Es jueves 31 de mayo de 2018. Ha pasado una semana desde que el viernes 25 fuese presentada una moción de censura en el Registro del Congreso de los Diputados. La semana ha sido muy intensa. Se han producido reuniones bilaterales y, sobre todo, llamadas, muchas llamadas telefónicas. También muchos mensajes, por Whatsapp y por Telegram. A Pedro Sánchez, por fin, le salen las cuentas. Cuenta con el apoyo de la mayoría de la cámara y tiene el camino expedito para convertirse en el sucesor de Mariano Rajoy en la Presidencia del Gobierno. En el último momento, Sánchez quiere hacer un gesto para fortalecer su legitimidad y ofrece una salida a Rajoy: si éste dimite, él se compromete a retirar la moción de censura.
Contra todo pronóstico, Rajoy se lo piensa y, transcurridos unos minutos, toma la palabra. Empieza haciendo un repaso de los éxitos en sus años de mandato y también menciona algunos momentos difíciles. Especialmente se refiere a todo el proceso vivido cuando tuvo que decidir si acudir al rescate de Bruselas o no. También habla de Cataluña, del 155 y de la unidad de la nación española. Habla de la grandeza de la democracia y de los logros conseguidos por España desde los inicios de la transición. Mira a sus ministros, relaja el gesto y anuncia su dimisión como presidente del Gobierno. Lo hace con calma, se toma su tiempo. No lo hace por los escándalos de corrupción, ni mucho menos por los efectos de la reciente sentencia de la Gürtel. Lo hace por patriotismo. Rajoy ha sacrificado su interés personal por uno infinitamente mayor: España. El gesto engrandece su figura. Cuando esa tarde, ya de noche, salga del Congreso de los Diputados lo hará entre aplausos y vítores.
En Unidas Podemos son conscientes de que la situación les deja en una posición muy difícil. Es la segunda moción de censura que pierden en la misma legislatura, la primera fue en carne propia; la segunda, esta vez con el PSOE como protagonista, cuando ya prácticamente estaba ganada
Antes de concluir la sesión del jueves, toma de nuevo la palabra Pedro Sánchez, algo desconcertado. En tono solemne, agradece el gesto de Rajoy y pide a la vicepresidenta que asuma el relevo para convocar cuanto antes unas elecciones. Sin embargo, Soraya Sáenz de Santamaría tiene otros planes. Ya ha hablado con sus colaboradores más directos y también con algunos de quienes van a ser sus aliados. A la mañana siguiente, en un improvisado discurso, anuncia a la Cámara la formación de un gobierno con presencia de Ciudadanos. Albert Rivera será el nuevo vicepresidente segundo; Rafael Catalá será Vicepresidente Primero. En el equipo figurarán nombres importantes de ambos partidos: Fátima Báñez, José Luis Ayllón, Borja Sémper o Íñigo Fernández de Vigo, pero también estarán Inés Arrimadas, José Manuel Villegas y Juan Carlos Girauta. Será el primer Gobierno de coalición de España desde la II República. Y el primero presidido por una mujer.
El golpe es descomunal para el PSOE. Pedro Sánchez ha desoído los consejos de personas muy importantes en el partido: tanto Felipe González como Alfredo Pérez Rubalcaba, e incluso José Luis Rodríguez Zapatero, le habían aconsejado que no lo hiciera, que no presentase la moción de censura. En ese momento, en el Palacio de San Telmo, Susana Díaz sonríe con malicia y piensa que, efectivamente, el tiempo le ha dado la razón. Ella mantiene silencio, pero algunos de sus colaboradores más directos echan la culpa a Pablo Iglesias y a su inmensa ambición de poder; Pedro Sánchez se ha dejado llevar por el impulso destructivo de Iglesias y ha cosechado un inmenso fracaso. Es hora de dejar paso a un nuevo equipo.
En el grupo de Unidas Podemos no dan crédito. Pedro Sánchez no ha sabido terminar la jugada. Pablo Iglesias se la había servido en bandeja, pero la épica del momento llevó a Sánchez a ofrecer una oportunidad al Partido Popular que el viejo y astuto Rajoy ha sabido aprovechar con maestría. Iglesias mira con gesto flemático a Iván Redondo, que está sentado en las gradas del hemiciclo. Ambos saben que Sánchez ha cometido el error de su vida. En Unidas Podemos son conscientes de que la situación les deja en una posición muy difícil. Es la segunda moción de censura que pierden en la misma legislatura, la primera fue en carne propia; la segunda, esta vez con el PSOE como protagonista, cuando ya prácticamente estaba ganada.
