domingo. 14.07.2024
ÓRGANOS COLEGIADOS

¿Normativas burocráticas (autoritarias) o arbitraje que dirima los conflictos?

¿Acaso deben prevalecer sin más los argumentos de autoridad ceñidos a normativas burocráticas o se requiere un arbitraje que dirima los conflictos entre distintos órganos colegiados?
CSIC

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Al parecer está en curso la elaboración de un código ético integral para cada organismo público. A mi juicio debería contemplar un arbitraje sobre los argumentos de autoridad meramente administrativos que se superponen sin más a solventes balances académicos. Es una tarea compleja, pero que merece absolutamente la pena y confío en el buen sentido de sus artífices. Su ausencia genera una incertidumbre que incrementa la desconfianza suscitada por poner en tela de juicio actuaciones responsables que son calificadas como negligentes, de modo tan gratuito como arbitrario. 

Afortunadamente, los protocolos de acoso sexual están bien definidos y la tolerancia cero va dando sus frutos, gracias a las comisiones de igualdad que velan por combatir cualquier conato y animan a denunciarlos para que se vean atajados de raíz. Este tipo de abuso es tanto más condenable cuando las relaciones no son horizontales y media una intimidatoria superioridad jerárquica que agrava la situación por su alevosía. Con todo, se requiere una incesante labor pedagógica para evitar que las mujeres más jóvenes interioricen como normales unas conductas propias de la dominación patriarcal. Muchas veces la víctima se siente incomprendida e incluso culpable de las vejaciones padecidas, volviendo contra sí la sanción que merecen los victimarios. La serie “Ni una más” nos hacer ver este fenómeno de asumir lo que no es admisible bajo ningún concepto. Las Comisiones de Mujer y Ciencia realizan una encomiable labor en este sentido.

En toda relación vertical hay que velar por el eslabón más débil de la cadena, máxime cuando la precariedad laboral puede propiciar prácticas deplorables

Pero hay otros acosos laborales que pasan más desapercibidos. No faltan quienes entienden que tener personal subalterno bajo su mando les habilita para encomendarles tareas impropias en beneficio propio, que roba tiempo a las auténticas obligaciones contraídas por suscribir un contrato de formación, destinado a hacer una tesis doctoral o proseguir la trayectoria iniciada. Obviamente, suele darse un consentimiento tácito del posible abuso, no tanto para ganarse un hipotético trato de favor, cuanto para no verse relegado en un momento dado. Debería darse alguna supervisión de tales prácticas abusivas que muchas veces clonan el trato recibido antaño por quienes las ejercitan incluso sin advertirlo, al considerar que forma parte de las reglas de juego. En toda relación vertical hay que velar por el eslabón más débil de la cadena, máxime cuando la precariedad en una vinculación laboral inestable puede propiciar prácticas deplorables.

De igual modo, sería interesante contar con arbitrajes que diriman los conflictos entre distintos órganos colegiados con distinta jerarquía, que suele ser inversamente proporcional a su grado de conocimiento del asunto en disputa. No es de recibo que se impongan decisiones nada fundamentadas y basadas tan solo en el (seudo) argumento de autoridad, sobre todo cuando se contraponen datos meramente administrativos a solventes balances académico-científicos. Resulta inapropiado hacer valer una normativa que desaconseja la permanencia en los equipos editoriales de una revista, sin atender los criterios reiterados por su equipo editorial. Sería lógico forzar con urgencia un relevo, si la revista en cuestión hubiese dejado de funcionar o se apreciaran conductas inapropiadas. Pero aseverar que se halla en peligro aduciendo una tabla Excel con dobles entradas resulta sencillamente bochornoso y siempre cabe recabar el testimonio de las personas ajenas al organismo que presencian un proceder tan lamentable.

