A lo largo del siglo XX en España se desarrolló una política hidráulica basada en la construcción masiva de infraestructuras como grandes embalses, canales, trasvases y grandes extensiones de regadío pero siempre con dinero público, aquí la iniciativa privada brilla por su ausencia.
Esta política ha supuesto que el estado español haya conseguido el triste récord de ser el país del mundo con la mayor cantidad de agua embalsada por km2 y por habitantes, existiendo unos 1.300 grandes presas, en todo el territorio que retiene el 50% de agua de todos los ríos.
Junto a esto hemos asistido a una desastrosa política forestal llevada a cabo en todo el Estado que lo sitúa en el umbral de los países semidesérticos, con grandes zonas erosionadas, donde el ciclo del agua se ha visto seriamente dañado.
En amplias zonas ha habido sobreexplotación ilegal de las aguas subterráneas, suponiendo el agotamiento y una salinización progresiva. Además, nuestras aguas han sufrido una elevada contaminación, tanto en las aguas superficiales como en las subterráneas.
Hemos asistido al surgimiento de dos planes hidrológicos
1º El Plan hidrológico del PSOE entre los años 1982 y 1996
El PHN se plantea en el año 1993, estando el Partido Socialista en el poder por medio del ministro, José Borrell. A pesar de plantearse el cumplimiento de la nueva Ley de Agua del dos de agosto del año 1985, que es una norma innovadora y de indudable amplitud de perspectivas. Este proyecto se muestra en clara discordancia con ella, con un enfoque primordialmente hidráulico deudor aún del legado regeneracionista.
La pieza básica en él contemplada para corregir los desequilibrios hídricos era el trasvase del Ebro. Su objetivo coincidía con el de los planes anteriores en cuanto a resolver el déficit de las cuencas internas de Cataluña, del Levante y del Sureste, incorporando además otras zonas calificadas como deficitarias, como son la cabecera del río Guadiana, las marismas del Guadalquivir y la cuenca del Guadalete - Barbate.
Este Plan representa la incorporación de objetivos medioambientales en la planificación nacional, asignando volúmenes de agua trasvasada a usos ambientales. Destaca la transferencia de agua a la cabecera del río Guadiana con la finalidad de recuperar los niveles del acuífero Mancha Oriental, así como la transferencia de aguas a las marismas del Guadalquivir incluido el Parque de Doñana.
Su aprobación fue retrasada por indicación del Senado, hasta que se elaborara con carácter previo un Plan Nacional de Regadíos. Sin embargo, continuaron tramitándose los distintos planes hidrológicos de cuenca, donde se concretan las infraestructuras necesarias para cada una de ellas en función de las necesidades de regadío o abastecimiento que se han previsto desde las Confederaciones Hidrográficas.
Este Plan introduce a la cuenca del río Duero como cedente hídrico. Se parte del principio que sólo existen 50 Hm3 al año de excedentes en la cabecera del río Tajo, que son susceptibles de ser trasvasado al río Segura. Por ello, se debe liberar el volumen necesario para completar lo que se prevé para la cuenca del río Segur, que son 1.000 hm3, trayéndola del Duero hasta el Tajo.
Plantea dos tipos de transferencias hídricas, por un lado, las múltiples integradas por el norte-Duero y el del Ebro y por el otro, los denominados zonales que son las que se producen entre cuencas limítrofes con origen y destino dentro de la misma comunidad autónoma.
El Norte-Duero capta recursos hídricos de las cuencas del Norte para conducirlas hasta el río Duero. Se derivan recursos de la cuenca del río Duero, recogiendo excedentes de la cabecera de sus afluentes por la margen derecha o bien desde el bajo Duero, conduciéndolos hasta la cabecera. Desde ahí serían conducidos hasta el embalse de Bolarque, ya en la cabecera del río Tajo y una pequeña parte a la cuenca del río Jalón en el valle del río Ebro.
