“La corrupción es más generalizada en los regímenes absolutos y en las dictaduras que en las democracias”.
Francisco Comín
“Las sociedades integradas, cohesivas, socialmente equilibradas son las sociedades menos corruptas del mundo”.
Manuel Villoria
La corrupción de los políticos (profesionales), de los gestores públicos, lleva mucho tiempo siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles, cada vez más informados y además molestos porque la política pública de austeridad ante la crisis haya coincidido con el incremento de la publicidad de los casos de corrupción. También actúa afectando de manera muy perjudicial a la credibilidad democrática (generando apatía política) y, por tanto, a la calidad de la convivencia social, así como provocando la creencia de que su habitual existencia legitima actuaciones ilícitas.
Siendo así, no sabemos mucho de ella en tanto que no es habitual conocer cuáles son sus causas, debido a la estrechez de miras de quienes suelen pretender estudiarla y a que los acercamientos meramente periodísticos que tenemos a ese desagradable fenómeno carecen casi siempre de la “visión de amplia duración” que los historiadores sabemos aportar a la realidad. A completar este escenario —donde no obstante desde hace décadas se vienen dando algunas aportaciones historiográficas significativas pero ceñidas al mero e insuficiente ámbito académico— viene un libro editado este año 2018 por Marcial Pons, dirigido por distintos catedráticos y profesores de la Universitat Autònoma de Barcelona (Borja de Riquer, Joan Lluís Pérez Francesch, Gemma Rubí, Lluís Ferran Toledano y Oriol Luján): La corrupción política en la España contemporánea. Un enfoque interdisciplinar.
La corrupción política… recoge las ponencias, mesas redondas y comunicaciones presentadas ante el I Congreso Internacional de Historia de la Corrupción Política en la España Contemporánea, celebrado en la ciudad de Barcelona el 14 y el 15 de diciembre de 2017. Dicho congreso, y por ende este libro, rastreó en la medida en que “las elites económicas, en connivencia con las políticas, secuestraron el interés general” para acabar apropiándose en beneficio propio de los recursos estatales.
La corrupción política en el siglo XIX
En su fundamentalísimo artículo ‘Más allá del escándalo. La historia de la corrupción’, De Riquer, Rubí y Toledano hacen un interesante recorrido por la contemporaneidad española, que abren así:
“En el tránsito hacia la sociedad liberal coexistieron diversas fracturas: la política, que enfrentaba despotismo y libertad; la social, que dividía propietarios de excluidos; y la moral, que separaba la honradez o no de los políticos”.
Respecto del liberalismo español decimonónico, podemos leer en dicho artículo:
“Lo que fue distintivo del liberalismo español, en su versión conservadora, es que intentó que los gobernantes se pudieran mover en el terreno de la impunidad y, en el fondo, de la inviolabilidad y la sacralidad, frente a las conflictivas prácticas asamblearias gaditanas, primero, y las amenazas locales del liberalismo progresista y radical, después. […] Progresistas, demócratas y republicanos hicieron de la revolución moral a lo largo del siglo XIX una pieza programática indispensable. […] No obstante, sectores del progresismo tampoco fueron ajenos a la corrupción, pese a presentarse como paladines de su denuncia. […]
Lo propio de la administración española era el despotismo y la irresponsabilidad. […] La corrupción no fue un asunto de conductas individuales desviadas, subsanables con el desarrollo de la modernización, ni una casuística más o menos llamativa, sino un dispositivo del arte de gobernar, comprensible a través de las prácticas de la gobernabilidad […]. La rigidez o flexibilidad en el reparto y rapiña de la riqueza pública actuó como motor de cambio político y de mecanismo de recomposición de las oposiciones, tal y como sucedió en 1854 y 1868: ambos fueron momentos de ruptura enmascarados como revoluciones morales […].
Lo propio de la corrupción en la España decimonónica fue la sensación de la impunidad de que gozaba el poder […]. La corrupción pudo desarrollarse y arraigar en la España liberal gracias a la inexistencia de una auténtica división de poderes”.
