con la siguiente máxima: “Deben, en definitiva, dejar de ser juez y parte”. Dado que la actuación de las organizaciones patronales y sindicales como proveedores de formación ha adquirido un volumen muy destacado y supuesto variadas disfunciones en la gestión del sistema, la propuesta anterior conduce necesariamente a redefinir la composición de los órganos de “gobierno” del sistema, así como la estructura, entidades y el papel de las prestadoras de formación.
En este último borrador, en un alarde de magnanimidad, el MEYSS afirma que “Ello no será óbice para que (las organizaciones sindicales y empresariales) en la fase de planificación y diseño del sistema sean protagonistas, aprovechando la relevancia que tienen sus conocimientos y experiencia por su cercanía a la realidad productiva, especialmente en el ámbito sectorial correspondiente. Y ello sin perjuicio de su posible participación, a través de entidades de formación acreditadas y registradas, como ejecutores de la formación y perceptores de fondos en condiciones de competencia abierta a todos los prestadores de formación que cumplan con los requisitos establecidos de acreditación y registro.” (pág. 11)
“Debe darse paso, asimismo, de manera progresiva y ordenada a la participación institucional y procedimental de las organizaciones representativas de las entidades de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y de las entidades de formación.” (pág. 12)
“Este papel consultivo (Comisiones Paritarias Sectoriales) en la planificación del sistema debe desarrollarse, en todo caso, en paralelo a la participación de otros agentes, como las Asociaciones de Trabajadores Autónomos y de la Economía Social y las organizaciones representativas de las entidades de formación.” (pág.13)
“Por su parte, el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, como principal órgano consultivo y de participación institucional en materia de política de empleo, y donde participan los Interlocutores Sociales, las CC.AA. y la Administración General del Estado, velará por la correcta aplicación e implementación del nuevo modelo. Parte de esta tarea supone contar con la participación de las organizaciones representativas del sector de entidades formativas, así como las necesidades específicas de autónomos y de empresas de la economía social en sus aportaciones a la planificación y diseño de la formación profesional para el empleo.” (pág. 14)
Como vemos, todo un programa de “contra-reforma” orientado a la privatización de la formación profesional para el empleo. Vayamos por partes:
a) Si se quiere avanzar en la mejora del sistema de formación profesional en España, es insoslayable abordar la integración de los dos subsistemas de FP (Reglada y Empleo) en uno sólo y dentro de un mismo departamento gubernamental para superar la tradicional falta de coherencia conceptual, estratégica, de gestión y el divorcio burocrático.
b) La prestación de la Formación Profesional, como servicio público esencial, si se quiere lograr la necesaria eficiencia y cumplir con los objetivos irrenunciables de la Formación Profesional como palanca del desarrollo económico y social, no puede plantearse en términos de oportunidad de negocio para actores empresariales guiados por la ganancia.
Una potente estructura pública de formación a partir de la actuales redes de FP reglada y para el empleo con cobertura nacional y capacidad de adaptación a las necesidades cambiantes del mundo del trabajo, debe constituirse como el eje del sistema que pueda complementarse con la actuación de entidades colaboradoras públicas o privadas y de las propias empresas para sus trabajadores.
c) Que se de paso “de manera progresiva y ordenada a la participación institucional y procedimental de las organizaciones representativas de las entidades de la Economía Social y del Trabajo Autónomo” tiene sentido, pues las primeras no forman parte de las organizaciones empresariales y las segundas tienen características diferenciadas de sindicatos y patronales.
Pero meter de tapadillo a las entidades de formación, “no ya como meros proveedores de formación, sino como co-responsables en la planificación y diseño de las iniciativas, en su evaluación y en la investigación en las metodologías y herramientas necesarias para la puesta al día del subsistema.” (pág. 14), es otra cosa muy distinta.
Primero, esas “entidades” forman parte y están representadas por las organizaciones empresariales.
Segundo, ¿cómo se justifica la excepción al principio de juez y parte? Y si se trata de empresas privadas de formación – sean o no titulares de las mismas patronales o sindicatos - ¿no tratarán de influir en las instancias de planificación para que los programas se orienten hacia aquellos que les permitan mayores márgenes de beneficio en desmedro de la atención a las necesidades reales y prioritarias que debe atender el sistema?.
Tercero, ¿acaso el sistema de acreditación y evaluación no recogerá las necesidades de actualización tecnológica y didáctica demandadas por empresas, instituciones y trabajadores y no detectará las innovaciones requeridas o incorporadas en las organizaciones formativas?
La propuesta del MEYSS puede resumirse por otra máxima: meter la zorra en el gallinero.
Sobre este tema, central en la pretensión gubernamental,insistimos más adelante.
3.2. ¿Nuevas fórmulas de financiación o ingeniería financiera?