Se prevén trasvasar unos 1.050 hm3 desde la cuenca del Duero, de los cuales 850 hm3 irían a la cabecera del Tajo y 200 hm3 para el río Jalón. Además, el Alto Ebro recibiría también 200 hm3 de las cuencas del norte.
Desde la cuenca del Tajo se trasvasarían 90 hm3 de los cuales 850 serían de las cuencas del Norte y del Duero y 50 del propio Tajo. De esta agua trasvasada, 170 hm3 van destinados a la cabecera del río Guadiana, 100 hm3 al Guadalquivir y 630 hm3 al Sureste. De estos 670 hm3, irían, 470 hm3, a la cuenca del Segura, 105 al Sur, 55 hm3 a la cuenca del río Vinalopó.
Respecto al trasvase del río Ebro, además del ya existente en Tarragona con 125 hm3 se realizaría otro de 350 hm3 para las cuencas internas de Cataluña. Otro hacia Levante y sureste de 1.380 hm3 anuales. Esta agua trasvasada se repartiría de la siguiente manera: 325 Hm3 para cuenca del Júcar/ Turia, 340 hm3 ara el Serpis / Vinalopó, a la cuenca del Segura 575 hm3 y los 140 hm3 restantes se llevarían por medio de un canal a la zona de Cenia / Palancia / Mijares.
Diseña un faraónico trasvase del Ebro y parte de la idea de la existencia de cuantiosos excedentes de agua trasvasable sin perjuicio alguno de las cuencas cedentes. Hoy en día, resulta a todas las luces inadmisibles y fuera de discusión científica, que haya sobrantes hídricos en el río Ebro.
Por otro lado, es una imposición desde el gobierno central en un Estado que se presenta descentralizado. Por supuesto, este plan no se pudo llevar a cabo, pro la gran oposición que generó.
Los redactores del Plan se recrean en rememorar y alargar el pensamiento de Joaquín Costa, dice en su preámbulo: “la próxima ley da solución a problemas pendientes, y esto en vísperas del comienzo de un nuevo siglo, en el cual el viejo sueño de Costa se hará, por fin realidad si bien no se limitará a su querida Litera; el Ésera y otros numerosos Éseras recorrerán la piel de España y sus aguas limpias serán, recordando el estilo poético de Costa, su sangre, su oro, el camino de la liberación y de la opulencia colectiva”.
Este anteproyecto no representa el final de la política hidráulica inspirada un siglo antes por el regeneracionismo, y en especial por el león de Graus sino, paradójicamente, es su plasmación total al pretender sobre todo mediante dos macrotrasvases, una sustancial reestructuración hidrológica del territorio español.
El Partido Popular entonces en la oposición con José María Aznar a la cabeza, se suma a las críticas generalizadas a este proyecto del PSOE y promete la elaboración de un “libro Blanco del Agua”, que abra un periodo de reflexión y de debate sobre cual dese ser la política hidráulica que interesa aplicar al país.
Las principales novedades del PNH socialista del año 1993, son en síntesis las siguientes:
- El PHN se realiza a lo largo de los próximo veinte años, pero revisables cada cinco años.
- En los cinco primeros años se invertirán unos 6.000 millones de euros para la ejecución de infraestructuras y la realización de cinco minitrasvases: Guadiana2 – Guadalquivir, Guadiana Menor – Almanzora, Almanzora- sur de la cuenca del Segura, Guadiana – Majaceite y Oitivan – Norte 1, llevan una cantidad de agua de 391 hm3 en conjunto.
- Plantean grandes trasvases procedentes del norte, Duero y Ebro. Para el PSOE los trasvases menores y los macrotrasvases resultan imprescindibles y necesarios para resolver situaciones gravemente deficitarias en determinadas áreas geográficas ubicadas mayoritariamente en las zonas mediterráneas.
- La transformación en regadío afecta a una extensión de entre 400.000 a 600.000 ha. En teoría se potencia mucho el ahorro de agua, hasta alcanzar los 2.100 hm3 anuales, mediante la racionalización de usos, al tiempo que se incrementa la reutilización de aguas residuales y la desalación del agua marina.
