Los trabajadores y sindicalistas únicamente pretendían reivindicar su derecho a que se respetaran estas sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y que no se suprimiera la carga de trabajo de Fuenlabrada atribuyéndolas a plataformas logísticas
El jueves 8 de septiembre, en el Juzgado Penal nº 5 de Getafe, se celebra un juicio contra Juan Carlos Asenjo Asenjo y Alberto Pérez Mayoral, líderes de la sección sindical de CCOO en la planta de Fuenlabrada vinculada a Casbega y, por lo tanto, a Coca Cola. La fiscalía atribuye a cada uno de los sindicalistas los delitos de lesiones, coacciones y atentado y solicita más de tres años de prisión.
Nuevamente la fiscalía es "instrumentalizada para efectuar una interpretación excesiva y expansiva de preceptos penales y reprimir y castigar penalmente a sindicalistas cuando estos participan en actos de protesta y de reivindicación de sus derechos laborales", denuncian desde el sindicato. En este caso concreto, la protesta desarrollada en al Ayuntamiento de Leganés "no pretendía en absoluto ni amenazar, ni coaccionar, ni atentar contra las autoridades, sino exclusivamente reivindicar que la carga de trabajo que se debe atribuir por parte de Coca Cola a la planta de Fuenlabrada no fuera nuevamente sustituida", suprimiendo esta carga de trabajo y desplazándola a una plataforma logística cuya licencia y autorización administrativa debía ser efectuada por el Ayuntamiento de Leganés.
Hay que tener en cuenta que precisamente esta sustitución de carga de trabajo con ocasión de la huelga protagonizada por los trabajadores de Coca Cola en Fuenlabrada y su atribución a plataformas logísticas fue la que determinó la declaración judicial de nulidad del despido colectivo.
Por lo tanto, los trabajadores y sindicalistas únicamente pretendían reivindicar su derecho a que se respetaran estas sentencias de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y que no se suprimiera la carga de trabajo de Fuenlabrada atribuyéndolas a plataformas logísticas.
Por ello, desde CCOO apoyan y se solidarizan con sus dos sindicalistas acusados y considera que resulta abusivo e inconstitucional el castigo penal para quienes reivindican la defensa de sus derechos laborales, manifestándose ante el Ayuntamiento de Leganés para impedir que por una mera decisión administrativa se impidiese la tutela de derechos reconocidos en sentencias laborales.