“El sistema debe incorporar horizontes de planificación amplios que faciliten la participación y lo doten de estabilidad. Ello contribuye a la certidumbre y anticipación que son necesarias para favorecer la inversión en infraestructura y nuevos contenidos formativos, que amplían el mercado de formación y mejoran su calidad... La coordinación y estabilidad del sistema pasa también por una mayor flexibilidad, tanto mediante programas plurianuales como articulando vías de financiación novedosas que favorezcan el máximo aprovechamiento de los recursos.” (pág. 15).
Este sorprendente planteamiento del MEYSS nos lleva a plantearnos lo siguiente:
¿Qué tendrá que ver la planificación plurianual con la articulación de vías de financiación novedosas?
¿Será que el MEYSS les otorga carácter alternativo? ¿No sería mejor que hubiese explicitado que es lo novedoso?
¿Esta novedad supone el Bono de Formación de la Comunidad de Madrid para que los trabajadores, a nivel individual, puedan contratar los servicios de las “entidades” de formación que mejor se anuncien en el mercado?
El principio de planificación plurianual es correcto y necesario, pues permitiría establecer un nivel de financiación garantizado a lo largo del período y con un claro carácter anti cíclico, al tiempo que fijar dicho nivel en términos porcentuales del PIB.
Esto permitiría, por una parte, darle la importancia que se merece a la FP en el marco de las políticas activas de empleo y el esfuerzo por la mejora de la competitividad de la economía española, al tiempo que aseguraría el nivel de inversión en capital físico y humano correspondiente en la infraestructura del Servicio Público de FP. Además, sería un claro indicador para la inversión de las entidades públicas o privadas que lleven a cabo una actuación complementaria.
3.3. ¿Concurrencia pedagógica y didáctica o competencia capitalista?
“Todas las iniciativas que programen las Administraciones se gestionarán en régimen de concurrencia competitiva abierta a todos los proveedores de formación públicos y privados que cumplan los requisitos de acreditación establecidas, a su vez coherentes con los objetivos del sistema.
(…) Es necesario abandonar un modelo intermediado que no resulta compatible con un sistema de formación competitivo, para impulsar la participación directa de entidades prestadoras de servicios en igualdad de condiciones en régimen de concurrencia.
Sería deseable que las nuevas tecnologías y mayores posibilidades de movilidad en la actualidad también se traduzcan en un refuerzo a la competencia en la prestación de servicios formativos. La calidad docente y de contenidos formativos, la capacidad de ofrecer una formación que refuerce la empleabilidad de los trabajadores, los resultados de inserción constatados, los compromisos de contratación y, en definitiva, los elementos de competitividad, deben ser los determinantes para la toma de decisiones.” (pág. 20)
Las palabras no son neutrales, la insistencia en el uso de algunas pone a las claras determinadas intenciones:
¿A qué viene tanto “sistema competitivo”, “concurrencia competitiva”, “competencia en la prestación de servicios formativos”?.
¿Se puede afirmar sin ruborizarse, como se hace en el párrafo anterior, que para garantizar “La calidad docente...” etc. etc. “los elementos de competitividad, deben ser los determinantes en la toma de decisiones”?.
¿Es que también, con la cantinela de los ajustes presupuestarios y la rentabilidad del sistema pretenderán introducir criterios de contratación por competencia en precio?
En el propio documento se enuncian las formas para lograr una estructura proveedora de formación que mantenga el nivel de calidad, actualización, eficiencia y seriedad exigible: “Potenciar las acciones de seguimiento y control y establecer mecanismos para combatir los casos de mala praxis.” (pág.21).
Poniendo los medios suficientes y la decisión política necesaria, los principios enumerados en ese apartado son suficientes, junto al estudio actualizado de costos de las diferentes acciones y modalidades de formación, para garantizar la calidad y eficiencia de la participación auxiliar de entidades públicas y privadas y de la propia infraestructura pública que proponemos en este documento.
4. Otras consideraciones al documento
4.1. ¿Qué hay de la Educación/Formación Básica o inicial?
En la Introducción (pág. 4/6) omiten dar una información actualizada sobre los “déficits” o necesidades de educación inicial o básica (equivalente a la ESO) de la Población Activa. No olvidemos que sin una buena “educación/formación inicial”( a la que se tiene derecho como ciudadanos/as) no habrá buenos resultados en la Formación Continua, capitalización de la experiencia profesional, establecimiento de “itinerarios” a otros niveles...
Igualmente, sería necesaria una explotación de la EPA, por niveles educativos, edad, sexo... de esos mismos déficits referidos a la FP de Nivel 1 y, especialmente, de Grado Medio/Certificados de Profesionalidad. Más allá del referido “dato global” del “42% restante tiene un nivel de cualificación bajo” (pág. 5).