La inversión prevista de todo el PHN suponía unos 22.000 millones de euros.
El proyecto estrella es el trasvase del Ebro, que supone un trasvase de agua de 1.885 hm3 afectando a diez comunidades: Cantabria, País Vasco, Rioja, Castilla y León, Castilla la Mancha, Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia. Las grandes beneficiarias del trasvase son las comunidades de Valencia, Cataluña, Murcia y Andalucía, mientras que la principal comunidad cedente es Aragón con casi la mitad de la superficie cedente y con un 38% de aportación de caudal.
La clave del PHN radica sobre todo en la cuenca del Ebro, por eso destaca la resistencia de Argón, que propone como alternativa el Pacto del Agua.
La resistencia a ceder agua del Ebro es encabezado por Aragón pero encuentra apoyo en las tierras catalanas meridionales, donde Tarragona se muestra contraria a la realización del mini trasvase Ebro – Tarragona.
Las Comunidades con cuencas cedentes sostienen que es inexacto hablar de excedentes cuando distan mucho de tener cubiertas satisfactoriamente sus necesidades de abastecimiento y sus regadíos son susceptibles de ampliación.
Una vez formuladas estas exigencias y estimadas muy generosamente las reservas de futuro, reclaman el supuesto derecho de ser ellas quien declaren la existencia o no de excedentes y plantean en última instancia, como es el caso de Aragón, la percepción de unas compensaciones que puedan asegurar su desarrollo económico.
Es de resaltar que las comunidades con mayores disponibilidades de agua no figuran entre las más desarrolladas, de ahí que frente a la solidaridad hidráulica que se invoca desde el Mediterráneo, aquellas reclamen la solidaridad de rentas para que no salgan perjudicadas.
El agua es más rentable en unas áreas que en otras. Una política hidráulica de trasvases sin las adecuadas compensaciones, no ayuda a paliar los profundos desequilibrios regionales existentes en el país, pro más que estos no resulten, en cualquier caso, fácilmente superables con medidas coyunturales.
El PNH del año 1993, dice que el abastecimiento de agua para uso urbano se ha generalizado dejando de ser un país netamente agrícola, aunque la agricultura sigue siendo su mayor usuario con más del 75% del consumo hídrico.
Por su parte, la industria ha aumentado el consumo, aunque todavía no es muy elevado, pero en cambio si influye en el deterioro de la calidad del agua a través de vertidos no depurados, por lo que el consumo real es superior al que habitualmente se le atribuye.
La capacidad de embalse del país pasa de los 96 hm3 anuales del año a 43.000 Hm3 en el año 1992, cifra está muy importante.
Este plan afirma que los regadíos hace tiempo que dejan de ser un elemento fundamental para el fomento de la riqueza nacional, aunque siga siendo de interés para mejorar nuestra estructura productiva agraria.
Los proyectos hidráulicos no son ya la punta de lanza del progreso como antiguamente, aunque la disponibilidad de agua en cantidad y con calidad adecuada, sigue siendo la condición imprescindible para la vida y para la actividad económica.
La conciencia de la necesidad de preservar el medio ambiente y proteger los recursos naturales se deriva de la evidencia de la degradación generada por el uso indiscriminado de ésta de los límites para su utilización y de los graves impactos negativos de actuaciones que no tienen ningún respeto hacia el medio ambiente.
EL INFORME DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA
El anteproyecto de ley del PHN del año 1993 fue presentado para ser informado por dicho Consejo tal como prescribe la ley de abril del año 1993.
En dicho informe introduce modificaciones de los volúmenes a trasvasar, reduciéndolos a los inicialmente previstos y los objetivos de ahorro y reutilización puesto que se reduce la demanda urbana frente a lo inicialmente previsto y por otro lado, se aumente el ahorro del agua en abastecimiento y riego.
