El 11 de febrero se ha firmado un acuerdo que, entre otros aspectos, debe permitir poner fin a la práctica empresarial de Movistar de subcontratar en cadena a los trabajadores que se encargan del montaje y el mantenimiento de las instalaciones y las redes de telefonía y telecomunicaciones, así como poner fin a la precarización creciente de las condiciones laborales que sufren los trabajadores del sector, con una mejora en la estabilidad y la calidad del empleo en el sector.
Este acuerdo llega después de un intenso proceso de movilización y de negociación, a raíz de las diversas luchas y jornadas de huelga realizadas los primeros meses de 2015, y es fruto del pacto de desconvocatoria de huelga alcanzado el pasado 5 de mayo entre la patronal del sector, las principales empresas contratistas de Movistar y los sindicados CCOO y UGT, mediante el cual los sindicatos mayoritarios desconvocábamos la huelga y se abrían mesas de negociación temáticas para abordar la precariedad de las condiciones de trabajo en el sector. A su turno, los sindicatos minoritarios reconocían que al pacto era el instrumento para lograr mejorar la situación que afectaba al sector, aunque optaban por mantener las convocatorias de huelga (que, en algunos casos, sostuvieron hasta finales de junio), en espera que el contenido del pacto se fuese haciendo efectivo.
La apertura de mesas de negociación temática permitió concretar mejoras importantes en línea con las reivindicaciones planteadas por los trabajadores. Así, a finales de mayo se eliminaban las penalizaciones arbitrarias y a principios de junio se incrementaba la valoración económica de los baremos, al mismo tiempo que se rebajaba la sobreexigencia productiva, un conjunto de medidas que, combinadas, comportaban mejoras retributivas para el conjunto de trabajadores del sector (tanto para los trabajadores de las empresas contratistas como para los autónomos subcontratados por estas). Por otro lado, la operadora Movistar modificaba su contrato con las empresas contratistas para garantizar las condiciones económicas para hacer frente a los nuevos baremos pactados en la mesa de negociación.
Pese a la importancia innegable de estos avances, para alcanzar todos los objetivos fijados al inicio de la negociación, faltaba concretar el pacto del 5 de mayo en materias como la regulación del trabajo en fines de semana y días festivos, el cumplimiento de la normativa de protección de riesgos laborales y, muy especialmente, la ordenación del sector para poner fin a la práctica de la subcontratación, que fue la lacra que había desencadenado el espiral de precarización de las condiciones de trabajo en el sector. Precisamente estas materias conforman el acuerdo que, finalmente, se ha alcanzado esta semana.
En primer lugar, el nuevo acuerdo supone una regulación clara del trabajo en fines de semana y días festivos, y establece la compensación horaria y la retribución adicional correspondiente, así como la limitación de la jornada anual de conformidad con lo establecido en los convenios provinciales del sector del metal. En segundo lugar, en materia de prevención de riesgos laborales, el acuerdo prevé que se constituya una comisión que analizará la siniestralidad laboral en el sector y estudiará las necesidades formativas que se requieren para dar respuesta a esta problemática. Y, sobre todo, en tercer lugar, ordena el sector concretando y calendarizando las medidas para poner fin a la práctica de la subcontratación en cadena.
De esta manera, se acuerda que la contratación de servicios por parte de la operadora Movistar a otras empresas tendrá, a partir de ahora, un único nivel. Para implementar este cambio de fondo en el funcionamiento de la distribución de contratos, se establece un período de transición hasta el diciembre de 2016 (fecha a partir de la cual no será posible subcontratar nuevos contratos), al mismo tiempo que se marca el horizonte de 2018 para alcanzar el objetivo de que la contratista principal alcance una cifra de recursos propios del 70% (cifra que actualmente no supera el 30%), con el incremento progresivo de las plantillas estructurales.
Con la consecución de este acuerdo se pondrá fin a la precarización de las condiciones salariales y laborales que suponía la concatenación de subcontratación de trabajos en diferentes empresas y con personal autónomo en una relación contractual fraudulenta que había llegado a un punto del todo intolerable y que ha generado un importante conflicto sindical y laboral en los últimos meses. Limitar la subcontratación permitirá dar más estabilidad al empleo en el sector y hará posible cumplir las condiciones reguladas en los convenios de las empresas y del sector del metal en cada uno de los territorios del Estado.
Este acuerdo se debe trasladar ahora a un eventual convenio estatal del metal para, en primer lugar, ampliar la fuerza normativa y, en segundo lugar, posibilitar una aplicación similar al resto de operadoras de telefonía.
Estos importantes avances en la mesa de negociación no habrían sido posibles sin la movilización sostenida del conjunto de trabajadores del sector y su capacidad para articular la negociación. Los sindicatos mayoritarios hemos hecho posible este acuerdo porque, a diferencia de otros sindicatos minoritarios, hemos renunciado a una política resistencialista que no tiene la capacidad de cambiar la realidad, ya que renuncia a la negociación en los marcos estatutarios que permiten llevar los acuerdos a rango de legalidad. Esta renuncia de los sindicatos minoritarios hace que la movilización no logre sus principales objetivos: llevar la reivindicación al acuerdo, y el acuerdo, a una mejora de las condiciones de los trabajadores.
El papel del sindicalismo confederal tiene claro el binomio presión-negociación y su utilidad para cambiar y transformar la realidad de la gente en el mundo del trabajo. Es por eso por lo que durante estos meses hemos trabajado para lograr este acuerdo en la mesa y aportar a los trabajadores verdaderas soluciones a sus problemas. Ahora hay que mantener la alerta y seguir con la lucha, avanzando hacia un frente único y sin fisuras, para garantizar la aplicación efectiva de lo que se ha acordado.
Javier Pacheco, secretario general de CCOO de Industria de Cataluña
José Juan Marín, responsable de Política Industrial y coordinador sectorial de CCOO de Industria de Cataluña