Más allá del importante dato (pero poco significativo) de “…casi 4 millones de trabajadores ocupados y desempleados cada año” (pág. 4), se debería realizar un “balance detallado” de estos 20 años del sistema (FORCEM, Fundación Tripartita...), sobre:
Trabajadores/as que han obtenido una Cualificación reconocida en el SNCP
Personas que han accedido al “reconocimiento de la experiencia profesional”por niveles, tipo de cualificación profesional/sectorial...
Ídem de Certificados de Profesionalidad, FP Grado Medio y Superior
Permisos Individuales: Titulaciones Universitarias y/u otras...
Finalmente, se alude a un Informe (sería interesante recuperar su texto) “de la Mesa de Diálogo Social sobre el desarrollo del Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo de 2006... donde se identificaron diversas carencias...” (pág. 5). Se citan 9, la mayoría de ellas referidas a los déficits de “coordinación”, de “integración”... del Sistema. Sin una evaluación más detallada de cada una de esas “carencias”, parece tratarse, de forma contradictoria y paradójica, de un apresurado diagnóstico del sistema para justificar la alternativa de la Reforma que se propone, muy alejada de dar solución a las “carencias” planteadas. ¿”Un alto al vacío”?:“bajo la coordinación del Servicio de Empleo Estatal...” (pág. 10), solución “magistral” a todos esos males.
4.2. Principios del Sistema
El METSS propone 11 principios (pág. 6-7). De entre ellos, comentamos los más trascendentales para el desarrollo del sistema que se propone:
Sobre el “derecho individual a la formación” no se aborda ninguna alternativa en el documento. Se pospone, de forma vaga y preocupante, con la siguiente redacción: “Redefinir los Permisos Individuales de formación” (Pág. 20). De esta forma, se refleja la “asimetría” entre las necesidades/derechos de las personas y las necesidades de las empresas/economía... dificultado la “empleabilidad”, la libre elección de profesión/cualificación, movilidad... de los trabajadores/as.
Sobre la “unidad del mercado de trabajo y la libre circulación de las personas”. Como se ha comentado, al no apostar por un Sistema Estatal Integrado de Formación Profesional” (y mantener una ambigua e ineficiente separación d FP para o en el Empleo), se dificultará este principio, ya que el propio sistema de FP/Cualificación NO SE ARTICULARA CON ESTA MISMA UNIDAD, NI LOS TRABAJADORES ACCEDERAN DE FORMA SENCILLA Y AGIL AL RECONOCIMIENTO DE SUS CUALIFICACIONES EN TODO EL ESTADO.
Sobre“ el compromiso de todos los agentes implicados...”. Se rompe el principio básico de los I Acuerdos de Formación Continua (y posteriores), articulados en torno a un Acuerdo Bipartito (Patronal y Sindicatos, referidos a la Negociación Colectiva) y otro Acuerdo Tripartito (agentes Sociales, más Administración/Gobierno, en el marco del Diálogo Social), siguiendo las Normas Internacionales de Trabajo (OIT) y el modelo de RRLL. Consagrado en nuestra constitución.
No sólo se devalúa y rebaja este “nivel político” sino que, desde los Principios, se reconoce “la participación de todas las entidades de formación...” (pág. 7). Un “actor”, elevado a “agente” (pervirtiendo la denominación de “Agentes sociales”, reservada en nuestro legislación a Patronal y Sindicatos).
En el “nuevo Sistema” aparecen las “Entidades de Formación acreditadas y registradas, no ya como meros proveedores de formación, sino como corresponsables en la planificación y diseño... en su evaluación...” (pág. 14), consolidando el papel de “lobby” de empresas de formación: ¿Dónde queda la acusación (y ahora, una supuesta superación, con la presente propuesta) de SER JUEZ Y PARTE?
Por el contrario, falta la referencia a la “centralidad” de la Negociación Colectiva Sectorial como referencia de las cualificaciones del Sistema para trabajadores/sindicatos y empresas/patronales y, especialmente al “Balance de competencias (reconocimiento de la experiencia profesional) que debería producirse en este ámbito.
4.3. Otras consideraciones.
Falta de referencia (en los Principios) a la necesaria “armonización” de los niveles de FP/Cualificaciones en la Unión Europea (1.FP/Cualificaciones Iniciales; 2.FP/Cualificación Nivel Medio; 3.FP/Cualificaciones Nivel Superior; 4.Titulación Universidad (Grado) y 5. Universidad (Posgrado). En el diseño y desarrollo del Sistema Integrado de Formación/Cualificación, este enfoque permitiría:
a) Una adaptación permanente a la evolución del sistema en la UE;
b) La flexibilidad/movilidad tanto vertical (Sectorial), como transversal (competencias comunes en cada Nivel) y
c) Facilitar, de manea veraz, la libre circulación de trabajadores en un mercado de trabajo europeo (unidad de mercado).