Se da al gobierno un plazo de dos años para que presente en las Cortes Generales previo el conforme del Consejo de Agua los estudios detallados de los diversos trasvases globales. Se señalan entre otros problemas los derivados de la falta de información con Portugal y de la inexistencia de justificación e información de costes económicos de los trasvases propuestos.
2- EL PLAN HIDROLÓGICO DEL AÑO 1996 – 2004.
Con el cambio de gobierno en marzo del año 1996, las competencias en materia hidráulica pasan al nuevo Ministerio de Medio Ambiente. Se concluyen los planes hidrológicos de cuenca y se elabora el Libro Blanco del Agua, que fue presentado a principios de diciembre del año 1998 al Consejo Nacional del Agua y que pretende ser un diagnóstico exhaustivo, al tiempo que se plantean algunas posibles directrices para la planificación hidráulica.
Más que un verdadero plan hidrológico, se trata de una propuesta de obras públicas a acometer, con dos memorias justificativas, una económica y otra ambiental. En la económica se infravalora los costes de las obras proyectadas y en la segunda los daños medioambientales que ocasionan, siendo minimizadas para defender así la conveniencia de realizarlas.
Es un faraónico proyecto que incluye otros 118 embalses, unido a la irracional extensión del regadío, con más de un millón de nuevas hectáreas, y el trasvase del agua entre diferentes cuencas. Para justificar los trasvases se han calificado las cuencas en excedentarias, es decir, que les sobra agua y en deficitarias, con consumos de agua que no pueden satisfacer las demandas actuales, pidiendo solidaridad entre cuencas.
El despilfarro y el uso abusivo del agua, las fugas en las conducciones urbanas y rurales, los vertidos contaminantes en ríos y mares, la deforestación, la erosión y la existencia de 746 embalses tóxicos, que al igual que el de Aznarcóllar carecen de todo tipo de control, el agotamiento y salinización de las aguas subterráneas son las asignaturas que este PHN no trabaja.
Para el Partido Popular, en España hay regiones que producen energía y otras que no, pero la energía lega a todas partes. Con este razonamiento el PP, el agua debe tener el mismo tratamiento.
Se intenta dar prioridad al desarrollo, planteando que antes que un desarrollo sostenible debe haber un desarrollo independientemente de su coste. Piensa que hay agua para todos y para todo, sin necesidad de subir los precios.
Si se sube el precio del agua, coloca a la agricultura española en condiciones inferiores de competitividad frente a otras agriculturas. Los beneficiarios seguirán siendo el poderoso holding turístico en todo el litoral mediterráneo que requiere ingentes cantidades de agua para mantener su infraestructura y crear nuevas junto con el sector de la agricultura intensiva, que es una gran despilfarradora de agua por sus agresivas técnicas.
La más extravagante del caso es que al hablar de la situación del litoral mediterráneo, llegan a la conclusión de que existe una gran escasez de agua como si fuera debida a la fatalidad climática, sin hacer un mínimo análisis de las verdaderas que lo han produjo.
Hubo muchos prestigiosos especialistas que han opinado sobre este PHN y sobre sus consecuencias. Veamos algunas.
Ramón Llamas [1] opina “Más que hidrológico es un plan hidro-ilógico. España es el país del mundo con más presas por millón de habitantes y no necesitamos más. Lo que nos falta no es agua sino dinero. Si invertimos 8.000 / 22.000 millones de euros, el trasvase que será su coste, no podrá dedicarse este dinero para el bien del ciudadano. El trasvase, que espero que no se haga, es el último coletazo de una ingeniería estructuralista que quiere resolver todo a golpe de hormigón.
El déficit hidrológico del Levante no es tal, no existe escasez de agua, es sólo una sensación. Lo que ocurre es el caos en la gestión de las aguas subterráneas. Ignorándose por completo la planificación. Lo primero sería poner orden en los acuíferos a los que se quiere llevar el agua. No se producirá el trasvase si los usuarios tuvieran que pagar lo que cuesta, como se la llevan gratis o casi regalada, pues todos se apuntan y la piden”.