UN NUEVO CICLO
El miércoles 6 de junio toma posesión el nuevo Gobierno. El viernes día 8, tras la celebración del primer Consejo de Ministros, la presidenta del Gobierno de España, flamantemente vestida para la ocasión, asume las funciones de portavoz y convoca una conferencia de prensa sin preguntas. Es la primera mujer que ocupa la Presidencia del Gobierno en la historia de España y no es feminista. No procede de ninguna familia influyente. Ha llegado hasta allí trabajando duro y siendo constante. Nadie mejor que ella encarna los ideales que su gobierno defiende: sacrifico, mérito, abnegación y fe. En esa comparecencia explica sus planes: hace apenas dos semanas que el Parlamento ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado y el nuevo Gobierno está dispuesto a agotar la legislatura.
Los medios de comunicación reaccionan de manera muy diferente: los más afines al Partido Popular se muestran exultantes, los pocos medios de izquierda expresan desconcierto, mientras algunos como La Vanguardia o el grupo PRISA optan por pedir abiertamente al nuevo Gobierno que pase página y sea capaz de entender las características del nuevo ciclo. Esa es la clave de todo: el país ha entrado en un nuevo ciclo.
En el PSOE cunde el desánimo. Los viejos dirigentes, quienes habían defendido la opción moderada de la Presidenta de la Junta de Andalucía, se muestran ahora autorizados para volver a tomar la iniciativa. Se suceden encuentros, unos públicos y otros no
LOS RESTOS DEL NAUFRAGIO
En el PSOE cunde el desánimo. Los viejos dirigentes, quienes habían defendido la opción moderada de la Presidenta de la Junta de Andalucía, se muestran ahora autorizados para volver a tomar la iniciativa. Se suceden encuentros, unos públicos y otros no. En ellos se va tejiendo una red de apoyos en torno a la figura de Emiliano García Page. En un congreso extraordinario forzado por los barones y celebrado en Toledo, García Page es elegido nuevo secretario general del PSOE. El nuevo secretario general ofrece mano tendida al Gobierno para afrontar la crisis en Cataluña y no duda en hablar del bloque constitucionalista.
En el grupo de Unidas Podemos las cosas tampoco van bien. Una corriente muy importante que procede de Izquierda Unida empieza a dudar de que el proyecto sea suficientemente consistente. Íñigo Errejón aparece cada vez más distanciado del partido. Pero lo peor es la desmovilización de la izquierda. Se percibe en todo el país un ambiente de desánimo en los sectores más progresistas, por no haber sido capaces de gestionar una oportunidad que se abrió en el 15M y que ahora parece ya completamente superada. Cunde la opinión de que los conflictos internos han acabado con un proyecto que fue ilusionante en su origen y acabó dejando una enorme estela de frustración. A pesar de todo, el grupo más cercano a Pablo Iglesias resiste y las encuestas no bajan del 10% de apoyos en unas hipotéticas elecciones generales. El suelo electoral de Unidas Podemos, como había dicho el periodista Enric Juliana, es rocoso.
Quiere la casualidad que la toma de posesión del Gobierno de la Generalitat en Cataluña coincida prácticamente con la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Nación. Con ello queda anulada la aplicación del art. 155 de la Constitución en Cataluña, tras 218 días de vigencia. Sin embargo, las condiciones que puso Ciudadanos estaban claras desde el primer momento: la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña tenía que ser prorrogada de forma indefinida. Así es como una de las primeras decisiones que toma el nuevo gobierno es su aplicación sine die lo que, de facto, significa la suspensión operativa del Gobierno catalán.
La reacción en Cataluña es visible y contundente. Los partidos que conforman el Gobierno catalán, junto a un amplio espectro de organizaciones sociales y ciudadanas, convocan una jornada de huelga que es todo un éxito. El paro general tiene lugar el 29 de junio, viernes. En él se reproducen los disturbios que ya se habían producido tiempo atrás, pero esta vez con mayor crudeza. La violencia se prolonga durante todo el fin de semana, especialmente durante el sábado 30. Se levantan barricadas en las calles de Barcelona y se prende fuego a coches y autobuses. La policía interviene con contundencia pero, la mayor parte de las veces, se ve superada por la situación que le desborda.
Se producen detenciones por delitos de odio y apología del terrorismo entre políticos de izquierda y personas vinculadas al mundo de la cultura. Los jueces se muestran implacables
A pesar de todo, en los primeros días de julio y durante todo ese verano, las cosas se calman. El gobierno de la Generalitat trata de hacerse con los pocos resortes de poder que tiene. Quiere ejercer su función gubernamental.
CONSOLIDACIÓN DE LA NUEVA ESPAÑA
El día 7 de septiembre Ciudadanos anuncia la ruptura del acuerdo con el PSOE en Andalucía. Lo hace aludiendo a los casos de corrupción y anticipándose al estallido del caso de los ERE. Casi un mes después, el fiscal cifra en 680 millones de euros los fondos de la Junta de Andalucía sin control en los ERE.
