nuevatribuna.es
19 de enero de 2010, 2:56
NUEVATRIBUNA.ES - 4.1.2010
Según El País, un mes será el tiempo que tarde el Gobierno en cerrar una página web que contenga descargas de archivos sujetos a derechos de autor. La novedad es que tendrá que mediar una orden judicial para que el Ejecutivio proceda a la retirada del material o al bloqueo de la página por contener "material ilícito" como películas, canciones o videojuegos y facilitar su descarga. Lo que persiste de la idea inicial que provocó la revuelta en la Red, es que el organismo encargado de la solicitud del cese de las páginas será la Comisión de Propiedad Intelectual, que tendrá potestad para pedir la autorización judicial.
Este sería el documento con el que está trabajando el Gobierno y que pretende estar cerrado cuanto antes para incluirlo en la Ley de Economía Sostenible que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes. Se trata, en definitiva, de articular un proceso rápido, similar a las medidas cautelares que los ayuntamientos pueden pedir para paralizar una obra.
Pero, por ahora, no parece que la inclusión del requisito de la orden judicial haya tranquilizado a los internautas. No hay ningún cambio. Ni uno. Solo puro maquillaje político, escribe en su blog Enrique Dans, uno de los que más activamente se ha opuesto a las intenciones del ministerio de Cultura. Y argumenta que el maquillaje tiene grumos: el artefacto que el gobierno pretende emplear para el cierre de páginas web (sí, ese que el presidente mintió diciendo que no tendría lugar) es jurídicamente insostenible, pues insiste en seguir intentando conseguir por la vía administrativa lo que los jueces no están concediendo por la vía judicial: el cierre lo sigue decidiendo esa “Comisión” dependiente del ministerio de cultura, sigue siendo un cierre administrativo, pero recurre al juez para que convalide determinados aspectos de ese cierre.
En este punto, se hace eco de las razones que aporta Daniel Maeztu para seguir oponiéndose al procedimiento que se pretende introducir en la Ley: En el procedimiento de medidas cautelares el juez se limita a analizar, simplemente, la apariencia de buen derecho de quien insta la medida así como el riesgo de que en el caso de una sentencia favorable a quien la solicita esta no pueda ejecutarse por el paso del tiempo, pero no se efectúa un juicio final sobre el fondo del asunto; juicio que se realiza a continuación y en el que se discuten las cuestiones jurídicas relevantes y que puede alcanzar cualquier resultado. (...) Es decir la decisión sobre si un servicio de la Sociedad de la Información vulnera la Ley de Propiedad Intelectual recaerá sobre la Comisión de Propiedad Intelectual, quien simplemente someterá la decisión a un análisis de cuestiones constitucionales al juez, pero no en el aspecto jurídico último, esto es, si por la mera presencia de enlaces, por ejemplo, se vulnera la ley. Esa decisión queda reservada para la administración. Es vital no caer en la trampa dialéctica de la intervención previa del juez porque, de acuerdo a lo publicado, este no es quién decide el cierre, sino que el cierre lo decide el ente administrativo y el juez convalida determinados aspectos de la medida, pero sigue siendo un cierre administrativo.
En síntesis, el debate sigue abierto. Blogueros, expertos en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadores-productores y organizaciones de usuarios analizan esta última propuesta del Gobierno y buscan una postura unitaria. Se tratará de buscar consenso a partir de tres documentos que han surgido como respuesta al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Los tres documentos son los siguientes: el "Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet" (que cuenta con más de 200.000 seguidores), la "Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento" y la reflexión "En defensa de una red libre".
Según El País, un mes será el tiempo que tarde el Gobierno en cerrar una página web que contenga descargas de archivos sujetos a derechos de autor. La novedad es que tendrá que mediar una orden judicial para que el Ejecutivio proceda a la retirada del material o al bloqueo de la página por contener "material ilícito" como películas, canciones o videojuegos y facilitar su descarga. Lo que persiste de la idea inicial que provocó la revuelta en la Red, es que el organismo encargado de la solicitud del cese de las páginas será la Comisión de Propiedad Intelectual, que tendrá potestad para pedir la autorización judicial.
Este sería el documento con el que está trabajando el Gobierno y que pretende estar cerrado cuanto antes para incluirlo en la Ley de Economía Sostenible que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes. Se trata, en definitiva, de articular un proceso rápido, similar a las medidas cautelares que los ayuntamientos pueden pedir para paralizar una obra.
Pero, por ahora, no parece que la inclusión del requisito de la orden judicial haya tranquilizado a los internautas. No hay ningún cambio. Ni uno. Solo puro maquillaje político, escribe en su blog Enrique Dans, uno de los que más activamente se ha opuesto a las intenciones del ministerio de Cultura. Y argumenta que el maquillaje tiene grumos: el artefacto que el gobierno pretende emplear para el cierre de páginas web (sí, ese que el presidente mintió diciendo que no tendría lugar) es jurídicamente insostenible, pues insiste en seguir intentando conseguir por la vía administrativa lo que los jueces no están concediendo por la vía judicial: el cierre lo sigue decidiendo esa “Comisión” dependiente del ministerio de cultura, sigue siendo un cierre administrativo, pero recurre al juez para que convalide determinados aspectos de ese cierre.
En este punto, se hace eco de las razones que aporta Daniel Maeztu para seguir oponiéndose al procedimiento que se pretende introducir en la Ley: En el procedimiento de medidas cautelares el juez se limita a analizar, simplemente, la apariencia de buen derecho de quien insta la medida así como el riesgo de que en el caso de una sentencia favorable a quien la solicita esta no pueda ejecutarse por el paso del tiempo, pero no se efectúa un juicio final sobre el fondo del asunto; juicio que se realiza a continuación y en el que se discuten las cuestiones jurídicas relevantes y que puede alcanzar cualquier resultado. (...) Es decir la decisión sobre si un servicio de la Sociedad de la Información vulnera la Ley de Propiedad Intelectual recaerá sobre la Comisión de Propiedad Intelectual, quien simplemente someterá la decisión a un análisis de cuestiones constitucionales al juez, pero no en el aspecto jurídico último, esto es, si por la mera presencia de enlaces, por ejemplo, se vulnera la ley. Esa decisión queda reservada para la administración. Es vital no caer en la trampa dialéctica de la intervención previa del juez porque, de acuerdo a lo publicado, este no es quién decide el cierre, sino que el cierre lo decide el ente administrativo y el juez convalida determinados aspectos de la medida, pero sigue siendo un cierre administrativo.
En síntesis, el debate sigue abierto. Blogueros, expertos en tecnologías de la comunicación digital, juristas especialistas en derechos digitales y de autor, colectivos de creadores-productores y organizaciones de usuarios analizan esta última propuesta del Gobierno y buscan una postura unitaria. Se tratará de buscar consenso a partir de tres documentos que han surgido como respuesta al anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Los tres documentos son los siguientes: el "Manifiesto en Defensa de los Derechos Fundamentales en Internet" (que cuenta con más de 200.000 seguidores), la "Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento" y la reflexión "En defensa de una red libre".