En su discurso en el ingreso en la Real Academia de Doctores, habla de la posible influencia de la corrupción en la política de aguas: “al indicar que las decisiones pueden estar inclinadas a favorecer grandes infraestructuras ya que proporcionan oportunidades (de soborno) que no se consiguen con las alternativas de menor tamaño…”.
Destinar ciento de millones de euros a presas, trasvases como los del PHN es dar subvenciones perversas, perjudicando tanto a la economía como al medio ambiente,
Los planes de cuencas hidrográficas adoptan fundamentalmente un enfoque de oferta, es decir, donde se prevé un aumento del consumo de agua en los próximos años y para atenderlo proponen la construcción de numerosas y grandes obras de infraestructura con un considerable coste económico, social y ambiental.
Con este precedente, el PHN no se presenta como un instrumento de planificación hidrológica para “conseguir la mejor satisfacción de las demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales”, que era el objetivo que señala la Ley de Aguas del año 1985, sino como un plan de obras de regulación, trasvase, abastecimiento y riego, que llevan aparejado impacto sobre el medio natural.
Las previsiones de nuevos regadíos sumados todos los planes de cuenca, ascienden a 1.170.000 Ha que son inasumibles para el país y se rebajan las previsiones hasta las 200. 000 ha.
El israelí Uri Shamir, que evalúa el PHN, manifiesta que la gestión conjunta de las aguas de usos urbanos y agrícolas permite que la demanda agrícola, que es más flexible que la urbana, se constituya en una reserva segura que en condiciones normales se productiva y en condiciones de sequía se destina a usos urbanos. Nada de esto se contempla en el PHN a pesar de haberse ya realizado en otras partes del mundo como Israel y California con características climáticas parecidas a las nuestras.
Siguiendo con Uri Shamir, dice que el PHN no concreta los objeticos de ahorro y de reducción de la demanda urbana en las cuencas deficitarias. Incide también en la desalación como complemento estratégico, que no se tiene en cuenta y que sin embargo, en Israel tiene proyectados instalar más de 400 Hm3/año de capacidad desalinizadora.
Richard Hewitt, profesor de la universidad norteamericana de Berkeley, también analiza el trasvase, percibe muchas similitudes con el trasvase de California, que con un recorrido de 605 km y 80 Hm3/año de transporte de agua y lo considera como uno de los mayores fracasos de la historia de la humanidad.
Para Hewitt, la justificación del interés general que se utiliza en el PHN es excesivamente ambigua y no se respalda por un estudio económico solvente y contrastado.
En el PHN del año 2000, se califica sin rubor las obras propuestas como soluciones óptimas, cuando hoy se sabe que cuando hay problemas, estos afectan a más de una variable y rara vez la racionalización científica permite identificar un óptimo inequívocamente definido.
El razonamiento que justifica el trasvasar los 1.050 Hm3 desde la cuenca baja del Ebro hacia puntos más meridionales del litoral mediterráneo, no tiene en consideración, por ejemplo, la mala calidad de las aguas a trasvasar.
Hay un informe elaborado por la OCDE del año 2004, que analiza la evolución medioambiental en España de España entre los años 1996 7 2003, y entre otros aspectos dice que el trasvase del Ebro es insostenible económicamente y dice:
“El coste del trasvase se ha estimado en 0,31 euros m3, se trata de un precio del agua muy superior al de los acuíferos existentes, lo que sugiere el análisis des coste/beneficio no justificaría la obra”.
Plantea que en todo caso se debe revisar y reformar todo el PHN y advierte que la gestión del agua en España es muy poco efectiva y sostenible a medio y largo plazo.
Este informe alerta de la mala calidad de las aguas en muchos ríos, aunque reconoce que su situación mejora, aunque el proceso es muy lento, sin embargo, dice: “España está por delante de la mayoría de los países de la OCDE en cuanto a reutilización de aguas residuales”.