Entre tanto, tiene lugar la Diada en Cataluña. El día 11 de septiembre una multitud sale a la calle en Barcelona reclamando la república catalana y la libertad de los presos.
En octubre Susana Díaz convoca elecciones que se celebran el día 2 de diciembre. Díaz es desalojada de la presidencia del Gobierno mediante un acuerdo de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que ha sacado 12 escaños, por el que los dos primeros partidos forman gobierno con apoyo del tercero. Juan Manuel Moreno Bonilla es elegido presidente el día 16 de enero de 2019.
La tensión en Cataluña no deja de crecer. Los incidentes se suceden y se llega a detener a algunos grupos que poseen material para llevar a cabo actos de violencia que el Gobierno no duda en calificar de terroristas. La presencia policial se intensifica en Cataluña y, con ello, las declaraciones de representantes del Gobierno de la nación llamando a la unidad nacional.
Se producen detenciones por delitos de odio y apología del terrorismo entre políticos de izquierda y personas vinculadas al mundo de la cultura. Los jueces se muestran implacables. Una simple referencia en tono jocoso a cualquier episodio relacionado con la violencia es considerado un delito grave de terrorismo.
En este clima de creciente tensión por no decir de hostilidad, el Gobierno anuncia la convocatoria de elecciones generales en el mes de abril. Los partidos de izquierda están desarticulados, Cataluña está en llamas, el partido de extrema derecha Vox consigue imponer la agenda política y capitaliza el clima de confrontación.
En Partido Popular pugnan diversas corrientes, que acaban cristalizando en dos: una encabezada por la presidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y otra, más cercana a los postulados de la derecha radical, representada por Pablo Casado. Las dos candidaturas compiten en elecciones primarias y resulta elegida la opción de Pablo Casado.
Las elecciones se celebran el día 28 de abril. La participación es baja en la mayoría de las ciudades y alta en zonas rurales. Los votantes de izquierda se quedan en casa y los tres partidos de derecha obtienen una cómoda ventaja. El que más votos obtiene es el Partido Popular, seguido de cerca por Vox; el tercero de los tres es Ciudadanos, a una considerable distancia. Pablo Casado se convierte en el octavo presidente del Gobierno de la etapa democrática. En esta ocasión, Vox exige estar en el Gobierno y pide los ministerios de Defensa, Sanidad, Familia, Interior y Justicia. Consigue todos sus objetivos en la negociación. Santiago Abascal es nombrado vicepresidente primero y ministro de Defensa, José Luis Steegmann se encarga de Sanidad, Javier Ortega Smith ocupa el Ministerio del Interior, Rocío Monasterio pasa a ser ministra de Familia y Francisco Serrano Castro se encarga de la cartera de Justicia.
Inmediatamente se pone en marcha el nuevo Gobierno de la nación, con las siguientes medidas urgentes.
-Se suspende la autonomía de Cataluña hasta nueva orden.
-Se ilegalizan los partidos políticos y ONGs que cuestionen la unidad de la Nación.
-Se suprimen las policías autonómicas.
-Se pone en marcha la transformación de las autonomías en regiones de un Estado unitario.
-Se lleva a cabo un plan de ensalzamiento nacional, con especial atención a las gestas y hazañas de nuestros héroes nacionales.
-Se deroga la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Violencia de Género y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.
-Se suprime el Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y la incorporación de ambas regiones y sus Diputaciones Forales al Régimen Común.
-Se decreta la expulsión de inmigrantes ilegales. Cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España estará incapacitado, de por vida, a legalizar su situación.
-Se ordena el cierre de todas las mezquitas y se prohíbe erigir nuevos templos no católicos.
-Se pone en marcha el levantamiento de un muro infranqueable en Ceuta y Melilla.
-Se suspende la participación de España en el espacio Schengen.
-Se decreta el cierre las televisiones autonómicas, defensores del pueblo, Consejos Consultivos, Agencias Meteorológicas, etcétera.
-Se decide la rebaja radical del Impuesto sobre la Renta, así como la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Plusvalías municipales en todo el territorio nacional.
-Se decide convertir en suelo apto para ser urbanizado todo el que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público convenientemente justificados.
-Se elimina el acceso gratuito a la sanidad para inmigrantes ilegales y se impone copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo. Para ellos se cubren únicamente servicios de urgencia.
-Se implanta el sistema de MUFACE a todos los prestatarios de la sanidad, de manera que todos los españoles puedan elegir entre sanidad pública o privada.
-Se instaura el PIN Parental.
-Se aprueba una ley de protección de la tauromaquia y otra de protección de la caza. También se aprueba una ley antiokupación.
-Se decide que los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar, para ello se amplía el concepto de legítima defensa.
-Se ilegaliza cualquier entidad considerada heredera de ETA y sus satélites mediáticos y financieros.
