El año 2013 se acaba y es hora de hacer balance. Los portavoces del Gobierno no han parado de repetir en el último trimestre del año que “España está saliendo de la crisis y que ha merecido la pena los esfuerzos realizados. El próximo año crearemos empleo”. Sin embargo, CCOO cree que no es fácil convencer a la ciudadanía con lemas publicitarios, sobre todo, si son tantas las personas que, de una u otra manera, siguen atrapadas por el impacto de la crisis.
El año 2013 fue el año del 10º Congreso de CCOO (21, 22 y 23 de febrero), bajo el lema “La fuerza del trabajo”, que reeligió por amplia mayoría a Ignacio Fernández Toxo como secretario general y se centró en reforzar la presencia del sindicato en la empresa, buscar la convergencia con la sociedad civil y lograr la mayor eficiencia posible en el uso de los recursos del sindicato. También en febrero la CES, que ya suma 60 millones de afiliadas y afiliados, celebró su 40 aniversario, exigiendo un nuevo contrato social para Europa.
Sin duda una de las noticias del año es el dato de 6.202.700 personas en paro que arrojó la EPA del primer trimestre de 2013. Un dato que echa por tierra no solo la política económica del Ejecutivo obsesionada con el control del déficit y ajena a la creación de empleo, sino las sucesivas reformas laborales empeñadas en hacer más fácil y más barato el despido y en incrementar el poder contractual del empresario, devaluando la negociación colectiva. “Aquel empleo que la reforma laboral iba a crear ha derivado en un récord dramático de personas en paro”, denunció CCOO.
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, CCOO celebra junto al movimiento feminista actos y movilizaciones por toda la geografía española para avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres, una tarea colectiva que debe ser impulsada por los poderes públicos, y principalmente por los gobiernos.
Un año de acercamiento y respuesta unitaria del sindicalismo y de los movimientos sociales a través de la Cumbre Social y las mareas que el 10 de marzo convocaron manifestaciones en todo el país contra el paro y por la regeneración de la democracia, contra los paraísos fiscales, la corrupción y los desahucios, y que en abril rechazaron los nuevos recortes sociales del Gobierno en materia de pensiones, protección al desempleo y ERE.
El 28 de abril, CCOO y UGT denunciaron que los recortes del Gobierno ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo, como consecuencia de la degradación del mercado laboral, la temporalidad y el insuficiente compromiso político. En el Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, CCOO recuerda que España sigue manteniendo tasas de siniestralidad inadmisibles.
El fuerte ataque a los servicios públicos ha protagonizado igualmente la respuesta sindical y social, especialmente en la educación y la sanidad. El 9 de mayo, una huelga general en el sector educativo contra los recortes y la reforma Wert, coincidía con las movilizaciones en el ámbito de la sanidad pública, que los gobiernos autonómicos del PP o de CiU sometían igualmente a severos recortes y privatizaciones.
En este contexto, el diálogo social agonizaba arrinconado por el Gobierno, aunque se produjeran tímidos intentos por parte del presidente, agobiado por el deterioro del clima social, de activarlo en materia de protección social, empleo y pensiones. De igual manera, sindicatos y organizaciones empresariales alcanzaban un acuerdo sobre ultractividad de los convenios para ganar tiempo ante un cambio normativo que amenaza la existencia de miles de convenios para millones de trabajadoras y trabajadores. También el Tribunal Supremo da la razón a CCOO en su demanda para que los becarios/as viesen reconocido como periodo de cotización las prácticas externas universitarias.
En junio, el llamado informe de los expertos sobre el futuro de las pensiones abre una nueva brecha con el movimiento sindical. CCOO no se siente vinculado al mismo, porque precipita reformas en materia de evolución demográfica y sostenibilidad del sistema que abordó bien el acuerdo de 2011, y porque acaba con una conquista que CCOO no está dispuesta a aceptar: desvincular la subida de las pensiones del IPC.