La corrupción política fue una de las causas principales de desprestigio de la Monarquía, tanto de Isabel II como de su madre la regente o como lo será, ya en el siglo XX, de su nieto Alfonso XIII. Al enriquecimiento personal anómalo de Isabel II y de su madre María Cristina de Borbón dedica un breve artículo la gran especialista Isabel Burdiel, como la también catedrática María Ángeles Casado hace lo propio con María Cristina de Borbón y Víctor Manuel Núñez junto a María Luisa Calero estudian la problemática Corte isabelina. Así mismo, es recomendable el estudio que llevan a cabo sobre la figura de Alfonso XIII, en sendos artículos, el catedrático Javier Moreno Luzón y el profesor Pablo Díaz Morlán.
Y es muy esclarecedor el artículo de Moisés Torres García sobre política y negocios en la segunda mitad del siglo XIX, donde podemos leer:
“Parece claro que los grandes negocios en torno al Estado se realizaron desobedeciendo a las leyes del libre mercado, a los contratistas más eficientes, o a los más capacitados. […]
Los sobornos y las relaciones clientelares entre las grandes compañías de negocios y las elites políticas de diferentes estados-nación eran usados de forma sistemática a la hora de hacer negocios. La visión idílica del libre mercado, donde los contratos se adjudicaban a las empresas más competitivas, no deja de ser en la práctica, como han demostrado los estudios más recientes, un mito de la ideología liberal. La historia ha demostrado que, en realidad, los grandes negocios tanto en España, como en Inglaterra o Francia durante el siglo XIX se conseguían en los despachos.”
Por otra parte, muy significativa, qué duda cabe, el caciquismo, que proseguirá campando a sus anchas en el XX, actuó como la magnífica demostración de un andamiaje estatal que pervertía la naturaleza liberal del sistema y ahogaba lo poco que pudiera tener de democrático y justo.
La corrupción política en el siglo XX
De Riquer, Rubí y Toledano resumen asimismo todo este asunto en lo que al siglo anterior se refiere:
“Durante el siglo XX [cuando se pasó de un 10% de presupuestos públicos respecto del PIB en 1900 a un 40% ya en el siglo XXI, con un 15% de empleados públicos del total de la población activa] se produjo una notable ampliación en el campo de la corrupción, sobre todo durante las dictaduras.”
En las etapas de libertades, el conocimiento de los casos de corrupción es debido a la actividad denunciadora de la prensa (o de los políticos de signo distinto de los corruptos, cuyo máximo exponente fuera, entre 1868 y 1916, Gumersindo de Azcárate, a quien el profesor Francisco M. Balado le dedica otro de los magníficos artículos que componen el libro comentado), más que a la actividad investigadora de la fiscalía, lo que conlleva el incremento de la preocupación ciudadana ante las prácticas corruptas.
La gestión pública de la dictadura de Primo Rivera (de otro lado, estudiados sus inicios pormenorizadamente por el historiador irlandés Richard Gow) actuó ante “una impunidad total” y su actuación gubernamental “estuvo llena de arbitrariedades administrativas, irregularidades judiciales y tratos privilegiados escandalosos”.
Durante la Segunda República se hizo evidente “la existencia de una mayor voluntad política de crear una administración más eficaz e intervencionista”. Se redujo la corrupción electoral y se persiguieron los casos de corrupción política, como fue notorio en el llamado estraperlo que supuso, entre otros asuntos turbios, el descrédito absoluto del Partido Radical ante el electorado.
Bajo el franquismo se institucionalizó la corrupción política, y el Estado fue capturado por los grandes grupos económicos, que se lo repartieron como un auténtico botín de guerra (tal y como explico en mi libro El franquismo). La palabra impunidad cobró su máximo desarrollo y el propio dictador Francisco Franco fue un político corrupto que además se enriqueció por medio de todo tipo de prácticas ilícitas. Como el franquismo “nunca la condenó moralmente”, la corrupción y sus muchas prácticas ilegales acabaron por “ser toleradas en sociedad” cuando no tenidas por demostraciones de éxito y savoir faire empresarial. (Por su parte, la profesora Montserrat Llonch establece en su artículo sobre la corrupción durante la dictadura franquista dos etapas, una que iría hasta 1951 y que de tan generalizada y cotidiana como es no se molesta en ocultarse, ni puede, y otra a partir de dicho año que aprende a disimularse y se especializa,)
Durante la Transición “no hubo voluntad política para intentar erradicar la corrupción política proveniente del franquismo”. Para los autores, ese “perdón y olvido” están en el meollo de la explicación del por qué “en la sociedad española ha arraigado tanto una cultura política indulgente y comprensiva con la corrupción”.