Francisco Cabezas que fue el principal diseñador del trasvase, cree que el déficit hídrico del Levante no se soluciona con la desalación, ni el ahorro, ni con la modernización, ni la reutilización del agua. Solo es posible con el trasvase.
Es partidario de que se detenga la expansión de los regadíos, así como de un incremento moderado del precio del agua, aunque no se deba pagar el precio real de ésta, porque entonces no es viable económicamente y reconoce que sin la subvención que supone la aportación del Estado, éste es inviable. Esto significa que se incumple la normativa del agua de la Unión Europea y que España está obligada a cumplir.
Mayoritariamente, el mundo científico lo rechaza. Cuando el PHN está elaborado, el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, lo remitió a 132 especialistas (hidrólogos, geólogos, ingenieros, economistas, juristas y sociólogos). Contestaron 82 especialistas. El cinco de febrero del año 2001, se reúnen 62 de los 82 especialistas que han contestado el proyecto del PHN. Todos salvo uno, coinciden en su rechazo al PHN propuesto por el Partido Popular.
DESARROLLO DEL PHN DEL PP
Se solicitó al gobierno de Aznar que haga públicos todos estos informes, pues son pagados con fondos públicos. La respuesta es el silencio. Posteriormente, con la llegada al poder en el año 2004 de los socialistas, estos son públicos y se confirma el rechazo mayoritario del mundo científico español.
Más de cien profesores de universidades y científicos del CSIC en un manifiesto denuncian que el trasvase va a ocasionar graves perjuicios ecológicos, económicos y sociales, todos ellos sin ser estudiados. Critican la utilización que se realiza de la ciencia española para tratar de legitimar una decisión arbitraria y carente de base científica.
Sostienen que la declaración de impacto ambiental es inaceptable porque está incompleta manteniendo serias incertidumbres y el procedimiento seguido es metodológica y científicamente inadmisible.
Critican, que se ignore de forma antidemocrática y con total desprecio las alegaciones de los científicos y se desconoce la evolución futura de la calidad de las aguas a trasvasar, así como la influencia del cambio climático, existen abundantes estudios que alertan de sus consecuencias en el valle del Ebro.
El balance económico coste / beneficio es claramente negativo, aunque el gobierno del Partido Popular se empeño en demostrar lo contrario. No tuvieron escrúpulos en falsear datos y valerse de trucos para exagerar la rentabilidad de su PHN. Calcula el gobierno que el m3 de agua trasvasada a Murcia y Almería saldría a 0,6 euros / m3, cuando los costes reales no serían inferiores al euro/m2, mientras que en el mercado de agua en la misma zona vale como mucho 0,33 euros / m3.
El propio gobierno estima que por encima de los 0,36 euros / m3 no habría capacidad de pago desde la agricultura, lo que demuestra la inviabilidad económica del proyecto. Incluso con la desalación de aguas marinas que cuesta 0,5 euros / m3 ofrecerá aguas de mejor calidad y más barata que el agua trasvasada. Si el trasvase se llegará a realizar, el agua sería carísima y no la pagarían los sectores que se beneficiarían de ella si no los contribuyentes a través de los impuestos.
La cuenca más afectada por el PHN era el valle del Ebro, donde la gran proliferación de embalses en la cabecera de sus principales afluentes y la extensión de la superficie de regadío ha mermado el caudal del río en un 50% en los últimos cuarenta años.
El PHN supone la puntilla para su cuenca, ya que los cuarenta nuevos embalses proyectados amenazan gravemente los ecosistemas de cabecera, que son los mejor conservados del Estado e incluso de Europa.
Se plantean el desarrollo de 450.000 ha de regadío y pone en peligro la superficie del Delta. El Delta es el segundo hábitat más importante después de Doñana, pero ante la falta de sedimentos necesarios que son retenidos por los embalses de la cuenca y corre peligro de que el mar le vaya comiendo terreno.
[1] Catedrático de Hidrogeología de la Universidad Complutense de Madrid y antiguo colaborador del Partid Popular, siendo considerado una autoridad mundial en la planificación hidrológica.