Las revistas académicas, como cualquier otro proyecto de largo aliento, requieren una constancia y entrega suscitadas por cierto sentido vocacional e institucional

Las revistas académicas, como cualquier otro proyecto de largo aliento, requieren una constancia y entrega suscitadas por cierto sentido vocacional e institucional. Cualquiera que conozca medianamente revistas científicas con cierta solera y reconocimiento en su ámbito, no dejará de asociarlas con algunos nombres que se han identificado con esa labor. Por distintos azares, quien suscribe ha dedicado más de tres décadas a la revista Isegoría fundada por Javier Muguerza. En un principio el Servicio de Publicaciones del CSIC -luego llamado Departamento- daba todas las facilidades a quienes la editaban académicamente, respetando el principio de autonomía que corresponde a las decisiones colegiadas del equipo editor. Sin embargo, quien dirige actualmente la Editorial CSIC, ha decidido ejercer una tutela paternalista preocupada más bien por los presuntos marchamos de calidad que granjea cumplir escrupulosamente unas normativas manifiestamente mejorables. Algo que por otra parte podría hacer con mayor eficacia un simple algoritmo programado para ello, dado que no se precisa de discernimiento alguno para poner en práctica ese robótico automatismo.

El Consejo de Redacción propuso una candidatura con experiencia, dado que no se identificaban candidaturas alternativas cuando menos a medio plazo. Así las cosas, durante todo un año Isegoría publicó sus dos números del periodo, pasó al sistema OJS3 y convocó seis temas monográficos. Puede que otras revistas de CSIC tengan mejor palmarés y eso justificaría la urgencia de un cambio. Pero no se alegó nada parecido, limitándose a constatar que se habían repetido muchos mandatos, reconociendo por añadidura esa dedicación, al tiempo que se la desestimaba y amortizaba con una mención honorífica. Podría haberse aplicado, arbitrariamente, un doble rasero sobre las excepcionalidades contempladas por la norma e incluso se ha llegado a revocar mi nombramiento como miembro del Consejo de Redacción en pleno cuatrienio aduciendo consulta jurídicas que por tanto se aplicarían retroactivamente. Todo ello genera una gran indefensión moral, porque no se debería primar lo meramente administrativo sobre los criterios y el quehacer académico-científico.  Lo contrario da lugar a situaciones donde se dan la mano las reflexiones de Kafka sobre la burocracia y Camus en torno al absurdo, tan bien descrita la por mi compañera del Instituto de Filosofía Remedios Zafra en su libro titulado “El informe: Trabajo intelectual y tristeza democrática”.

La tendencia es apostar por evaluaciones donde lo cualitativo se alíe con las métricas responsables. Algunos datos pueden servir para orientar una evaluación del trabajo realizado, pero no puede suplantar la discrecionalidad técnica de las comisiones designadas a tal efecto, aunque por supuesto quepa recurrir sus dictámenes. El sistema del predominio de los impactos implantado hace tiempo, ha determinado las trayectorias profesionales, haciéndolas pivotar sobre los baremos que luego alimentaban unas u otras aplicaciones para seguir concatenando unos contratos con otros en busca de una estabilidad laboral permanentemente diferida. Será interesante analizar las ventajas e inconvenientes que conllevó en ese lapso ese modo de ver las cosas. Había que coleccionar a toda costa un conjunto de artículos en medios catalogados como Q1, lo cual suponía un agravio comparativo espectacular entre distintas disciplinas incluso dentro del mismo campo. También se destinó dinero público a financiar esas publicaciones, en lugar de haberlo destinado a las editoriales institucionales de universidades y centros de investigación.

La transparencia requiere una impecable rendición de cuentas en el foro público, como exigen los principios de certidumbre y confianza que definen la ética institucional

Mucho me temo que algunas editoriales públicas estén padeciendo algún síndrome similar al de “pública o perece”. Aquí se trata de cumplir a rajatabla unas determinadas normativas, aunque pueda perjudicar o cuando menos enrarecer la buena marcha de alguna revista, creando problemas donde no los había. En lo que atañe a la Editorial CSIC, he planteado a su actual directora mantener un debate público al respecto, pero no parece considerarlo de interés. En cualquier caso, resulta ofensivo sostener que Isegoría estuviera en peligro por no cumplir con una normativa, cuya misión es adaptarse a las circunstancias y no moldearlas como sucedió con los currículos de diseño. Puede que mi apreciación sea totalmente parcial e injusta, y casi lo preferiría, porque lo contrario requeriría un sosegado estudio del tema, no para revertir el proceso ya consumado, sino como contraejemplo de actuaciones que no se deberían reproducir en el futuro con casos análogos. La transparencia requiere una impecable rendición de cuentas en el foro público, como exigen los principios de certidumbre y confianza que definen la ética institucional.    

¿Normativas burocráticas (autoritarias) o arbitraje que dirima los conflictos?