La corrupción política en la actualidad
La corrupción política se ha ido adaptando a los nuevos tiempos españoles, a la nueva legalidad, ya con la democracia definitivamente asentada. Su alto grado se debe a dos factores, según De Riquer, Rubí y Toledano: por un lado, “a una administración a veces propicia a los trapicheos” (sic) y, por otro, a determinadas “herencias sociales del pasado, como la existencia de sectores del empresariado demasiado acostumbrado a comprar favores” que se beneficia de la existencia del elevado gasto público propio de la financiación del Estado del bienestar. El llamado umbral de tolerancia social, en cualquier caso, parece estar aún muy alto en España, pese a que su censura moral, como dije al principio, es la principal causa de la creciente desafección hacia el sistema democrático y la credibilidad de los partidos políticos.
De Riquer, Rubí y Toledano cierran su epígrafe con una larguísima y conveniente batería de preguntas sobre las que ellos consideran debería trabajar la Historia para determinar el grado de intervención de la corrupción política en la realidad española de los dos últimos siglos.
La captura del Estado
En su artículo ‘Presupuesto y corrupción de la España contemporánea (1808-2017): lecciones de Historia’, el catedrático Francisco Comín llega a la conclusión de que lo que se ha producido en la España contemporánea es la captura del Estado por parte de los más poderosos grupos económicos: “los grandes contribuyentes, los suministradores y empleados del Estado (sic) y los tenedores de deuda pública”.
Comín incluye asimismo una utilísima definición de corrupción pública (entiendo que es la corrección política en que se basa esta obra completa desde su propio título, expresiones sobre las que finalmente diré algo): es “todo abuso de poder realizado por cargos públicos para obtener un beneficio privado, perjudicando el interés general, con independencia de que dichos actos corruptos sean legales o constituyan delitos”. (Hay más definiciones —muchas más, pues casi todos los autores tratan de comenzar por aclarar de qué hablan cuando hablan de corrupción—, como por ejemplo, la de otro catedrático, autor asimismo de un artículo de este libro, Carles Sudriá, quien ofrece una descripción definitoria bastante similar y también muy empleada por los expertos en este asunto. Por su parte, Xavier Forcadell es quien, en su texto, más se extiende en la explicación y concreción del concepto de corrupción.)
Comín explica las causas de que la corrupción campe a sus anchas por la realidad española:
“Los regímenes políticos nuevos no pueden hacer tabla rasa del pasado, la herencia histórica es un determinante decisivo de la corrupción […]. Como ocurrió en otros campos, el legado de prácticas y mentalidades corruptas que el franquismo dejó a la democracia no era ni renunciable ni a beneficio de inventario; al contrario, fue un factor fundamental para explicar la corrupción actual, dada la ausencia de depuración de funcionarios y políticos en la Transición”.
Corrupción pública y corrupción política
Por último. El libro se titula La corrupción política en la España contemporánea…, y destina sus 38 artículos a hablar fundamentalmente de la corrupción en la que intervienen quienes han sido elegidos por la ciudadanía o han resultado designados por quienes ejercen el poder o por los partidos políticos (esto es, la corrupción política), distinguiéndola de la corrupción pública, es decir, aquella llevada a cabo por funcionarios públicos, a la que también atiende en la medida de lo posible en algunos de sus textos.
Borja de Riquer, Joan Lluís Pérez Francesch, Gemma Rubí, Lluís Ferran Toledano y Oriol Luján (directores). La corrupción política en la España contemporánea. Un enfoque interdisciplinar. Marcial Pons, 2018.