El 16 de junio, en el marco de la convocatoria de la CES en toda Europa, se producen manifestaciones para reclamar una “Europa más social y democrática”, el fin de las políticas de austeridad y los recortes y el impulso de políticas orientadas a la reactivación económica y la creación de empleo. Toxo declaró que “Europa no tiene futuro sin un modelo social justo”. Unas semanas más tarde, CCOO vuelve a reiterar su compromiso para que no decaiga ningún convenio y hace un llamamiento a las partes negociadoras para alcanzar acuerdos o buscar la salida del conflicto a través del arbitraje voluntario.
El 25 de julio se cumple un año de Cumbre Social, la plataforma que agrupa a centenar y medio de organizaciones de la sociedad civil, impulsada por CCOO y UGT, y que ha protagonizado desde julio de 2012 la respuesta a las políticas de recortes de los poderes públicos. En agosto, y fruto de la movilización social se alcanza un acuerdo para mejorar las pensiones de las personas contratadas a tiempo parcial y trabajadores fijos-discontinuos.
En septiembre se inicia el curso escolar como acabó el anterior, marcado por la movilización contra los recortes y las contrarreformas educativas. Todos los sindicatos de la enseñanza, apoyados por la Cumbre Social, convocan una nueva huelga general para el 24 de octubre ante el intento de imponer por parte de una minoría política, económica y religiosa un modelo educativo más clasista y menos igualitario.
Ese mismo mes, CCOO propone una Renta Mínima Garantizada para todo el Estado con el fin de atender a los 630.000 hogares en situación de pobreza severa, que carecen de cualquier tipo de ingresos. El 7 de octubre, el movimiento sindical internacional vuelve a exigir trabajo decente y el cese de los recortes para situar a las personas en el centro de la economía.
En pleno debate sobre la viabilidad futura del sistema público de pensiones, CCOO presenta una propuesta para aumentar los ingresos del sistema y rechaza la pérdida del poder adquisitivo. El sindicato cree que el Gobierno no hace frente a los verdaderos retos del sistema de pensiones. Coincide esta propuesta con una campaña de CCOO en defensa de los servicios públicos para combatir las reformas estructurales y defender la democracia y el estado de bienestar.
La Dirección Confederal de CCOO sale al paso en el mes de octubre del escándalo de los ERE que instruye la juez Alaya, y advirtió que con el mismo empeño con que está investigando la actuación del sindicato para depurar responsabilidades, garantizarán la intervención sindical para defender los intereses de trabajadoras y trabajadores. Toxo declaró que CCOO no forma parte de ninguna trama y dijo que se tomarán medidas para evitar que la actuación del sindicato esté bajo sospecha. La huelga general de la enseñanza el 24 de octubre fue un éxito.
En noviembre, la Federación de Pensionistas de CCOO inicia una campaña en defensa del Estado de Bienestar “porque hay alternativas más justas y eficaces que los recortes de derechos y el debilitamiento del modelo social”.
El 23 de noviembre, bajo el lema Defendamos lo público, defendamos las pensiones, defendamos a las personas, centenares de miles de ciudadanas y trabajadores salen a la calle convocados por la CES en toda Europa, y por la Cumbre Social, sindicatos y mareas en España contra las políticas autoritarias y antisociales y el desmantelamiento del Estado social.
El 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, CCOO junto a diversas organizaciones del movimiento feminista convocaron a miles de mujeres en las calles para seguir luchando por la erradicación de esta lacra, que en lo que va de año se ha llevado por delante a 44 mujeres.
En diciembre, CCOO presenta en rueda de prensa un amplio informe sobre El gasto sanitario en España en el que se analiza la evolución del gasto sanitario en nuestro país, así como el impacto que los recortes aprobados por el Gobierno tienen en dos aspectos básicos como la equidad y la calidad del sistema. Hay que destacar que estos recortes están provocando la respuesta firme del personal sanitario, que no ha parado de movilizarse a lo largo del año.