-Se decide la depuración de responsabilidades a quienes, desde el Estado o desde las fuerzas de seguridad, hayan negociado y pactado con terroristas.
-Se decide restaurar todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos más graves, incluyendo la cadena perpetua.
A pesar de la indudable eficacia del nuevo gobierno, las medidas tardan en ponerse en práctica. Así transcurre el año 2019 y los primeros meses de 2020, ejecutando el programa de gobierno a marchas forzadas, hasta que se produce una situación imprevisible. Lo que parecía ser una crisis sanitaria en China se extiende con gran rapidez por todo el mundo y se convierte en una pandemia global. Ha llegado el coronavirus.
La tensión en el país es insostenible, especialmente en el País Vasco y en Cataluña, donde se puede hablar de una confrontación social sin precedentes en la etapa democrática, sobre todo tras la prohibición de ERC, PDeCAT, CDC y de EH-Bildu así como de más de un centenar de organizaciones sociales y medios de comunicación afines; con la detención de sus dirigentes y con la inhabilitación de todos sus cargos públicos. Se estudia, asimismo, la promulgación de una Ley de Prevención de Totalitarismos que permita ilegalizar los partidos que en el pasado hayan tenido relaciones con regímenes dictatoriales como Venezuela o Cuba. También se encuentra en estudio la ilegalización del PNV.
CRECERSE ANTE LA ADVERSIDAD
La primera medida que toma el Gobierno es el cierre de fronteras y la expulsión de inmigrantes. No importa si tienen permiso de trabajo o no. Todos los permisos quedan derogados
Estamos a 12 de marzo. Las autoridades están desconcertadas. Cuando todo parece ir razonablemente bien, aún con los inevitables problemas en el País Vasco y Cataluña, se presenta una crisis sanitaria que ningún país sabe cómo atajar. El foco más importante se traslada de China a Italia, y en España empieza a haber algún caso aislado. En principio se trata de extranjeros que visitan nuestro país, pero enseguida empieza a haber afectados nacionales.
La primera medida que toma el Gobierno es el cierre de fronteras y la expulsión de inmigrantes. No importa si tienen permiso de trabajo o no. Todos los permisos quedan derogados.
La segunda medida es la declaración conjunta del presidente y del vicepresidente del Gobierno para tranquilizar a la población. Siguiendo el ejemplo del presidente de Brasil, optan por no dar importancia al asunto, minimizando sus consecuencias. Del mismo modo que hace Donald Trump en EE.UU, o Boris Johnson en Reino Unido, las autoridades españolas priorizan la economía y creen que lo mejor es, por encima de todo, proteger la economía evitando una crisis económica de consecuencias imprevisibles.
Además, algunos analistas cercanos al Gobierno opinan que la situación puede ser leída como una oportunidad para las empresas españolas que podrían aprovechar la debilidad de otros países. Sin embargo la pandemia avanza y la situación se torna insostenible. Es entonces cuando el Gobierno decide someter al Parlamento la Declaración del Estado de Alarma. Esta es aceptada, pero la crisis sanitaria se suma a la crisis política y social en Cataluña y País Vasco. Se decreta el confinamiento de la población. En toda España se encarga a la Policía Nacional del cumplimiento de la medida, excepto en Cataluña y el País Vasco donde es el ejército quien se ocupa de ello.
Tras el preceptivo acuerdo en el Parlamento, el Gobierno ha decretado el Estado de Alarma. Con este instrumento en la mano se pueden tomar medidas excepcionales que implican limitaciones en derechos básicos, tales como el derecho de libre circulación, el derecho de reunión o el de manifestación. Transcurridos 15 días, el gobierno tiene la obligación de acudir de nuevo al Parlamento para renovar el consentimiento de este con respecto a la declaración del Estado de Alarma.
Quedan anulados todos los partidos y sindicatos, así como las organizaciones sociales o ciudadanas. Los medios de comunicación se someten a las decisiones gubernamentales
Sin embargo, en el Gobierno hay posturas no del todo coincidentes. Mientras algunos piensan que lo mejor es un confinamiento total, otros piensan lo contrario, aunque todos parecen estar de acuerdo en que la situación en el País Vasco y, sobre todo, en Cataluña exige medidas más contundentes. Entonces se empieza a barajar la idea de declarar el Estado de Excepción. Con ello se suprimen hasta nuevo aviso los procesos electorales y los trámites parlamentarios. Quedan anulados todos los partidos y sindicatos, así como las organizaciones sociales o ciudadanas. Los medios de comunicación se someten a las decisiones gubernamentales y, en la práctica, la Constitución queda en suspenso. Es sólo un escenario que se baraja, pero nadie sabe si es una posibilidad real.
Lo están discutiendo en estos momentos.
