El Secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, ha resaltado que aunque la Ley de transparencia no es la solución a todos los problemas que presenta nuestra democracia, “sí puede ser una buena aportación y el inicio de un proceso que permita restaurar la confianza ciudadana en sus instituciones”. En este sentido, se ha referido a la necesidad de incorporar, al menos, algunas reformas en ámbitos como “la ley de partidos políticos, la ley electoral, una regulación de los referéndums que vinculen y permita que la democracia no consista solo en votar cada cuatro años, cambios para que las Iniciativas Legislativas Populares tengan un tratamiento más democrático, obligaciones en relación al cumplimiento de los programas de los partidos que concurren a las elecciones, impedir el abuso que se está produciendo en los Reales Decreto Ley y abordar, para todo ello, si fuera necesario, una reforma constitucional”.
"La Ley de Transparencia debe ser el inicio de un proceso que permita restaurar la confianza ciudadana en las instituciones"
Monell -que ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para hablar sobre “Los sindicatos ante la ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”- ha resaltado la disposición de UGT en la elaboración de esta ley, la relevancia constitucional de los sindicatos y “el desarrollo incompleto de la regulación de algunas de las tareas que tenemos encomendadas”. Por eso, ha apuntado a que “esta ley podría incorporar una disposición adicional que contuviera un mandado al Gobierno para desarrollar los aspectos de participación institucional, dentro de una ley marco”.
Monell ha trasladado las consideraciones de UGT para mejorar el proyecto de ley, y ha reclamado, entre ellas, una ampliación de la norma, de tal forma que afecte a todas las administraciones y entidades públicas y a todas aquellas otras que perciben fondos públicos o que contraten con las administraciones o gestionen servicios públicos. Así, debe afectar, igualmente, a las Altas Instituciones del Estado (Corona, Congreso de los Diputados, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo); a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo y, también, al Consejo del Poder Judicial.