5. Conclusiones
La amplitud y alcance de los temas planteados en el Borrador “Avanzando hacia un nuevo modelo de formación” (4 marzo 2014) y que hemos analizado en una “primea lectura” del mismo, nos lleva a concluir lo siguiente:
5.1. Si bien en la Introducción se identifica uno de los principales fracasos del Sistema de FC hasta el momento, pues “la mayor inversión en formación no se ha visto reflejada en una mejora de los niveles de cualificación de nuestra población trabajadora...; indicando, a continuación, que “es necesario revertir esta situación...” (pág. 4), no aparece a lo largo del documento de Propuesta ninguna medida, prioridad, principio... que vayan en esa dirección.
5.2. Del protagonismo de los Agentes Sociales en el Sistema de la FC al“mercado de la formación” (“el mundo al revés”), las empresas de la formación como novedad (ver apartado 3.3. de este documento), poniendo la “concurrencia competitiva” como colofón de esta descarada privatización de un derecho y servicio público, clave para las ”políticas activas”. Este enfoque, plantea varios interrogantes:
¿El Mapa de infraestructuras públicas de formación profesional será “usufructuado” por las empresas de formación?
¿Los costes de la formación (materiales, metodologías, profesorado...) serán valorados como “bajas temerarias”con detrimento de la calidad, condiciones de trabajo... como está ocurriendo con la privatización de servicios públicos como la Limpieza, la Sanidad, la Educción, los Servicios Sociales?.
¿Los Sindicatos y otras entidades sin afán de lucro entrarán en este “juego del mercado”?
5.3. Confusión (si no abandono) del Sistema Integrado de Formación Profesional: El Ministerio de Educación y Cultura (y su correlato en las CC.AA.) “ni está, ni se le espera”...!. Sólo aparecen referencias, por ejemplo, a la finalización y actualización del “Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad” (pág. 10); “Catálogo de Especialidades Formativas”, del SEPE (pág. 19)...
5.4. Con la presente Propuesta, se trata de un“¿Borrón y cuenta nueva?”. Por el alcance normativo a revisar, parece claro que se trata de una “contrarreforma”. Por ello, no estamos ante un tema menor, sino que toca de fondo todo el “activo” y experiencia acumulados con excelentes resultados de este “viejo modelo”, construido desde hace más de 20 años, como ha sido el caso del País Vasco (considerado puy positivo por diferentes instancias de la UE). Según la amplitud de normas a “retocar” por revisión o modificación (pág. 27-29), aparecen nada menos que:
5 Leyes
9 Reales Decretos
3 Órdenes Ministeriales
Varias Resoluciones...(“por ejemplo”, se citan 2)
5.5. Frente al MEYSS como Responsable (¿“blindaje”?) último del Sistema (pág. 11), aspecto que puede institucionalizarse con la propuesta de cambiar “La fundación Tripartita de la Formación para el Empleo” a “Una nueva Fundación Estatal...” (pág. 12), sigue vigente plantear un debate sobre la dependencia orgánica (política) de la Formación Profesional (Sistema integrado de diseño, planificación, oferta...) no corporativa (o “competitiva” entre los Ministerios de Trabajo y Educación). Reivindicación histórica de los Agentes Sociales dese loa años 90, precisamente para hacer viables la eficacia y eficiencia del Sistema que, ahora, 20 años después, siguen siendo “carencias que es preciso abordar” (pág. 5 y 6). La alternativa, con varios modelos en otros países europeos, podría ser:
De Presidencia de Gobierno;
Del Ministerio de Economía; o, aprovechando la propuesta de “nueva Fundación Estatal que se plantea,
Agencia Intergubernamental (con igual peso político de los 3 Ministerios principales: Economía, Educación y Trabajo) y, garantizando el Tripartismo: Sindicatos (y Asociaciones de Autónomos) + Patronales (incluida la Economía Social: CEPES)+ Administración/gobierno (incluidas las CC.AA.).
Finalmente, nos hemos esforzado por encontrar algún aspecto positivo en este “nuevo modelo de formación” y, si acaso, lo encontramos en “evitar la segmentación (excesiva) de las Comisiones Paritarias Sectoriales” (pág. 12), apostando por una racionalización o nueva estructura Sectorial, en torno al SNC, la CNAE 2009 y la CON 2011. Pero, este proceso no podría ser efectivo sin el concurso y validación de Patronal y Sindicatos de forma que el “mapa Sectorial” resultante sea el fruto de una “racionalización paralela” de la Negociación Colectiva en sus respectivos ámbitos funcionales.
