nuevatribuna.es
20 de marzo de 2010, 5:35
NUEVATRIBUNA.ES - 19.3.2010
Las medidas contra la piratería en Internet, incluidas dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible, han sido aprobadas sin modificaciones sustanciales con respecto al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de enero. El texto de la disposición no se conocerá, sin embargo, hasta que sea remitido al Congreso.
El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia Nacional. Según la que también se conoce como Ley de la patada en el router, será la Audiencia Nacional la que dará cobertura legal al cierre de una página web. Pero realmente será la comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, quien se encargará de investigar y de determinar si se producen actos lesivos. Uno de los asuntos pendientes que todavía no se ha hecho público es la composición de dicha comisión.
La normativa prevé que el juez actúe, mediante un proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web.
Tras la indignación que convirtió a la red en un hervidero nada más conocerse las intenciones del Gobierno, el texto ha recibido la luz verde a pesar de que los informes de diversas instituciones consultivas coinciden en ponerle muy serios reparos.
Para el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno no ha tenido en cuenta la "importante carga de trabajo" adicional que supondría para los juzgados afectados atajar las descargas ilegales en la Red. La Fiscalía General del Estado califica de "dudoso" que la protección intelectual deba ponerse a la misma altura que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Critica, asimismo, que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual al mismo nivel que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.
El dictamen elaborado el Consejo de Estado sobre la Ley de Economía Sostenible (LES) critica el canon por copia privada y, además, pide fomentar una oferta de descargas legales y reclama mayor transparencia a las entidades de gestión. El Consejo reconoce la dificultad de congeniar Internet y los derechos de autor y propone una serie de acciones para mejorar esa relación. Por un lado, opina que tendrían un impacto positivo "medidas encaminadas al fomento de las descargas lícitas de contenidos protegidos". En cuanto a las entidades de gestión, el dictamen dice que deberían establecerse medidas para aumentar su transparencia.
La posibilidad de que un órgano administrativo pudiera cerrar una página provocó una amplia protesta en Internet en diciembre que sólo se apagó cuando el presidente del Gobierno intervino para asegurar que los cierres se harían con autorización judicial. Sobre este punto, el dictamen insiste en que la autorización del juez debería ser obligada en todos los casos, y no a discreción de la comisión y lamenta que haya una gran ambigüedad cuando el anteproyecto del Gobierno define contra quién podrá actuar la comisión. Resumiendo, pide que la ley concrete con más detalle el procedimiento que seguirá la comisión.
Todos estos informes se suman al del Consejo Económico y Social, también negativo respecto al Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que en su día les adelantó nuevatribuna.es.
La última en sumarse a las críticas ha sido la Fundación Fedea, la de los 100 que firmaron el polémico Manifiesto sobre la reforma laboral, que opina que las limitaciones en el uso de la red no sólo no tienen ninguna justificación económica, sino que perjudicarán a uno de los objetivos prioritarios de la ley de economía sostenible: generalizar el manejo a internet. ABC ha tenido acceso al informe que han elaborado los economistas Michel Boldrín y Pablo Vázquez, que argumentan que España ocupa un uso muy discreto en cuanto al uso de internet: 11 millones de usuarios, un índice de penetración de internet del 56% y el puesto número quince en cuanto a uso de esta tecnología, por detrás de Italia y Austria. En este entorno la amenaza de perder la conexión a internet por bajarte película o música en un país en el que el 65% de los usuarios accede a internet por tema relacionados con el ocio, "no es la mejor manera de fomentar el uso de esta herramienta esencial" en el nuevo modelo productivo que se pretende introducir.
Una advertencia que también han formulado algunos blogueros e internautas que se oponen a la ley Sinde: ¿Para qué contratar una línea ADSL de alta velocidad, si no la vas a poder utilizar para descargar lo que te dé la gana?, se preguntan algunos.
Y las bitácoras más importantes han vuelto a publicar el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet.