La Fundación 1º de Mayo de CCOO no se ha olvidado este mes de diciembre de dos efemérides de especial trascendencia para el movimiento sindical: el 25 aniversario del Paro General del 14D, que significó la mayor movilización democrática de nuestra historia reciente; y el 40 aniversario del Proceso 1001, que supuso la detención de los principales dirigentes de CCOO, a quienes los tribunales franquistas condenaron a 162 años de cárcel.
El 17 de diciembre, el Consejo Confederal de CCOO critica la autocomplacencia del Gobierno sobre la situación económica y advierte que la crisis seguirá con nosotros mucho tiempo si no se impulsa la actividad económica y el empleo. El Consejo, en palabras del secretario de Organización y Comunicación, Fernando Lezcano, ratifica la decisión de avanzar en la reestructuración organizativa y la fusión de federaciones, para dotarnos de estructuras más sólidas, económicamente saneadas y con mayor capacidad de intervención sindical.
En el Día Internacional del Migrante, el 18 de diciembre, la secretaria de Empleo y Migraciones de CCOO, Paloma López, ha rechazado la colocación de concertinas en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, “concertinas que se instalan para causar daño y dolor”. Igualmente ha denunciado que las trabajadoras y trabajadores transfronterizos cotizan al desempleo pero no cobran la prestación.
Todavía nos quedaba escuchar alguna idea disparatada, esta vez de la OCDE. Toxo ha rechazado las sugerencias de este organismo de abaratar aun más el despido, porque una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral solo conduciría a más paro y más precariedad.
El 19 de diciembre, se alcanzó un compromiso histórico por el futuro de la ciencia con la firma por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, salvo el PP, de un Acuerdo por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación. Y otro disparate: aunque el ministro de Industria lo quiera aparentemente frenar, la factura de la luz experimentará una nueva subida en enero, que volverá a penalizar a consumidores, pymes y a la propia actividad económica. CCOO cree que ha llegado el momento de decir BASTA. Hay que reformar con urgencia el sistema de fijación de precios que permita que la tarifa española se aproxime a la media de los países de nuestro entorno.
Asimismo, el 19 de diciembre, se aprobó sin consenso alguno en el Parlamento, la reforma de la Ley reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de Pensiones de la Seguridad Social, que extiende a los pensionistas las políticas de empobrecimiento de la población. Una reforma con la que el Gobierno ha roto el compromiso, aceptado por todos desde 1995, de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, al instaurar una fórmula que traerá una pérdida muy significativa del mismo. CCOO ha vuelto a exigir al Gobierno que abra un debate sobre los ingresos y retos el sistema de pensiones, desde alternativas distintas a la de la reducción progresiva e intensa del poder adquisitivo de las pensiones.
El 20 de diciembre el Consejo de Ministros materializó otro ataque del PP a los derechos y libertades y salud de las mujeres, con la aprobación de la Ley del aborto más restrictiva de la democracia. Una reforma que obedece a una ideología rancia y retrógrada para contentar a la ultraderecha del PP. Con la modificación de la ley se menosprecia el derecho y la capacidad de decidir de las mujeres sobre sus vidas y sus cuerpos, lo que es inadmisible en un Estado de Derecho. Además, supondrá poner en peligro la vida de las mujeres con más dificultades económicas y que no puedan viajar al extranjero, y condenará a la clandestinidad a las mujeres y a profesionales de la Sanidad que les atiendan en base a su compromiso deontológico.
Junto a este importante recorte de derechos, el Consejo de Ministros también dio luz verde a un paquete de medidas que flexibilizan y desregulan la contratación a tiempo parcial (dando respuesta a las demandas empresariales) , y al anteproyecto de ley de mutuas que pone en manos de las asociaciones de empresarios mayores competencias para la concesión, gestión y extinción de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, y desplaza al sistema público en la decisión sobre la enfermedad común.