Las medidas contra la piratería en Internet, incluidas dentro del proyecto de Ley de Economía Sostenible, han sido aprobadas sin modificaciones sustanciales con respecto al acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de enero. El texto de la disposición no se conocerá, sin embargo, hasta que sea remitido al Congreso.
El anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno prevé un sistema mixto para decidir sobre el cierre de webs en el que intervendrán una comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia Nacional. Según la que también se conoce como Ley de la patada en el router, será la Audiencia Nacional la que dará cobertura legal al cierre de una página web. Pero realmente será la comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, quien se encargará de investigar y de determinar si se producen actos lesivos. Uno de los asuntos pendientes que todavía no se ha hecho público es la composición de dicha comisión.
La normativa prevé que el juez actúe, mediante un proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web.
Tras la indignación que convirtió a la red en un hervidero nada más conocerse las intenciones del Gobierno, el texto ha recibido la luz verde a pesar de que los informes de diversas instituciones consultivas coinciden en ponerle muy serios reparos.
Para el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno no ha tenido en cuenta la "importante carga de trabajo" adicional que supondría para los juzgados afectados atajar las descargas ilegales en la Red. La Fiscalía General del Estado califica de "dudoso" que la protección intelectual deba ponerse a la misma altura que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información. Critica, asimismo, que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual al mismo nivel que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.
El dictamen elaborado el Consejo de Estado sobre la Ley de Economía Sostenible (LES) critica el canon por copia privada y, además, pide fomentar una oferta de descargas legales y reclama mayor transparencia a las entidades de gestión. El Consejo reconoce la dificultad de congeniar Internet y los derechos de autor y propone una serie de acciones para mejorar esa relación. Por un lado, opina que tendrían un impacto positivo "medidas encaminadas al fomento de las descargas lícitas de contenidos protegidos". En cuanto a las entidades de gestión, el dictamen dice que deberían establecerse medidas para aumentar su transparencia.
La posibilidad de que un órgano administrativo pudiera cerrar una página provocó una amplia protesta en Internet en diciembre que sólo se apagó cuando el presidente del Gobierno intervino para asegurar que los cierres se harían con autorización judicial. Sobre este punto, el dictamen insiste en que la autorización del juez debería ser obligada en todos los casos, y no a discreción de la comisión y lamenta que haya una gran ambigüedad cuando el anteproyecto del Gobierno define contra quién podrá actuar la comisión. Resumiendo, pide que la ley concrete con más detalle el procedimiento que seguirá la comisión.
Todos estos informes se suman al del Consejo Económico y Social, también negativo respecto al Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que en su día les adelantó nuevatribuna.es.
La última en sumarse a las críticas ha sido la Fundación Fedea, la de los 100 que firmaron el polémico Manifiesto sobre la reforma laboral, que opina que las limitaciones en el uso de la red no sólo no tienen ninguna justificación económica, sino que perjudicarán a uno de los objetivos prioritarios de la ley de economía sostenible: generalizar el manejo a internet. ABC ha tenido acceso al informe que han elaborado los economistas Michel Boldrín y Pablo Vázquez, que argumentan que España ocupa un uso muy discreto en cuanto al uso de internet: 11 millones de usuarios, un índice de penetración de internet del 56% y el puesto número quince en cuanto a uso de esta tecnología, por detrás de Italia y Austria. En este entorno la amenaza de perder la conexión a internet por bajarte película o música en un país en el que el 65% de los usuarios accede a internet por tema relacionados con el ocio, "no es la mejor manera de fomentar el uso de esta herramienta esencial" en el nuevo modelo productivo que se pretende introducir.
Una advertencia que también han formulado algunos blogueros e internautas que se oponen a la ley Sinde: ¿Para qué contratar una línea ADSL de alta velocidad, si no la vas a poder utilizar para descargar lo que te dé la gana?, se preguntan algunos.
Y las bitácoras más importantes han vuelto a publicar el Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales de Internet.
